Ordenan y revocan en un mismo día la libertad de Lula da Silva

En un solo día ordenaron y revocaron la libertad del ex presidente de Brasil Lula da Silva. La decisión final fue la del presidente del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores.

El magistrado Thompson Flores ha afirmado ayer domingo que el caso de Lula está en el marco de las competiciones del juez federal João Pedro Gebran Neto (quien rechazó liberar al expresidente), y no del juez Rogério Favreto, quien a lo largo del día emitió tres fallos para liberar a Lula.

En respuesta, el diputado federal Wadih Damous del Partido de los Trabajadores (PT), uno de los autores del pedido de ‘habeas corpus’, ha tachado la decisión de Thompson Flores de “absurda y completamente ilegal”.

En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Desde el pasado 7 de abril permanece preso en Curitiba (Paraná), en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (lavado a presión, en español).

Cronología de los hechos
Ayer domingo, el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre solicitó la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, informó Globo.

De acuerdo con el despacho judicial, se determinó la suspensión de su detención por no haber fundamento jurídico.

Sin embargo, el juez federal João Pedro Gebran Neto, involucrado en los procesos del caso de corrupción Lava Jato, determinó que no debe cumplirse la decisión tomada en esta misma jornada por el magistrado Rogério Favreto de liberar al expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Gebran plasmó su decisión en un documento oficial. En este reiteró su autoridad en el caso del exmandatario y aseguró que la tramitación del ‘habeas corpus’ debe ser revisada por él.

¿De qué se le acusa?
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera.

Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.

Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.

Argumento de la defensa del expresidente Lula da Silva

La defensa de Lula da Silva alegó en varias oportunidades que su estadía en prisión era una “ejecución anticipada” de la pena y que por tanto era inconstitucional, puesto que fue encerrado antes de que se agotaran todos los recursos. Asimismo remarcó que Lula, nuevamente candidato a la Presidencia, lidera las encuestas electorales. El propio expresidente ha reiterado su inocencia y pone en duda la de sus acusadores.

Una consulta realizada en junio de esta gestión reveló que Lula da Silva cuenta con 33 % de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 %; la ecologista Marina Silva, con 7 %, el laborista Ciro Gomes, con 4%; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, también con 4 %.

No obstante, la situación jurídica del favorito impide, de momento, que pueda postularse a las elecciones, previstas para octubre del presente año. De acuerdo con la ley electoral en Brasil, ninguna persona con condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede presentarse como candidato a un cargo de elección popular, porque corre el riesgo de ser vetado.

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