Proponen investigar las acciones de Ricardo Rosselló

Un paquete de medidas presentadas ayer por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado propone investigar las últimas decisiones del derrocado gobernador Ricardo Rosselló en La Fortaleza.

El diputado Denis Márquez y el senador Juan Dalmau igualmente impulsan indagar las actuaciones de la policía durante las últimas manifestaciones frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo, y la creación del cargo de Fiscal con Jurisdicción Específica para procesar criminalmente a las personas que pudiesen haber cometido delitos en el chat de Telegram.

Las medidas legislativas tienen como objetivo que la renuncia de Rosselló a la gobernación no se interprete como el punto final de esas controversias.
‘La mera renuncia no puede ser la excusa para obviar la posibilidad de la comisión de delitos por funcionarios gubernamentales como ya se ha concluido tanto en un análisis de mi oficina como del Colegio de Abogados y la Comisión de Juristas de la Cámara’, dijo Márquez.

Agregó que tampoco podemos ignorar las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones, por las que ya diversas organizaciones han levantado objeciones.
De igual forma, hay que revisar minuciosamente todas las acciones y decisiones tomadas por Rosselló desde el momento en que anunció su renuncia hasta que se hizo efectiva nueve días después, el 2 de agosto a las 17:00 hora local.

No existe razón alguna por la que alguien se oponga a investigar estas situaciones, reclamó el diputado del PIP al dar a conocer, junto a Dalmau, los proyectos de la Cámara 2191 y del Senado 1339 para crear el Fiscal con Jurisdicción Específica indagar la posible comisión de delitos en el chat de Telegram.

Precisó que existe consenso en el país de que la pesquisa no debe ser realizada por los organismos tradicionales de investigación criminal para cancelar cualquier conflicto de interés o apariencia de conflicto.

En relación con la propuesta legislativa acerca de las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones que exigieron la renuncia de Rosselló, Dalmau expresó que desean crear la Comisión Ciudadana Especial para la Supervisión de la Gestión Policial.

Dicha entidad tiene la finalidad de servir como herramienta de fiscalización del cuerpo armado, de modo que labore para tutelar el funcionamiento del cuerpo policial, como uno que genuinamente garantice la más absoluta protección de los derechos humanos.
Una tercera medida sometida por los portavoces del PIP en Cámara y Senado ordenaría a los cuerpos legislativos a realizar una investigación exhaustiva de todas las actuaciones, órdenes ejecutivas, determinaciones, autorizaciones y firmas de contratos. Asimismo, aumentos de sueldos, indultos y acciones realizadas por Rosselló desde el día que anunció su renuncia, hasta la fecha de efectividad.