Seguridad, las medidas que faltan

Las ciudades grandes tienen parroquianos, niños sin hogar y adultos con trastornos mentales, y depende de los gestores de lo público lidiar con ellos sin que eso acarree situaciones de exclusión social o discriminación, pero tampoco problemas de orden público

La marcha de los gremiales del miércoles en la mañana desencadenó en una serie de sucesos violentos, con agresiones incluso a altos mandos policiales que no son tolerables desde ningún punto de vista, sin embargo la torpeza de las formas no debe ocultar lo legítimo del reclamo. Bolivia en general y Tarija también han entrado en una vorágine desarrollista de éxito fácil que está dinamitando los valores éticos compartidos por la sociedad y amenazando la vieja  esencia comunal – comunitaria que también se trasladó a las concentraciones urbanas en el último medio siglo.

Tarija va ya camino de ser gran ciudad, superando los 200.000 habitantes, lo que acarrea un nuevo volumen de problemas que tienen menos que ver con el ladrillo y más con la condición humana

Los comerciantes han dicho basta. En zonas de alta aglomeración, como el mercado Campesino, el hurto se volvió común; pronto se pasó al robo con más o menos violencia, pero los últimos acontecimientos han desatado de verdad una alarma social que supera las previsiones.

La muerte de un vendedor ambulante del mercado Campesino a manos de una turba de menores pasa por ser un hecho gravísimo del que se ha pasado más o menos de puntillas por aquello de que son menores y del alarmismo que puede generar. Sin embargo, los comerciantes están en su legítimo derecho de exigir más medidas concretas para eliminar las amenazas sin esperar a que los casos vuelvan a repetirse.

Apenas unos días antes se había suscitado un hecho similar a plena luz en el Mercado Central, que afortunadamente no tuvo resultado de muerte, y el temor es que vuelva a repetirse, pues por las cosas del sistema judicial, a alguien se le ocurrió dar detención domiciliaria a niños catalogados como “sin hogar”, es decir, aquellos que han perdido todo tipo de supervisión.

Lo sucedido puede resultar ocasionalmente útil para justificar algunos de los proyectos de seguridad que rayan con la intimidad y que incluso han sido muy cuestionados por la inversión que suponía. Es el caso de las cámaras de seguridad y el proyecto de Ciudad Inteligente que avanza incomprendidamente. Sin embargo, exigiría una reflexión a mayor profundidad respecto a los programas de atención e inserción social que se aplican con las poblaciones de riesgo, y que no parecen haber evitado lo predecible.

Tarija va ya camino de ser gran ciudad, superando los 200.000 habitantes, lo que acarrea un nuevo volumen de problemas que tienen menos que ver con el ladrillo y más con la condición humana. Las ciudades grandes tienen parroquianos, niños sin hogar y adultos con trastornos mentales, y depende de los gestores de lo público lidiar con ellos sin que eso acarree situaciones de exclusión social o discriminación, pero tampoco problemas de orden público como se están generando.

La ciudad debe tener programas capaces de atender a esta población vulnerable y de riesgo sin escatimar en recursos: educadores, trabajadores sociales, iniciativas de reinserción… presencia del Estado al fin y al cabo. Es tiempo de profesionalizar los servicios públicos, gestionarlos eficientemente y olvidarse de amiguismos y compadreríos, porque al final, la ciudad lo acaba pagando.


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