¿Quién le toma el pelo a quién?

Una seguidilla de tres denuncias de irregularidades en el gobierno municipal de la capital cruceña, hechas en menos de un mes, permite no apenas reposicionar en agenda pública un tema hasta hoy soslayado por la institucionalidad local -falta de transparencia y discrecionalidad en el manejo de bienes y dinero municipales-, sino también incorporar en esa misma agenda el análisis y la puesta en valor de la ciudadanía activa o, como le llaman otros, activismo ciudadano. Sin este, es prácticamente imposible frenar los abusos y excesos de quienes se turnan en cualquiera de los diferentes niveles de gobierno.

Es lo que ha quedado hoy más claro que nunca en Santa Cruz de la Sierra. La persistencia de un grupo cada vez más activo de vecinos de la ciudad, en su gran mayoría jóvenes, ha alentado a que otros responsables de fiscalizar a la administración pública tomen cartas en los asuntos municipales, escuchen y atiendan sus reclamos y dudas, y pongan empeño en buscar respuestas y esclarecimientos efectivos. No ha sido fácil, pero al menos un par de diputados y varios medios de comunicación se han dado a esa tarea, logrando hasta ahora resultados inesperados, importantes, aunque aún insuficientes.

Uno de ellos es, sin duda, la reciente decisión de la cúpula municipal de anular el contrato suscrito en 2014 con la empresa MAHS, en condiciones extremadamente ventajosas para esta. Contratación directa, por 10 años y libre de pago de tasas y patentes municipales para explotar comercialmente 1.492 espacios públicos con sus vallas, gigantografías y tótems publicitarios. El único requisito municipal para gozar de semejante ventaja, que era ceder el 30% de esos espacios para uso del gobierno local, sin costo, ni siquiera se cumplió. Entre el mismo 2014 y 2018, la Alcaldía firmó otros siete contratos con MAHS por más de 12 millones de bolivianos para “seguir expandiendo (sus) políticas comunicacionales”.

Eso sin contar los más de 1,7 millones de bolivianos pagados por la Alcaldía a MAHS por dos contratos, también sin licitación, suscritos entre 2012 y 2013. El diputado que hizo la denuncia, Wilson Santamaría (UD), estima que la empresa factura un promedio de 500.000 dólares mensuales por la explotación comercial de esos 1.492 puntos cedidos por la Alcaldía. Estas cifras no incluyen los casi 5,5 millones de bolivianos cobrados por MAHS a la municipalidad por otros servicios, como construcción de “fuentes multidistritales”. Esta información solo pudo hacerse pública tras una primera denuncia de sobreprecio en las compras de bandas y banderas para el Concejo. Es que quien figura como dueño de la empresa que hizo la venta, Textilander S.R.L, resultó ser gerente comercial de MAHS.
MAHS ya estaba en la mira de otros ciudadanos activos, al menos desde 2014, cuando las vallas y gigantografías con propaganda municipal fueron usadas para impulsar la campaña de reelección de Percy a la Alcaldía y la elección de Angélica Sosa al Concejo, ambos de la agrupación Santa Cruz Para Todos. Pero los pedidos de información, como bien recuerda José Antonio Prado, nunca fueron atendidos. Esto solo fue posible hoy, como salpicadura de una primera y menor denuncia a la que le dieron bola un diputado y algunos medios. Tras estas dos, apareció una tercera: la contratación de un servicio de té, Los Jazmines, para actos protocolares, también con cifras millonarias que ameritan ser explicadas.

Aunque el contrato con MAHS será anulado, según anunció el alcalde, esto no basta para cerrar el caso. Que no pase como con el caso dron, cuando se “cortaron” algunas cabezas para salvar de responsabilidad a los principales responsables del negociado. O como ha sucedido con tantos otros casos, en los que la cúpula municipal les ha tomado el pelo a los vecinos de la ciudad. Para que esta tomadura de pelo no se repita, habrá que repetirle al alcalde lo que él le dijo a su ex homólogo cochabambino, José María Leyes: “…le pelaste, te gustó la plata, good bye…” Y ponerse en acción, como Fede Morón y otros.


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