Objetivo: Conciliar Bs 3.500 MM con el Gobierno Central
Luego de tres años de gestión en crisis en la que se ha recurrido a la tramitación de fideicomisos y créditos privados para sobrellevar la carga financiera acumulada por el exgobernador Lino Condori y los subgobernadores entre 2011 y 2015, la Gobernación de Tarija, a falta de un Pacto Fiscal...
Luego de tres años de gestión en crisis en la que se ha recurrido a la tramitación de fideicomisos y créditos privados para sobrellevar la carga financiera acumulada por el exgobernador Lino Condori y los subgobernadores entre 2011 y 2015, la Gobernación de Tarija, a falta de un Pacto Fiscal completo, decidió poner en primer plano la exigencia de la conciliación pendiente con el Gobierno Nacional.
Primero el secretario de Planificación, Karym Leyton, y después el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, sacaron a colación una cifra: 3.500 millones de bolivianos que entre la Gobernación de Tarija y el Gobierno Regional del Gran Chaco habrían dejado de percibir o gastado de más en diferentes conceptos.
En 2015, cuando la Gobernación elaboró el Plan de Rescate para tratar de reencauzar la inversión en el departamento y cumplir con los compromisos adquiridos, una de las mesas de diálogo estaba destinada a la conciliación de cuentas aprobada por el entonces ministro de Economía Luis Arce Catacora, que no temía a la negociación al considerar que les era favorable.
Caminos
Con el aumento de ingresos en el departamento, la Prefectura de Mario Cossío decidió enfrentar algunos de los caminos de la Red Vial Fundamental que desde hacía años se venían postergando. Tanto para la Bermejo – San Antonio como para la ruta al norte, de Tarija a Cucho Ingenio, el Tesoro Departamental ha pagado su 30 por ciento correspondiente, sin embargo, para la ruta al Chaco se probó una fórmula que permitiera trocear y enfrentar mediante convenio algunos tramos. De esta forma también se permitía el acceso de empresas nacionales y departamentales, mientras que con los anteriores formatos se habían adjudicado a empresas concretamente brasileras.
“La primer área que hay que conciliar son las inversiones de Tarija a la Red Vial Fundamental, en el camino al Chaco (F11-F29), que está amparado en las leyes nacionales 2679 del 23 de abril de 2004 y la ley nacional 2915 del 18 de noviembre de 2004, así como el tramo Bemejo - Caraparí, la Ley Nacional 3062 del 19 de mayo de 2015, declara prioridad nacional a este camino; todas estas inversiones suman más de 2.166 millones de bolivianos” aseguró Peralta.
El Gobierno nacional ha financiado el tramo Entre Ríos – Palos Blancos, el más sinuoso de todos y de unos 65 kilómetros, con 85 millones de dólares, mientras que el resto ha sido financiado por la Gobernación de Tarija o las subgobernaciones chaqueñas. La ruta Bermejo – San Antonio – Caraparí fue departamentalizada pese a la Ley nacional.
Hidrocarburos
En Hidrocarburos, Peralta recordó que luego de la puesta en marcha de la planta separadora de Río Grande, Brasil hizo un pago en 2014 de 434 millones de dólares por los licuables utilizados entre 2007 y 2011, puesto que en una negociación previa se había determinado liberar una sexta parte del gas rico que se exportaba a ese país para poder utilizarlo en Bolivia. De ese importe nunca se pagaron regalías a Tarija ya que el Gobierno alegó que existían decretos que lo destinaban a industrialización.
Peralta también explicó que la “interpretación abusiva de la Constitución ha reducido ingreso por 1.700 millones de bolivianos respecto a la explotación del megacampo Margarita”.
Entre los asuntos pendientes por conciliar en el área de hidrocarburos hace referencia a los descuentos de la ley 767, que dota el fondo de incentivos petroleros con el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que hasta la fecha no ha dado resultados. “En este caso, además de la Gobernación, se les confiscaron recursos a la universidad pública y los municipios, que suman más de 140 millones entre todas las instituciones del departamento por la famosa ley de incentivos”.
Peralta también recordó el asunto del Bolivian Blend, una turbia operación de exportación de barriles de petróleo a través de intermediarios, por los que se liquidó regalías como si hubieran sido destinados al mercado interno.
Otros
Respecto a otros asuntos, Peralta también señaló que se han superado los 440 millones de bolivianos en la contratación de ítems de salud y educación que son de competencia nacional; también la deuda de San Jacinto, cobrada a la Gobernación de Tarija pese a haber sido condonada por Italia así como otras inversiones en infraestructuras.
“Aquí están las sumas, aquí está la discusión del dinero y durante dos años hemos hecho un trabajo minucioso, tramo por tramo, centavo a centavo, ítem por ítem para tener toda la información importante y documentación para abrir este proceso de negociación con argumentos muy sólidos”.
El Gobierno se queda sin proyectos en Tarija
Al margen de las inversiones en hidrocarburos, el Gobierno Nacional entregó en abril de este año el tramo Entre Ríos – Palos Blancos en la ruta al Chaco y desde entonces, no tiene ningún proyecto en marcha en el departamento.
