No desnacionalizar

La urgencia hoy no es por desnacionalizar, sino por fortalecer una empresa que necesita tener la voz fuerte y libre para tomar las decisiones inmediatas, que cada vez son más urgentes para el país.

A 13 años y medio de la última nacionalización de los hidrocarburos, la situación puede ser un tanto delicada para el sector, pero en líneas generales hay un consenso sobre la medida; necesaria en su momento y todavía con muchas posibilidades de profundización. El acuerdo es tal que apenas alguno de los candidatos “pequeños” plantea abiertamente volver a la privatización, mientras que Óscar Ortíz habla de profesionalizar YPFB sin aclarar el asunto de fondo y Carlos Mesa ha tenido que explicitar que no lo hará.

Desde cualquier análisis, la medida de la nacionalización fue buena y permitió cumplir con la Ley de Hidrocarburos y garantizar un mayor ingreso para el Estado tras años de vaciamiento institucional. Lo más elocuente es que ninguna de las nacionalizadas optó por marcharse y las protestas fueron mínimas, señal evidente de que no se trataba de una “injusticia”. Evidentemente después optaron por el proceso de la concertación logrando unas condiciones favorables en la renegociación de los contratos, con capítulos oscuros como los gastos recuperables, etc., pero eso es harina de costal.

En Bolivia han pasado 13 años y pingües beneficios por los altos precios de los hidrocarburos en buena parte de ellos, pero YPFB sigue siendo excesivamente dependiente de las empresas operadoras extranjeras

El control estatal sobre el sector energético y la operación del mismo a través de empresas públicas es habitual en los grandes países petroleros del Golfo Pérsico, en los africanos e incluso, en Argentina, donde el muy liberal – ortodoxo Mauricio Macri no ha revertido la nacionalización de YPF que recuperó Cristina Fernández en 2012. También las grandes europeas y las norteamericanas se alinean a los intereses estratégicos de sus Estados, y viceversa.

La clave, sin embargo, es que esas empresas sean de verdad fuertes y controlen el sector, porque de lo contrario, la empresa estatal queda expuesta a los designios del mercado internacional y de la buena o mala voluntad de los “socios”, que en una relación de este calibre no tiene otro norte que los beneficios asegurados, o los intereses estratégicos de sus Estados.

En Bolivia han pasado 13 años y pingües beneficios por los altos precios de los hidrocarburos en buena parte de ellos, pero YPFB sigue siendo excesivamente dependiente de las empresas operadoras extranjeras, y ni siquiera las participadas, como Andina o Chaco, garantizan una autonomía suficiente para la dimensión del desafío.

La exploración de los hidrocarburos pasa por ser la piedra angular de cualquier desarrollo basado en este sector. Garantizar la existencia, sea para industrializar o sea para venderlo como toda la vida, es lo que permite profundizar en los proyectos, sean cuales sean.

La asignatura sigue pendiente, con el agravante de que las empresas empiezan a calcular esas operaciones de exploración en términos de rentabilidad basadas en el fracking y otras técnicas agresivas con el medio ambiente, que evidentemente requieren de un consenso nacional para llevarse a cabo.

La urgencia hoy no es por desnacionalizar, sino por fortalecer una empresa que necesita tener la voz fuerte y libre para tomar las decisiones inmediatas, que cada vez son más urgentes.

 

 

 


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