La aplicación de débitos automáticos por parte de los municipios para garantizarse el cobro de sus proyectos concurrentes ha entrado en una peligrosa deriva que apenas tendrá sentido siquiera en lo electoral. A todos los efectos, y más allá de la Ley 206, que les ampara, resultan un mecanismo soberbio y desleal que perjudican al conjunto de los tarijeños, incluyendo los vecinos de los mismos municipios que hacen el débito que resta a los proyectos de las subgobernaciones.

Por partes, el Estatuto preveía un mecanismo que permitiera a la Autonomía Departamental contribuir con proyectos puntuales a los municipios. De ahí nacieron los proyectos concurrentes primero y la Ley 206 después, que sin mayor precisión o prioridad respecto a los proyectos, prevé el uso del 8 por ciento del total de regalías departamentales.

En cualquier caso, y por si alguien perdió la memoria, el Estatuto se redactó en tiempos de vacas gordas, con los presupuestos de regalías multiplicándose anualmente, y también bajo una concreta intencionalidad política. El Estatuto ya había creado los ejecutivos regionales electos por voto popular y se anticipaba una guerra de poder a poder en las mismas jurisdicciones.

La autonomía departamental y la autonomía municipal son cosas distintas una de la otra pero sobre todo, la segunda no depende de la primera, sino de los recursos que el Estado le ofrece

Estas situaciones y un discurso oportunista han hecho olvidar lo fundamental: que la autonomía departamental y la autonomía municipal son cosas distintas unas de las otras y sobre todo que la segunda no depende de la primera. Es decir, que si los municipios necesitan más recursos, deben sentarse a la mesa del Pacto Fiscal y exigir un cambio en la financiación de su autonomía y no buscar mecanismos para extraer de los recursos departamentales fondos para sus proyectos, no siempre bien planificados ni justificados, que además dependen de un ingreso tan inestable como el precio del barril de petróleo que cotiza en Nueva York y de las desafortunadas negociaciones del Ministerio de Hidrocarburos para colocar sus volúmenes en sus precios.

En lo que va de año se han debitado 71 millones de bolivianos, una cifra que según la Gobernación está por encima de las propias planillas pendientes de los proyectos concurrentes en marcha, y que por tanto, se circunscribe en otra estrategia que tiene más que ver con el boicot.

El diálogo institucional que marcó un sistema de relación hace algo menos de dos años ha fracasado, pero sobre todo, se augura un futuro económico cada vez menos boyante, por lo que urge aplicar la receta de Arce Catacora al dedillo y sin excepciones para los municipios: Acabar los proyectos en marcha.

Una vez culminados, será el momento de resolver el otro problema, que es el de competencias entre subgobernadores y alcaldes.

El MAS Tarija se ha negado a resolverlos manteniendo como figura electa a los subgobernadores en la Ley Electoral; pero más temprano que tarde deberá acomodarse a los parámetros constitucionales.

Entonces será el momento de discriminar más claramente que son proyectos departamentales, que municipales, y quien debe hacerse cargo de qué; mientras tanto, permitan que Tarija ahorre en licitaciones.