México zanja varios acuerdos en disputa porlos gasoductos
El gobierno mexicano anunció el martes que coronó diversos acuerdos en la renegociación de multimillonarios contratos de gasoductos con varias empresas, lo que permitirá al país ahorros por unos 4,500 millones de dólares por la reducción de tarifas de transporte de gas natural. Los...
El gobierno mexicano anunció el martes que coronó diversos acuerdos en la renegociación de multimillonarios contratos de gasoductos con varias empresas, lo que permitirá al país ahorros por unos 4,500 millones de dólares por la reducción de tarifas de transporte de gas natural.
Los convenios ponen fin a la amenaza de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ir a arbitrajes internacionales por varias cláusulas de los contratos de siete ductos, entre los que destaca uno recién acabado de construir por la canadiense TC Energy en sociedad con IEnova, de la estadounidense SempraEnergy, de 2,600 millones de dólares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta hace pocos meses denunció que los contratos firmados durante el gobierno anterior eran “leoninos” y dañinos para el país, dijo que los acuerdos permitieron condiciones ventajosas para todos.
La primera empresa que llegó a un convenio fue una filial del Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim; mientras que aún falta afinar detalles sobre los contratos de dos ductos de Fermaca, controlada por el fondo suizo PartnersGroup.
IMG, la alianza entre TC Energy e IEnova, dijo que espera comenzar con la operación comercial del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan -de 772 kilómetros- “en los siguientes días”, una vez que reciba el visto bueno de la CFE y del regulador del sector.
IEnova dijo por separado que también alcanzó un acuerdo sobre el Gasoducto Guaymas–El Oro y que espera de la CFE brinde “los apoyos que corresponda” para lograr el reinicio de operaciones de la instalación.
“Yo considero que el acuerdo es beneficioso para la nación porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de 4,500 millones de dólares”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina a la que asistieron dueños y directivos de las empresas involucradas.
Las solicitudes de arbitrajes encendieron las alertas sobre si el gobierno respetaría los contratos firmados en anteriores administraciones o, por el contrario, si abrirá varios frentes de batalla con empresas privadas que podrían poner en riesgo inversiones en sectores clave.
El director general de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que se bajaron de manera sustancial las tarifas de servicio de transporte de gas, “porque era el punto central de la renegociación”, para que reflejen “costos reales”. Detalló que serán fijas, planas y niveladas a través el tiempo.
El funcionario dijo también que hubo “acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y causas de fuerza mayor y desistimiento de cualquiera de las partes de cualquier acción legal como lo deseaba el presiente, desde un principio”.
López Obrador también dijo que las empresas aceptaron reducir sus utilidades en los contratos de los gasoductos en alrededor de un 30% y que en algunos casos se ampliaron plazos, pero no dio mayores detalles.
“Ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas (...) Ganamos también porque evitamos un pleito que nos hubiese significado ir a tribunales internacionales, que iba a generar una desconfianza hacia el gobierno”, afirmó.
Los convenios ponen fin a la amenaza de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ir a arbitrajes internacionales por varias cláusulas de los contratos de siete ductos, entre los que destaca uno recién acabado de construir por la canadiense TC Energy en sociedad con IEnova, de la estadounidense SempraEnergy, de 2,600 millones de dólares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta hace pocos meses denunció que los contratos firmados durante el gobierno anterior eran “leoninos” y dañinos para el país, dijo que los acuerdos permitieron condiciones ventajosas para todos.
La primera empresa que llegó a un convenio fue una filial del Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim; mientras que aún falta afinar detalles sobre los contratos de dos ductos de Fermaca, controlada por el fondo suizo PartnersGroup.
IMG, la alianza entre TC Energy e IEnova, dijo que espera comenzar con la operación comercial del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan -de 772 kilómetros- “en los siguientes días”, una vez que reciba el visto bueno de la CFE y del regulador del sector.
IEnova dijo por separado que también alcanzó un acuerdo sobre el Gasoducto Guaymas–El Oro y que espera de la CFE brinde “los apoyos que corresponda” para lograr el reinicio de operaciones de la instalación.
“Yo considero que el acuerdo es beneficioso para la nación porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de 4,500 millones de dólares”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina a la que asistieron dueños y directivos de las empresas involucradas.
Las solicitudes de arbitrajes encendieron las alertas sobre si el gobierno respetaría los contratos firmados en anteriores administraciones o, por el contrario, si abrirá varios frentes de batalla con empresas privadas que podrían poner en riesgo inversiones en sectores clave.
El director general de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que se bajaron de manera sustancial las tarifas de servicio de transporte de gas, “porque era el punto central de la renegociación”, para que reflejen “costos reales”. Detalló que serán fijas, planas y niveladas a través el tiempo.
El funcionario dijo también que hubo “acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y causas de fuerza mayor y desistimiento de cualquiera de las partes de cualquier acción legal como lo deseaba el presiente, desde un principio”.
López Obrador también dijo que las empresas aceptaron reducir sus utilidades en los contratos de los gasoductos en alrededor de un 30% y que en algunos casos se ampliaron plazos, pero no dio mayores detalles.
“Ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas (...) Ganamos también porque evitamos un pleito que nos hubiese significado ir a tribunales internacionales, que iba a generar una desconfianza hacia el gobierno”, afirmó.