Plantean renuncia de funcionarios a sola imputación

El Movimiento Al Socialismo plantea analizar el alejamiento de los funcionarios públicos a solo imputación y no con sentencia ejecutoriada, como actualmente establece la Constitución Política del Estado (CPE). El análisis se tratará las siguientes semanas en la Asamblea Legislativa y dentro del nuevo reglamento de esta instancia.
“Yo creo que es necesario de que se dicte una norma, que diga que la persona que tiene imputación formal tiene que apartarse de la entidad pública, (…) porque para una imputación necesitamos por lo menos seis meses, con solo una imputación hay elementos suficientes para pedir a la persona que se aparte de la función pública”, propuso el diputado del MAS, Lino Cárdenas.
Precisó que, para pedir el alejamiento, es necesaria la imputación y no solamente la simple denuncia, como proponen algunos opositores. Anunció que hará la propuesta la próxima semana en el Parlamento.
La propuesta surge a raíz de la imputación contra el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, quien es procesado por la vía penal por una presunta extorsión a privados de libertad del penal de San Pedro.
De momento el diputado se encuentra con detención domiciliaria sin permiso para trabajar, aunque analiza poder presentar un amparo para asistir a la Asamblea.
Para el diputado del MAS, la nueva medida haría que los funcionarios públicos con imputación renuncien o puedan ser destituidos y ello haría que se ponga límites delitos dentro de las instituciones del Estado.
En esa línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo, a ANF el sábado, que se requieren normativas internas mucho más rigurosas. Explicó que dentro del Parlamento se trabajará en las subsiguientes semanas la aprobación de un nuevo reglamento.
“En la Asamblea se va a discutir un nuevo reglamento que incorpore algunos hitos penales, algunas figuras que han emergido en la promulgación de varias leyes”, dijo Borda.
Adelantó que dentro del reglamento también se está planteando, que en delitos contra la libertad sexual de las personas y de corrupción, entre otros, la suspensión debería proceder a sola imputación, con el fin de “garantizar que no apele a su cargo que ocupa y que genere algún tipo de influencia”.
Sin embargo, esta propuesta va a contracorriente de la CPE, que en su artículo 116 garantiza la presunción de inocencia. “Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Además, en el artículo 157 resalta que el mandato de los asambleístas se perderá “por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento”.


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