Quedan algo más de veinte días para que Brasil y Bolivia pongan negro sobre blanco las conclusiones de una negociación gasífera que tendrá sin duda importantes consecuencias para el país. La incertidumbre se abrió a partir de la apertura formal de las negociaciones, que estableció una suerte de prórroga en unas condiciones que sin embargo se habían mantenido ocultas.

A mediados de 2019, tanto el entonces ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez como el presidente de YPFB, Óscar Barriga, salieron a los medios para asegurar que el contrato de gas con Brasil se extendería puesto que quedaban algo más de 1,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) por entregar. A insistencia de este medio en particular, tanto Sánchez como Barriga aseguraron que ese gas que faltaba por entregar no estaba pagado, y que por lo tanto, se seguiría cobrando normalmente.

A finales de 2019, luego de todo lo sucedido en el país, el también tarijeño y sucesor de Sánchez en el Ministerio, Víctor Hugo Zamora, aseguró justamente lo contrario. Que el gas pendiente de entrega no estaba pagado, pero que en virtud de la negociación, Brasil seguiría pagando al menos por 19,25 millones de metros cúbicos de gas diarios, y en el caso de que nominase por encima de ese límite, iría a amortizar el volumen pendiente.

El contrato con Brasil tuvo desde siempre un límite máximo de nominación de 30,5 millones de metros cúbicos de gas y un mínimo de 24 millones de metros cúbicos que se pagaban hubiera o no hubiera nominado lo suficiente. Es cierto que solo en los tiempos de máxima “afinidad” afinidad política entre gobiernos se solicitaron los máximos, mientras que en otros momentos se ajustaron a mínimos. En 2019, por ejemplo, Brasil apenas nominaba la mitad de la exigencia.

Tarija honró por años el contrato con Brasil desde el agotado campo San Alberto y sobre el cual se liquidaron las regalías

La diferencia entre lo que señalaba el exministro Luis Alberto Sánchez y lo que señala el actual ministro Víctor Hugo Zamora es más que relevante. El mismo Sánchez calculó en su momento que el pozo Jaguar X6, sobre el que se presumía un potencial de 1,8 TCF, generaría una renta petrolera de 2.000 millones de dólares al país.

El hecho de que se haya pagado por gas no entregado abre nuevas interrogantes, como saber qué habrá pasado con las regalías de los departamentos productores, y en particular de Tarija, que durante años honró el contrato de Brasil desde San Antonio y San Alberto, pero   que en la actualidad apenas alcanza. ¿Habrá guardado YPFB esos recursos para entregarlos cuando efectivamente se envíe ese volumen? ¿A qué precio se cancelará? ¿Cómo se cuadrarán esos ingresos si en el futuro, por ejemplo, el gas sale de Incahuasi – Santa Cruz – y ya no de los pozos tarijeños?

En ese sentido, el ministro Zamora debe hacer un esfuerzo por explicar qué es lo que efectivamente ha pasado y si procede, emprender las acciones legales pertinentes para esclarecer el manejo de los recursos. Es tiempo de transparentar.