Casi acabado el Carnaval, o al menos sus días más dispendiosos, se espera que ahora sí arranque el año en serio. Lo grave es que estamos casi en marzo. Entre la política y la incertidumbre, las semanas han pasado sin que se acabe de poner un rumbo fijo para enderezar una maltrecha economía nacional en un contexto de depresión del entorno, donde las previsiones del FMI y compañía son siempre a la baja.

Ojalá la racionalidad económica que necesita el país se imponga sobre los criterios de manual y la ortodoxia liberal, ahora utilizada de forma populista, y que mil veces se ha evidenciado como inútil para Bolivia.

Si el Gobierno hubiera continuado siendo un Gobierno de transición, probablemente se hubieran diligenciado los asuntos mucho más ágilmente, concentrados en lo técnico y dejando para más adelante las decisiones más políticas. Sin embargo, al haberse transformado en un Gobierno – Candidato, la gestión, como tantos años durante la gestión del MAS, se subordina a la intención de reproducir el poder.

Así lo cuentan los alcaldes que esperan desembolsos y algún que otro gobernador. Así lo explican movimientos campesinos y sociales que aguardan “por lo suyo”. De momento ya se han “contemporizado” una buena cantidad de proyectos y obras al más puro estilo populista, mientras que en las determinaciones “marco”, el Gobierno se mueve en una suerte de advertencia propagandística, señalando lo que cree que se quiere oír, pero dejándolo para “más adelante”.

Es el caso, por ejemplo, de los bonos, cuya incidencia en el PIB es mínima pero que genera rechazo en un sector de la población que los considera parte de un esquema “socialista”. Sin entrar al fondo de la cuestión, el Gobierno actual ha “garantizado” su continuidad, pero por línea baja sigue alimentando el debate. Algo similar sucede con las empresas del Estado; asaltadas con ansias como demostró el caso Entel, aunque el discurso oficial hable de “racionalizar”, sin evitar la asimilación de “privatización”. En la práctica todo parece ser menos ortodoxo, como sugiere el matrimonio de intereses Amaszonas – BoA, pero para rematarlo, el socio al que Áñez pretende dejar la planificación económica: Samuel Doria Medina, insiste en que no se privatizará. El mensaje es relevante viniendo de un exministro de la privatización que acabó con el control de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento y que tras multiplicar su valor sobre todo por el boom de la construcción en los últimos quince años, acabó vendiendo la ex estatal a capitales extranjeros y con un paraíso fiscal en la operación.

Algo similar, por lo simbólico, se viene ejerciendo con los hidrocarburos. La situación de reservas y mercados es crítica, pero la solución para este Gobierno transitorio y candidato no pasa por fortalecer las capacidades propias, sino que incluso pretende profundizar la dependencia exportadora. Mientras se muerden la lengua con Tariquía, no han dudado en impulsar el proyecto de fracking en Miraflores para aumentar reservas, pero con el objetivo declarado de profundizar la exportación sin aclarar muy bien a quién venderán, pues tanto Brasil como Argentina serán autosuficientes en poco tiempo. Ya no hablamos solo de la industrialización del gas propiamente dicha, sino de dejar sin gas a las empresas cementeras del Estado, que resultan estratégicas en numerosos sentidos, sobre todo, en la contención del precio de la vivienda para los más pobres.

Como quien dice, el año empieza en serio a partir de este miércoles de ceniza y hay poco margen de acción. Ojalá la racionalidad económica que necesita el país se imponga sobre los criterios de manual y la ortodoxia liberal, ahora utilizada de forma populista, y que mil veces se ha evidenciado como inútil para Bolivia.