En Bolivia las subvenciones realizadas en favor de distintos sectores significan una importante merma presupuestaria que, si bien permite mantener costos bajos en servicios básicos como la electricidad, o en transporte y otros bienes y servicios, puede hacerse insostenible a medida que el Estado recibe menos ingresos debido al desfavorable contexto internacional.

Existe una intención de ir reduciendo o eliminando algunas subvenciones de manera paulatina, algo que no es exclusivo del actual gobierno, sino que data de hace muchísimos años, pero es una idea que no termina de materializarse debido a la sensibilidad y el potencial costo político de hacerlo.

Sin embargo, eventualmente algo se tiene que hacer. La cuestión es cómo. A principios de agosto, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, planteó la necesidad de “pensar en el futuro de manera diferente eliminando las subvenciones” que no impliquen un alza de tarifas eléctricas.

El año pasado, el propio presidente Evo Morales había tanteado la posibilidad de subir “un poquito” las tarifas de electricidad y gas natural para reducir el gasto que el Estado realiza en las subvenciones. Por supuesto, tanto esto como lo mencionado por el ministro Alarcón fue descartado por el presidente Morales días después. Pero el gasto en subvenciones sigue creciendo y afligiendo las arcas estatales.

Vale la pena mencionar que el Presupuesto General del Estado 2019 (PGE) destinó para este año un gasto de casi 4.345 millones de bolivianos para la subvención a la importación de diésel y gasolinas, compensación de GLP y Gas Oil, y para incentivar la producción de hidrocarburos, que implica un aumento del 30% respecto a los 3.330 millones presupuestados para 2018.

Lo asignado para subvencionar los servicios básicos (tarifa eléctrica, diésel para generar electricidad, descuento de la tercera edad) representa 125,7 millones de bolivianos.

Por otra parte, el presupuesto asignado para subvencionar alimentos (arroz, harina, maíz, trigo y otros) para 2019 es de 301,4 millones de bolivianos, bastante menos de la décima parte. Menor aún es lo asignado para subvencionar los servicios básicos (tarifa eléctrica, diésel para generar electricidad, descuento de la tercera edad), que representa 125,7 millones de bolivianos.

Viéndolo de esta manera, aumentar las tarifas eléctricas reduciría el gasto por subvención en una proporción muy baja, pero afectaría a muchas familias.

Parece mucho más efectivo atacar la subvención de diésel y gasolinas, aunque esto podría generar un efecto dominó en el precio del transporte público y de otros bienes, con la consiguiente presión inflacionaria que nadie quiere tentar.

Una buena idea fue intentar cambiar el parque automotor de gasolina y diésel a gas natural. Pero ha resultado insuficiente, y se siguen importando autos nuevos que funcionan con los carburantes costosamente subvencionados.

Pensar en cómo reducir las subvenciones es una necesidad cada vez más urgente. Lo más probable es que se vuelva a discutir sobre el tema recién cuando concluyan todos los procesos electorales de 2019 y 2020.

Habrá que revisar las prioridades y necesidades reales del país, y evaluar con sinceridad los gastos que son superfluos de las subvenciones que son justas y necesarias. Pero la tarea es urgente para quienquiera que gobierne Bolivia los próximos años.