En estudio se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para la que el Gobierno estimó 50 millones de dólares en 2016 pero que hasta la fecha no se concreta. También en estudio están tramos carreteros como el túnel del Aguaragüe o la Acheral – Choere.
Otros proyectos como los aeropuertos prometidos en el Chaco y en Tarija no han avanzado, y tampoco hay avances en represas o el proyecto eólico de Ende.
Primero el secretario de Planificación, Karym Leyton, y después el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, sacaron a colación una cifra: 3.500 millones de bolivianos que entre la Gobernación de Tarija y el Gobierno Regional del Gran Chaco habrían dejado de percibir o gastado de más en diferentes conceptos.
En 2015, cuando la Gobernación elaboró el Plan de Rescate para tratar de reencauzar la inversión en el departamento y cumplir con los compromisos adquiridos, una de las mesas de diálogo estaba destinada a la conciliación de cuentas aprobada por el entonces ministro de Economía Luis Arce Catacora, que no temía a la negociación al considerar que les era favorable.
Caminos
Con el aumento de ingresos en el departamento, la Prefectura de Mario Cossío decidió enfrentar algunos de los caminos de la Red Vial Fundamental que desde hacía años se venían postergando. Tanto para la Bermejo – San Antonio como para la ruta al norte, de Tarija a Cucho Ingenio, el Tesoro Departamental ha pagado su 30 por ciento correspondiente, sin embargo, para la ruta al Chaco se probó una fórmula que permitiera trocear y enfrentar mediante convenio algunos tramos. De esta forma también se permitía el acceso de empresas nacionales y departamentales, mientras que con los anteriores formatos se habían adjudicado a empresas concretamente brasileras.
“La primer área que hay que conciliar son las inversiones de Tarija a la Red Vial Fundamental, en el camino al Chaco (F11-F29), que está amparado en las leyes nacionales 2679 del 23 de abril de 2004 y la ley nacional 2915 del 18 de noviembre de 2004, así como el tramo Bemejo - Caraparí, la Ley Nacional 3062 del 19 de mayo de 2015, declara prioridad nacional a este camino; todas estas inversiones suman más de 2.166 millones de bolivianos” aseguró Peralta.
El Gobierno nacional ha financiado el tramo Entre Ríos – Palos Blancos, el más sinuoso de todos y de unos 65 kilómetros, con 85 millones de dólares, mientras que el resto ha sido financiado por la Gobernación de Tarija o las subgobernaciones chaqueñas. La ruta Bermejo – San Antonio – Caraparí fue departamentalizada pese a la Ley nacional.
Hidrocarburos
En Hidrocarburos, Peralta recordó que luego de la puesta en marcha de la planta separadora de Río Grande, Brasil hizo un pago en 2014 de 434 millones de dólares por los licuables utilizados entre 2007 y 2011, puesto que en una negociación previa se había determinado liberar una sexta parte del gas rico que se exportaba a ese país para poder utilizarlo en Bolivia. De ese importe nunca se pagaron regalías a Tarija ya que el Gobierno alegó que existían decretos que lo destinaban a industrialización.
Peralta también explicó que la “interpretación abusiva de la Constitución ha reducido ingreso por 1.700 millones de bolivianos respecto a la explotación del megacampo Margarita”.
Entre los asuntos pendientes por conciliar en el área de hidrocarburos hace referencia a los descuentos de la ley 767, que dota el fondo de incentivos petroleros con el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que hasta la fecha no ha dado resultados. “En este caso, además de la Gobernación, se les confiscaron recursos a la universidad pública y los municipios, que suman más de 140 millones entre todas las instituciones del departamento por la famosa ley de incentivos”.
Peralta también recordó el asunto del Bolivian Blend, una turbia operación de exportación de barriles de petróleo a través de intermediarios, por los que se liquidó regalías como si hubieran sido destinados al mercado interno.
Otros
Respecto a otros asuntos, Peralta también señaló que se han superado los 440 millones de bolivianos en la contratación de ítems de salud y educación que son de competencia nacional; también la deuda de San Jacinto, cobrada a la Gobernación de Tarija pese a haber sido condonada por Italia así como otras inversiones en infraestructuras.
“Aquí están las sumas, aquí está la discusión del dinero y durante dos años hemos hecho un trabajo minucioso, tramo por tramo, centavo a centavo, ítem por ítem para tener toda la información importante y documentación para abrir este proceso de negociación con argumentos muy sólidos”.
El Gobierno se queda sin proyectos en Tarija
Al margen de las inversiones en hidrocarburos, el Gobierno Nacional entregó en abril de este año el tramo Entre Ríos – Palos Blancos en la ruta al Chaco y desde entonces, no tiene ningún proyecto en marcha en el departamento.
En estudio se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para la que el Gobierno estimó 50 millones de dólares en 2016 pero que hasta la fecha no se concreta. También en estudio están tramos carreteros como el túnel del Aguaragüe o la Acheral – Choere.
Otros proyectos como los aeropuertos prometidos en el Chaco y en Tarija no han avanzado, y tampoco hay avances en represas o el proyecto eólico de Ende.