Soruco y Lema instan a rendir cuentas de la Ley de Incentivos

El concejal de Cercado, Alfonso Lema, realizó un análisis sobre el desarrollo de la Ley 767, conocida como la Ley de Incentivos que fue aprobada el 11 diciembre de 2015. Desde entonces se observó una serie de declaraciones por parte del Ministerio de Hidrocarburos sobre los porcentajes de retribución que las instancias a las que confiscaron el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debían recibir.
Por lo mismo, Lema señaló que el Gobierno nacional debería rendir un informe para esclarecer los datos y cifras sobre el manejo de los recursos. Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, señaló que en los próximos días se realizará la audiencia parcial de rendición de cuentas y se transmitirán los datos actualizados. Además, sugirió que los actores que cuestionan la efectividad de la ley estén presentes.
De acuerdo con la Ley de Incentivos se creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) para impulsar la exploración y explotación de los hidrocarburos en Bolivia.
Este Fondo se financia con el 12 por ciento de los recursos provenientes del IDH, antes de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), universidades públicas y todos los beneficiarios previstos en la Ley 3058 de 2005.
La Ley no prevé devolución sino que los ingresos y los réditos obtenidos por la aplicación de la normativa serán distribuidos entre todos los beneficiarios.
“El Gobierno dijo que por cada dólar invertido en el caso de las gobernaciones recibirán 9,73 dólares; los municipios obtendrán 4,08 dólares; las universidades 4,22 dólares; el Fondo Indígena 3,88 dólares y el Tesoro General de la Nación (TGN) logrará 4,78 dólares”, argumentó Lema.
Según el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Carlos Torrico, cuando se habla del 12 por ciento, se habla del porcentaje con respecto al total a nivel nacional. Lema explicó que según estas declaraciones, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) sólo aporta el 0,6 por ciento del total a nivel nacional, en el caso de los municipios el 3,4 por ciento y la Gobernación el 1,2 ciento, lo cual suma un 5,2 ciento.
Sin embargo, Torrico también manifestó que entre enero de 2016 a mayo de 2018 Tarija aportó al FPIEEH 134,19 millones de bolivianos, que representa el siete por ciento del monto total que se tiene en ese fondo.
Lema cuestionó los datos anunciados y la contradicción existente. “¿Cuál es el dato real; el 5,2 por ciento o el 7 por ciento del aporte de Tarija al Fondo? Ese tipo de contradicciones y la falta de información sobre el Fondo son las que generan especulación al respecto”, dijo.
A su vez, según su análisis, sostuvo que la Memoria del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de diciembre de 2016 se tenía 742.263.373 bolivianos equivalentes a 106,6 millones de dólares y hasta diciembre de 2017 el Gobierno acumuló 221 millones de dólares del 12 por ciento destinado a la exploración petrolera.
“Hasta febrero de este año, los recursos estaban sin ejecutar. Haciendo una estimación hasta la fecha, el FPIEEH debe tener acumulado cerca de 280 millones de dólares”, declaró Lema.
En 2015, el Gobierno calculó que durante los próximos 10 años, hasta 2025, el FPIEEH tendrá 2.789 millones de dólares. Sin embargo, Lema nuevamente cuestionó al Gobierno porque en la cuarta parte de tiempo se alcanzó un 10 por ciento de lo proyectado.
Soruco señaló que la única instancia que maneja datos oficiales es el Ministerio de Hidrocarburos, “como lo hizo en la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2017”.

Piden informe sobre la cuantificación de reservas

El asambleísta de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Cesar Mentasti, informó que solicitarán una petición de informe oral al Ministerio de Hidrocarburos sobre el estudio de cuantificación de reservas de hidrocarburos. El procedimiento se realizará a través de la Brigada Parlamentaria.
Mentasti recordó que pidió la participación de Tarija, a través de las instancias competentes, en la elaboración del informe de la cuantificación de reservas hidrocarburíferas de Bolivia, pero no se recibió una repuesta favorable para el departamento en el momento de la adjudicación de la empresa franco-canadiense Sproule International Limited para esta tarea.
El estudio costará 750 mil dólares y el plazo vencía el 30 de junio.
El asambleísta explicó que se trata una situación de descoordinación y desinformación por parte del Gobierno nacional. “¿Qué queda por hacer? ¿Mandarle una carta al Ministro (Alberto Sánchez) diciéndole que han fenecido los plazos establecidos en la contratación de la empresa para que usted le informe a Tarija? ¿Para qué?”, cuestionó Mentasti. Además, recalcó que se deliberó sobre la función de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación, si no iba a acompañar el proceso de contratación y socialización de la información que resultaría del estudio, porque en base a los datos expuestos se realizará una planificación nacional, departamental y municipal.
Por lo tanto, expuso que nuevamente se deberá enviar una carta al nivel central del Gobierno para solicitar al ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, que socialicen los avances efectuados del estudio de cuantificación de reservas.