Municipio inicia demolición de asentamientos en Sama

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) advierte que si no se pone un freno a los asentamientos en cercanías de Sama, en unos diez años como mínimo, las construcciones penetrarán la Reserva

Mapa de la situación de la coordillera de Sama

El municipio de Cercado inició el proceso para demoler los asentamientos que están en las zonas de recarga de agua de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, de esa manera frenar este fenómeno que cada vez avanza más. Esta situación, considerada como peligrosa para el ecosistema, fue advertida el año 2018 mediante un estudio realizado por la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB).

Según el documento de esa institución, son 16.264 personas que viven en la zona de amortiguamiento externa, área por donde filtra el agua de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. Cercado concentra el 47 por ciento (7.667), el 32 por ciento (5.233) está en San Lorenzo, un 12 (1.972) en Padcaya y un 9 por ciento (1.392) en Uriondo.

El director de  Ordenamiento Territorial (DOT) de Cercado, Horacio Rodríguez, explicó que ya se ingresó a un proceso de demolición. Se trata del primer caso de esta índole, ubicado en la comunidad de Lazareto. Se continuarán con las notificaciones e inspecciones para reunir los elementos probatorios en los demás lugares.

El funcionario argumentó que se tiene como base el estudio de la OTN, institución que tiene con exactitud la identificación de los asentamientos. Pero también pueden actuar a través de denuncias.

“Sería importante una ley específica para actuar al respecto, sobre zonas de amortiguamiento de la Reserva de Sama. De esa manera, dar mayor garantía legal a esos espacios, porque en la actualidad se tiene una norma muy general -comentó Rodríguez- por ahora se tienen como pequeña propiedad o tierra agraria, pero no hay una normativa de sub uso de ese suelo para poder protegerlo. Las normativas las tendrían que trabajar cada municipio, pero también la Gobernación a través de la Asamblea Legislativa Departamental”.

Rodríguez señaló que una prueba de un trabajo sobre ello, es que el 18 de octubre se tendrá una reunión con todos los municipios sobre la situación de los asentamientos en áreas rurales, donde también se tratará temas de problemática ambiental.

Para el director de la Reserva Biológica de Sama, Marcelo Ruiz, la OTN hizo un aporte importante mediante el estudio realizado, pero el control está en manos de los gobierno municipales por donde atraviesa el área protegida, porque se tratan de zonas externas pero importantes por ser lugares de amortiguamiento.

“Eso más que todo lo tienen que poner en práctica los municipios. Por ejemplo, si se va hacia San Andrés, todas las parcelas están loteándose al margen de los caminos, eso es evidente -comentó el funcionario- se tiene que poner un freno a esa situación. Para nosotros es preocupante, vamos a solicitar una reunión, porque si no se hace nada, en unos diez años a lo mucho, los asentamientos llegarán a penetrar la Reserva”.

Como institución dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ruiz indicó que tienen que hacer seguimiento a otras problemáticas dentro de la Reserva de Sama, entre las principales en la zona baja está la extracción de áridos en la parte de San Andrés, Bella Vista y San Pedro de Sola; en la parte alta, los proyectos de construcción.

Toda la Reserva Biológica de Sama es de 108.500 hectáreas, pero son solo ocho guardaparques los que tiene que hacer un control de ella.

El director de la OTN-PB, Rubén Vaca, aseguró a El País que los resultados del estudio ya son de conocimientos de los alcaldes de los cuatro municipios involucrados en esta temática; Cercado, San Lorenzo, Padcaya y Uriondo. Entonces, la idea es que se puedan generar leyes, tanto municipales como departamentales, para ejercer un control, frenar la contaminación y una regulación del uso de suelo.