Uriondo y San Lorenzo se cobran su 1% vía débito automático

Ni el diálogo abierto ni las buenas intenciones de conciliación, ni siquiera el acuerdo alcanzado para permitir que los alcaldes “en retirada” pudieran licitar nuevos proyectos concurrentes antes de dejar el cargo han servido para detener la aplicación de la Ley del 8 por ciento en dos municipios, el de Uriondo y el de San Lorenzo.

Es así que el Ministerio de Economía ha determinado extraer del presupuesto departamento algo más de 18 millones de bolivianos para incorporarlos al presupuesto de los municipios de Uriondo y San Lorenzo, una determinación que para la Gobernación es el enésimo palo en la rueda para impedir la recuperación del departamento de Tarija y para los otros, la simple consecuencia del incumplimiento recurrente.

El débito lo firma la directora general de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro, Grisha Fushimoto, que ya en marzo de 2018 por una operación similar fue sindicada en procesos penales que finalmente no se operaron.

Un caso reabierto
La solución entonces vino por la política. En mayo de 2018 se puso fin a 20 meses de conflicto entre Gobernación y los ocho municipios no chaqueños, que habían desarrollado una estrategia para convencer que la autonomía municipal dependía del Estatuto Autonómico, cuando no es así.

Cuando nació la Ley del 8%, Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo y entonces presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ya tenía aspiraciones políticas, y muchas deudas. La buena sintonía con la anterior gestión y la necesidad de Lino Condori de aumentar sus índices de ejecución en un tiempo en el que las regalías se multiplicaban (2012 – 2014), facilitó la firma de numerosos proyectos concurrentes entre Gobernación y Municipios para proyectos de ámbito departamental sin demasiada conexión unos con otros.

Con la caída del precio de los hidrocarburos en 2014, pasando de 100 dólares a 30 en pocos meses, unos 450 millones de bolivianos quedaron comprometidos y sin forma de financiarlos. El Estatuto de Autonomía contempla vías de coordinación entre instancias para adecuar los proyectos concurrentes, para lo que se insta a desarrollar una ley, que en el mejor de los casos debería fijar prioridades sectoriales y mecanismos de asignación. La Ley del 8 por ciento, sin embargo, solo contempla el reparto del 1 por ciento a cada municipio, independientemente de su población, sus necesidades o su índice de pobreza.

El acuerdo alcanzado preveía un calendario de desembolsos mientras se rebajaba la deuda adquirida a través del crédito privado – que pagan todos los tarijeños – y un fideicomiso gestionado con el Gobierno. Se estima que la deuda se redujo a la mitad.

Sin embargo, el acuerdo también contemplaba la inclusión de nuevos convenios para licitar nuevos proyectos en los municipios como proyectos concurrentes, algo que fue criticado tanto por los afines al MAS como por los críticos con la gestión de Oliva. No se consideraba prudente que se licitaran nuevos proyectos cuyo financiamiento no asegurado.

La hoy secretaria de la Asamblea y miembro relevante del MAS, Sara Armella, que jugó un rol fundamental en la aprobación de la Ley con un talante más dialogante que sus antecesores, cuestionó en su momento que los municipios pretendan licitar nuevos proyectos al mismo tiempo que piden dinero para cumplir los proyectos antiguos.

El asambleísta Mauricio lea Plaza cifró en su momento una cartera de proyectos nuevos de 179 millones de bolivianos para los 8 municipios, de los que 45 habrían sido retirados unilateralmente por la Gobernación al considerar que el proyecto Ciudad Inteligente, en Cercado, era inviable. “Los alcaldes le dan prioridad a los nuevos proyectos y dejan abandonados los proyectos de continuidad. En el caso de San Lorenzo, por ejemplo, tiene una cartera muy importante anterior al 2015 y ahora solamente está concentrando sus recursos en los proyectos nuevos, entonces aquí somos corresponsables de un desfase económico que generan los propios alcaldes”, afirmó.

Para el hoy presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruíz, los proyectos nuevos son necesarios para dinamizar la economía y es la Gobernación quien se ha comprometido a apoyar en eso, además de cubrir las deudas pendientes, algo que no está cumpliendo con regularidad, por lo que el Ministerio de Economía ha encontrado procedente el reclamo.

Peralta: es otra agresión hacia Tarija

El secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Waldemar Peralta, quien hizo la denuncia a través de sus redes sociales, no quiso entrar en polémicas con los dos alcaldes que solicitaron el débito, ambos afines a la línea del Gobierno, y responsabilizó directamente al ejecutivo nacional por su falta de sensibilidad hacia las necesidades de Tarija. “Esta es la ayuda a Tarija que le brinda el gobierno para reactivar su economía. Un débito de 18 millones para sus alcaldes” lamentó.

El cobro llega en los primeros días del mes de enero y limita nuevamente el margen de maniobra mensual para la Gobernación. La pasada semana el Gobierno Nacional también negó sentarse a dialogar sobre la conciliación de cuentas, al considerar que no tiene ningún asunto pendiente con la Gobernación.