Polémica reforma judicial prende alarmas en México

El contenido de los borradores de una amplia reforma judicial en México, propuesta por el gobierno con miras a combatir la impunidad e inseguridad, ha generado preocupación entre diversos organismos que consideran que limitará los derechos humanos y las garantías individuales.

Posponen propuesta para febrero

Autoridades tenían previsto presentar la iniciativa ante el Congreso la semana pasada pero lo pospusieron hasta febrero, según dos fuentes en el partido gobernante Morena, luego de que Reuters reveló su contenido y por la falta de consenso dentro del propio gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las fuentes precisaron que no está claro hasta qué punto se pueda suavizar la reforma que contempla un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, además de cambios a la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.

El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. La Fiscalía, sin embargo, emitió un comunicado donde asegura que la institución no ha “ni suscrito ni presentado” ningún borrador.

“Una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo, esta institución (…) presentará ante los senadores y ante el Ejecutivo, sus proyectos (…) para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad”, dijo la Fiscalía.

A fines de 2018, López Obrador asumió la presidencia con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad alimentadas por el crimen organizado. Pero el año pasado, la cifra de homicidios tocó un nuevo récord con 34,582 casos, levantando críticas a la estrategia de seguridad del gobierno.

El mandatario planteó la reforma luego del fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente desde 2016, que ha dejado un país donde menos del 2% de los homicidios se resuelven y muchas confesiones son logradas bajo tortura o presiones de autoridades.

Sin embargo, la propuesta ha alarmado a activistas y opositores porque, entre las modificaciones a 14 artículos de la Constitución, se busca ampliar el arraigo a todos los delitos y validar pruebas obtenidas de manera ilícita.

“Es una reforma extraordinariamente regresiva que atenta gravemente contra derechos humanos y procesos dados como básicos en materia de presunción de inocencia, juicio de amparo y otros”, dijo a Reuters el senador independiente Emilio Álvarez. “Sorprende que un Gobierno que se identifica con la izquierda presente un modelo tan autoritario de justicia”.

El arraigo es una figura introducida en la Carta Magna en 2008 para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado.

La norma permitió a la antigua Fiscalía mantener a miles de personas, entre políticos, empresarios y narcos, privados de libertad por hasta 80 días violando la presunción de inocencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hasta el año pasado había 144 expedientes por violaciones al principio de presunción de inocencia, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.