Tarija produce menos gas que antes de la Ley de Incentivos

El Ministerio de Hidrocarburos asegura que la Ley de Incentivos, que confisca el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a Universidades, Municipios y Gobernaciones, ha permitido asegurar inversiones por 4.318 millones de dólares para proyectos de exploración. Los datos del Ministerio indican que Tarija produce hoy un 25 por ciento menos de hidrocarburos de los que se producían antes de aprobar la Ley.

El 1 de diciembre de 2015 la Asamblea Plurinacional de Bolivia aprobó en grande y en detalle la Ley del Fondo de Promoción para la Inversión en Exploración Hidrocarburífera (FPIEEH), más conocida como Ley de Incentivos, que fue impulsada personalmente por el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez desde su posesión en enero de 2015.

Para entonces, Tarija ya había empezado su declinación en el peso específico de la producción de gas en el conjunto nacional, posición que no ha dejado de perder hasta ahora. Tarija ha pasado de producir más de 40 millones de metros cúbicos en 2014 a unos 31 durante 2017 sobre los 60 que se producen a nivel nacional de forma estable según los datos del propio Ministerio. La causa fundamental responde a las declinaciones en San Alberto y San Antonio que han sido sustituidas por pozos como el de Incahuasi, en Santa Cruz, que produce unos 6 millones de metros cúbicos al día. Tarija resiste porque Margarita ha elevado producción hasta los 18 millones de metros cúbicos diarios.

Promesas
Con la Ley de incentivos se planteaba premiar a las petroleras por explorar y acelerar la explotación de líquidos primero y gas después en el territorio boliviano.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de aquel entonces, diputado Henry Cabrera, aseguró que “por cada dólar invertido en el FPIEEH, las entidades descentralizadas tendrán utilidades de cuatro dólares a ocho dólares”, lo que incrementará sus recursos para destinarlos a más obras para sus regiones.

“El 2016 recuperarán un 60% de lo que vayan a colocar; el 2017, que se empieza ya a tener utilidades, recuperarán el 100% de sus aportes más un 30% a 40% de utilidades”, explicó el parlamentario, según un boletín de prensa.

La tensión en El Alto que exige modificaciones en la Ley de Coparticipación para redistribuir los ingresos ha vuelto a sacar a colación el asunto del incentivo de 12 por ciento. El Rector de la Juan Misael Saracho, Gonzalo Gandarillas; el ex presidente del Concejo Municipal Alfonso Lema y el secretario de Gestión Institucional, cuestionaron la semana pasada la Ley asegurando que no se ha devuelto ni un solo peso pese a haber reducido sustancialmente los ingresos de las instituciones para cumplir con una competencia nacional, como es la gestión de los hidrocarburos.

Un informe de la fecha del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) explicó que la lógica de esta nueva política de incentivos sería el ofrecimiento de nuevos precios y el incremento de las ganancias netas de las transnacionales para promover nuevas inversiones en el sector.

Se orienta “a fijar incentivos adicionales a la retribución que reciben actualmente, reiterando el razonamiento que llevó al Gobierno hace cinco años (2010) a intentar el incremento del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) —conocido popularmente como ‘gasolinazo’— para financiar un precio más elevado en favor de las empresas”.

Este criterio se impuso, finalmente, recordó el Centro de estudios, con el Decreto Supremo 1202 del año 2012, por el que se paga actualmente un incentivo adicional —en forma de Notas de Crédito o NOCRES— de 30 dólares por barril de petróleo crudo.

La Ley 767 fue modificada unos meses después facilitando aún más el proceso. “Se exceptúa del plazo de los cinco años estipulados en el párrafo tercero del presente artículo a los titulares con contratos vigentes y en fase de explotación y con producción comercial regular al 11 de diciembre de 2016, que comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los 350 millones de dólares en actividades de exploración o 500 millones de dólares en actividades de exploración y su desarrollo”, expresa el artículo único.

Ministerio habla de $us 4.318 MM en exploración

El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Carlos Torrico, explicó que “la Ley de Incentivos permitió viabilizar proyectos exploratorios con una inversión de 4.318 millones de dólares y detalló que algunos proyectos que se lograron viabilizar son: Los Monos/Aguaragüe Centro, Jaguar-X6, Iñiguazu y Boyuy. Asimismo, “esta ley también permitió viabilizar los proyectos de desarrollo en Caigua, Sábalo y Caipipendi, con una inversión asociada de aproximadamente 400 millones de dólares”.

También se incluirían los proyectos de exploración en Tariquía, aunque no se hace referencia. Cabe señalar que la mayor parte de la inversión en exploración se va en patentes y otros conceptos propiedad de la empresa y una mínima parte se invierte en el territorio. Los proyectos de exploración tardan entre 7 y 10 años para dar resultados.