Plantean referendo sobre constituyente a Martín Vizcarra
El progresista Frente Amplio (FA) de Perú planteó este martes al presidente Martín Vizcarra la necesidad de un referendo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente y la nulidad de decretos que considera antilaborales. El líder del FA, Marco Arana, informó sobre las posiciones...
El progresista Frente Amplio (FA) de Perú planteó este martes al presidente Martín Vizcarra la necesidad de un referendo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente y la nulidad de decretos que considera antilaborales.
El líder del FA, Marco Arana, informó sobre las posiciones planteadas al mandatario y ministros por su bancada parlamentaria elegida el pasado 26 de enero, en una reunión que forma parte de la ronda de diálogos entre el mandatario y cada uno de los grupos legislativos electos.
Señaló que el mandatario solo guardó silencio ante el planteamiento de consultar al pueblo si desea elegir una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna en reemplazo de la neoliberal de 1993.
'Ha sido un diálogo de escuchas; nosotros escuchamos sus planteamientos y ellos escucharon los nuestros', agregó el exsacerdote y líder del Frente Amplio.
Precisó que su bancada demandó además respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y la nulidad de tres decretos de urgencia emitidos por el gobierno que, dijo, atentan contra los derechos de los trabajadores, como la estabilidad laboral.
Al respecto, entregó una carta en tal sentido de 30 sindicatos y demandó tratar el tema en conversaciones con los ministros de Economía y Trabajo.
También, dijo, planteó otros temas sociales preocupantes, como los contratos de servicios entre la policía y las empresas mineras, que propician la repesión de protestas socio-ambientales, y la criminalización de la protesta que somete a juicios a cientos de participantes en protestas.
Deflagración
El FA demandó además la renuncia del presidente del organismo supervisor de la actividad energética y minera, Daniel Schmerler, por su responsabilidad política en la deflagración del gas fugado de un camión cisterna precario, que dejó hasta el momento 23 muertos, y Arana dijo que el presidente aseguró que el Consejo de Ministros tratará el tema este miércoles.
El dirigente añadió que el FA está de acuerdo con el gobierno apurar las reformas política y judicial, pero añadió que la misma debe además prohibir el financiamiento electoral privado y la práctica denominada 'puerta giratoria', consistente en que las empresas logran que sus ejecutivos sean nombrados ministros y luego retornen al sector privado, con perjuicio para los intereses del país.
Arana apuntó que no debe haber tregua en la lucha contra la corrupción, por lo que el Frente Amplio planteará en el nuevo parlamento procesar a jueces y fiscales integrantes de una red anticorrupción, intocables para el anterior Congreso.
También promoverá limitar la inmunidad parlamentaria a la protección de la función de fiscalizar, investigar y controlar al Ejecutivo y entregar en cinco días a la justicia a los legisladores que incurran en delitos comunes.
En el mismo tema, criticó la presencia del empresario y titular del partido Podemos, José Luna, en la reunión de la bancada de la agrupación con el presidente, pese a que la fiscalía anticorrupción ha pedido que sea sometido a 36 meses de prisión preventiva por lavado de activos con fondos electorales.
El líder del FA, Marco Arana, informó sobre las posiciones planteadas al mandatario y ministros por su bancada parlamentaria elegida el pasado 26 de enero, en una reunión que forma parte de la ronda de diálogos entre el mandatario y cada uno de los grupos legislativos electos.
Señaló que el mandatario solo guardó silencio ante el planteamiento de consultar al pueblo si desea elegir una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna en reemplazo de la neoliberal de 1993.
'Ha sido un diálogo de escuchas; nosotros escuchamos sus planteamientos y ellos escucharon los nuestros', agregó el exsacerdote y líder del Frente Amplio.
Precisó que su bancada demandó además respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y la nulidad de tres decretos de urgencia emitidos por el gobierno que, dijo, atentan contra los derechos de los trabajadores, como la estabilidad laboral.
Al respecto, entregó una carta en tal sentido de 30 sindicatos y demandó tratar el tema en conversaciones con los ministros de Economía y Trabajo.
También, dijo, planteó otros temas sociales preocupantes, como los contratos de servicios entre la policía y las empresas mineras, que propician la repesión de protestas socio-ambientales, y la criminalización de la protesta que somete a juicios a cientos de participantes en protestas.
Deflagración
El FA demandó además la renuncia del presidente del organismo supervisor de la actividad energética y minera, Daniel Schmerler, por su responsabilidad política en la deflagración del gas fugado de un camión cisterna precario, que dejó hasta el momento 23 muertos, y Arana dijo que el presidente aseguró que el Consejo de Ministros tratará el tema este miércoles.
El dirigente añadió que el FA está de acuerdo con el gobierno apurar las reformas política y judicial, pero añadió que la misma debe además prohibir el financiamiento electoral privado y la práctica denominada 'puerta giratoria', consistente en que las empresas logran que sus ejecutivos sean nombrados ministros y luego retornen al sector privado, con perjuicio para los intereses del país.
Arana apuntó que no debe haber tregua en la lucha contra la corrupción, por lo que el Frente Amplio planteará en el nuevo parlamento procesar a jueces y fiscales integrantes de una red anticorrupción, intocables para el anterior Congreso.
También promoverá limitar la inmunidad parlamentaria a la protección de la función de fiscalizar, investigar y controlar al Ejecutivo y entregar en cinco días a la justicia a los legisladores que incurran en delitos comunes.
En el mismo tema, criticó la presencia del empresario y titular del partido Podemos, José Luna, en la reunión de la bancada de la agrupación con el presidente, pese a que la fiscalía anticorrupción ha pedido que sea sometido a 36 meses de prisión preventiva por lavado de activos con fondos electorales.