Ni el Ministerio ni la UNO dan salida a más de 400 afectados
Más de 400 universitarios siguen en la incertidumbre porque no hay una solución, en cuanto a reconocimiento de tiempo de estudios en Medicina y Fisioterapia, en la Universidad Nacional del Oriente (UNO) sede Tarija. Algunos padres de familia se sienten estafados por esa casa de estudios...
Más de 400 universitarios siguen en la incertidumbre porque no hay una solución, en cuanto a reconocimiento de tiempo de estudios en Medicina y Fisioterapia, en la Universidad Nacional del Oriente (UNO) sede Tarija. Algunos padres de familia se sienten estafados por esa casa de estudios superiores, pero también observan incumplimiento de deberes por parte del Ministerio, por no alertar que esas dos carreras no estaban autorizadas.
Es así que la mañana del 15 de mayo protagonizaron una marcha por el centro de la ciudad, de esa manera reclamar una solución a la UNO y al Ministerio de Educación, instancia que ya sancionó a esa universidad; una multa económica, el no reconocer la matrícula de esos estudiantes y que nunca más puedan abrir esas dos carreras.
Uno de los movilizados fue Edwin Pérez, quien en representación de los manifestantes explicó que como papás de los estudiantes se organizaron para exigir una solución. Estima que son más de 400 universitarios que están en esa situación.
“Hay una resolución que deniega esas carreras, pero nosotros no conocemos el procedimiento legal, así que hemos inscrito a nuestros hijos y estamos reclamando a las autoridades que nos den una solución -comentó Pérez- hay estudiantes que ya están en el quinto semestre y la mensualidad es de alrededor de 700 bolivianos”.
[caption id="attachment_269965" align="alignleft" width="215"] Eduardo Cortez, Viceministro[/caption]
Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, explicó que su repartición hizo cumplir la normativa a través de una resolución sancionatoria. Al margen de ello, iniciaron otros procesos judiciales.
El titular del Viceministerio sostuvo que los padres de familia tienen que exigir la solución a la universidad, porque fueron ellos lo que estafaron a los estudiantes al matricularlos sin tener una autorización. Su institución solo se limitó a actuar conforme establecen los reglamentos.
“Los padres de familia y estudiantes manifiestan su preocupación ante el Ministerio como si nosotros fuésemos los culpables. Ellos deberían hacerlo hacia la universidad, porque son ellos los que cometieron esa irregularidad. Si ellos hubiesen cumplido los procedimientos, todo estuviera en calma y no hubiese el problema-comentó- los papás tendrán que demandar a quiénes les causaron el perjuicio. No somos nosotros los del problema, solo hacemos cumplir las normativas, porque de lo contrario marcaríamos un nefasto antecedente, luego cualquier otra persona hará lo mismo y ofrecerá carreras sin autorización”.
Cortez comentó que la UNO, después de la resolución sancionatoria, presentó un recurso de revocatoria, pero a su criterio no iba al fondo del problema, por lo que se volvió a ratificar el primer documento emitido. Luego recibió una nota de algunos padres de familia, quienes reconocen que hubo irregularidades por parte de la universidad y también piden una solución. Después la propia universidad envió una nota que reconoce que cometió irregularidades y pide una alternativa de solución.
Desde la anterior semana El País solicitó una entrevista a las autoridades de la UNO, pero desde la sede Tarija indicaron que solo están autorizados para hablar sobre el tema, desde la nacional.
Es así que la mañana del 15 de mayo protagonizaron una marcha por el centro de la ciudad, de esa manera reclamar una solución a la UNO y al Ministerio de Educación, instancia que ya sancionó a esa universidad; una multa económica, el no reconocer la matrícula de esos estudiantes y que nunca más puedan abrir esas dos carreras.
Uno de los movilizados fue Edwin Pérez, quien en representación de los manifestantes explicó que como papás de los estudiantes se organizaron para exigir una solución. Estima que son más de 400 universitarios que están en esa situación.
“Hay una resolución que deniega esas carreras, pero nosotros no conocemos el procedimiento legal, así que hemos inscrito a nuestros hijos y estamos reclamando a las autoridades que nos den una solución -comentó Pérez- hay estudiantes que ya están en el quinto semestre y la mensualidad es de alrededor de 700 bolivianos”.
[caption id="attachment_269965" align="alignleft" width="215"] Eduardo Cortez, Viceministro[/caption]
Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, explicó que su repartición hizo cumplir la normativa a través de una resolución sancionatoria. Al margen de ello, iniciaron otros procesos judiciales.
El titular del Viceministerio sostuvo que los padres de familia tienen que exigir la solución a la universidad, porque fueron ellos lo que estafaron a los estudiantes al matricularlos sin tener una autorización. Su institución solo se limitó a actuar conforme establecen los reglamentos.
“Los padres de familia y estudiantes manifiestan su preocupación ante el Ministerio como si nosotros fuésemos los culpables. Ellos deberían hacerlo hacia la universidad, porque son ellos los que cometieron esa irregularidad. Si ellos hubiesen cumplido los procedimientos, todo estuviera en calma y no hubiese el problema-comentó- los papás tendrán que demandar a quiénes les causaron el perjuicio. No somos nosotros los del problema, solo hacemos cumplir las normativas, porque de lo contrario marcaríamos un nefasto antecedente, luego cualquier otra persona hará lo mismo y ofrecerá carreras sin autorización”.
Cortez comentó que la UNO, después de la resolución sancionatoria, presentó un recurso de revocatoria, pero a su criterio no iba al fondo del problema, por lo que se volvió a ratificar el primer documento emitido. Luego recibió una nota de algunos padres de familia, quienes reconocen que hubo irregularidades por parte de la universidad y también piden una solución. Después la propia universidad envió una nota que reconoce que cometió irregularidades y pide una alternativa de solución.
Desde la anterior semana El País solicitó una entrevista a las autoridades de la UNO, pero desde la sede Tarija indicaron que solo están autorizados para hablar sobre el tema, desde la nacional.