Se urbaniza tierra agrícola y se quema bosques para sembrar

Mientras la opinión pública estaba preocupada con los devastadores incendios en la Amazonía y la Chiquitanía, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó y el ejecutivo promulgó la ley 1227, que profundiza los alcances de la ley 247, que desde hace años fue denunciada como “la ley de los loteadores”.

La investigadora y especialista en problemáticas urbanas, Escarley Torrico, afirma que la ley 247 “usó a las personas sin papeles de sus propiedades urbanas como caballo de Troya para permitir a los municipios la delimitación (ampliación) de sus radios urbanos, sin necesidad de planificación territorial”.

Por su parte, el urbanista Juan Cabrera recordó que la ley 247 de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda, promulgada el año 2012, permitió que millones de hectáreas de suelo agrícola y de otros usos rurales ingresen al mercado de suelo urbano, “a disposición de especuladores”.

Según Cabrera, la disposición de delimitar radios urbanos (a 10 años plazo) “fue aprovechada por autoridades municipales inescrupulosas y otros para ampliar sin proporción ni equilibrio los perímetros urbanos (cambio de uso implica aumento de precio en 400% aproximadamente). Potosí con decrecimiento poblacional amplió su área en 244%, Santa Cruz en 65%, Tarija en 45%, el área metropolitana de Cochabamba en 85%”.

Además del fuerte aumento del precio de la tierra por su urbanización, este cambio de uso de suelo genera otros efectos perniciosos para la calidad de vida de la población en general. Por ejemplo, se promueven ciudades más extensas y menos compactas, lo que dificulta y encarece la provisión de servicios básicos, condenando a malas condiciones de vida a quienes ocuparán los nuevos espacios urbanos, caros y alejados.

Por si fuera poco, según datos presentados por los investigadores, en los siete años de vigencia de la ley 247, las sentencias o títulos de propiedad para personas que no tenían papeles llegó solo a 8.000 (en todo el país) y las certificaciones a 12.000, mientras que “millones de metros cuadrados cambiaron de uso de suelo”.

Es decir, hay muchísimo más suelo de uso urbano que personas beneficiadas con titulación o formalización de sus asentamientos. Esto promueve aún más asentamientos ilegales y desordenados, y provee mayor cantidad de tierras al alcance de loteadores.

Cabrera advierte además que, con la nueva ley La ley 1227 del 18 de septiembre pasado, se vuelve a disponer las mismas medidas, amplía el plazo de regularización, abre las puertas a más ampliaciones e incentiva una vez más las ocupaciones informales.

En Tarija, un ejemplo concreto se evidencia en el caso de la Reserva Privada de Patrimonio Natural El Corbalán. Con todo esto se facilitará su cambio de uso de suelo y se ejercerá mucha más presión sobre este frágil ecosistema.

Lo que pasa en Bolivia fluctúa entre lo incomprensible y lo indignante: se expande frontera agrícola sacrificando bosques señalando que necesitamos tierras de cultivo para alimento, y con la otra mano se urbaniza tierra productiva. Incoherencia es la palabra que lo resume mejor.