Vizcarra descarta represión para imponer inversiones

El presidente peruano, Martín Vizcarra, descartó tácitamente ayer presiones para que reprima una larga protesta social contra un proyecto minero, y señaló que su administración practica el diálogo y el entendimiento.

El mandatario se pronunció horas después de recibir duros ataques de legisladores de la mayoría neoliberal que lo acusan, entre otras cosas, de falta de decisión para proteger la inversión del proyecto Tía María, rechazado por pobladores de su entorno.

‘Somos un gobierno que impulsa la ejecución de proyectos con responsabilidad social y con respeto al medio ambiente, no por la fuerza como pretenden algunos’, dijo en obvia alusión al caso del citado proyecto minero, de la transnacional Southern.

Vizcarra fue objeto de ataques neoliberales por dejar abierta en un diálogo con dirigentes de la protesta, la posibilidad de retirar la licencia de construcción de Tía María otorgada a la empresa.

El gobernante recordó que los gobiernos de Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16) intentaron imponer el proyecto, lo que generó protestas reprimidas con un saldo de seis muertos.

‘Apostamos al dialogo y el entendimiento como forma de resolver las justas demandas de la población e impulsar el crecimiento’, dijo al señalar que cree en la inversión privada pero también en el rol que del Estado de exigir el cumplimiento empresarial de obligaciones y compromisos con las comunidades.

Miles de pobladores que escuchaban al mandatario lo exhortaron a cerrar el parlamento de mayoría neoliberal, cuando en su discurso planteó la necesidad de instituciones democráticas sólidas, en las que no haya espacio para la corrupción y la impunidad.

Esa mayoría vapuleó a Vizcarra en la comparecencia de más de siete horas de los ministros de Economía, Carlos Oliva, y Energía y Minas, señalados como neoliberales y el segundo como vinculado al sector empresarial minero y acusado de favorecerlos.

Desde la izquierda, la bancada parlamentaria del Movimiento Nuevo Perú (NP) demandó la anulación definitiva de la licencia concedida a Tía María, suspendida por el estatal Consejo de Minería por 120 días, ante impugnaciones de autoridades y dirigentes de la provincia sureña de Islay, donde se cumple la protesta.

El pedido argumenta irregularidades en el previo estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la empresa y elaborado por una compañía suspendida por cuatro años, por datos falsos en otros EIA realizados, según denunció el legislador del también progresista Frente Ampio (FA), Humberto Morales.

Tanto el MNP como el FA criticaron a Vizcarra por ceder a presiones empresariales al otorgar la licencia y desatado así el conflicto, ante el cual tuvo que suspenderla y considerar la posibilidad de anularla, lo que obligaría a Southern a presentar un nuevo EIA sujeto a un análisis más prolijo.