Los rastros de la corrupción de Olympus en la salud boliviana

Este trabajo de investigación se desarrolló con el apoyo del VII Fondo Spotlight de la Fundación Para el Periodismo y European Journalism Centre (ejc).

Correos electrónicos, fechas, nombres de equipos médicos, modo de operación y licitaciones “direccionadas”. Olympus Latin América Inc (OLA), una de las empresas internacionales líderes en distribución de equipos médicos, principalmente endoscopios y equipos relacionados, incluido microscopios, fue sancionada el año 2016 por la Corte de Justicia del Distrito de Nueva Jersey – Estados Unidos (EEUU) por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los hechos irregulares sucedieron en países de Centroamérica y Sudamérica, entre ellos: Brasil, Argentina, Colombia, México, Costa Rica; y también en Bolivia.

La sanción fue resultado de una investigación que desembocó en un Acuerdo Diferido con duración de tres años (hasta marzo del 2019), un mecanismo propio de la Justicia norteamericana. Acogerse a ello le significó a OLA pagar 22,8 millones de dólares, de esa manera evitar un proceso penal, siempre y cuando la empresa acusada no incumpliera los compromisos.

El Acuerdo Diferido alcanzado por Olympus con la Justicia estadounidense le supuso pagar 22,8 millones de dólares para evitar un proceso penal

De los países citados algunos abrieron investigaciones propias, pero en el caso de Bolivia, sin embargo, no solo no se revelaron estos hechos luego de hacerse público en EEUU, sino que las ventas de esa firma internacional continuaron. Si entre 2006 y 2011 – periodo de corrupción confesado – las ventas fueron de al menos 3,8 millones de bolivianos; entre 2013 y 2018 el negocio superó los 18 millones en el territorio nacional.

La Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda, una poderosa empresa que ya es centenaria dentro del territorio nacional, aparece como la única distribuidora oficial de los productos Olympus. Otras dos empresas con distinta razón social y distinto Número de Identificación Tributario (NIT): Mipro SRL y Compañía Comercial Industrial Boliviana CIBO SA, también vendieron equipos de esa marca mundial; la primera inició contratos el 2011, último año del periodo investigado y sancionado en EEUU; la segunda a partir del 2013. Ambas están domiciliadas en el mismo edificio de Hansa Ltda en La Paz. En Tarija, mientras tanto, opera con estos equipos la Distribuidora y Comercializadora Dinasal SRL.

En el periodo investigado y sancionado, Olympus a través de su representante se adjudicó contratos al menos en nueve instituciones estatales: entre hospitales, Ministerio de Salud y gobiernos municipales. Después, hasta el año 2018, los contratos se ampliaron a 17 instituciones en siete departamentos, en el que se incluye gobernaciones.

La inversión en salud en Bolivia pasó de 2.700 millones de bolivianos en el año 2005 a 18.000 millones de bolivianos el año 2018, pero el sistema de salud público siguió siendo eminentemente de pago. Según el Ministerio de Salud, en ese último año la cobertura sanitaria por Seguros Médicos alcanzaba al 49 por ciento de los ciudadanos bolivianos mientras que el resto se atendía en los centros estatales. Bolivia ocupa el penúltimo puesto de América Latina y el Caribe en eficacia de los sistemas de salud según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en agosto del 2018.

 

El origen

La Justicia de Estados Unidos estableció que desde 2006 hasta 2011 Olympus realizó cientos de pagos ilegales a empleados públicos o médicos en Centroamérica y Sudamérica, así inducir en la compra de equipos médicos en licitaciones públicas. OLA reconoció después al menos 7.556.566 dólares (52.291.436,72 bolivianos al tipo de cambio actual) en ganancias como resultado de los pagos ilícitos.

En 2006 miembros de la compañía definieron un plan para aumentar sus ventas. El primer paso fue crear centros de alta formación para profesionales y especialistas donde la transnacional captó a funcionarios y ejecutivos de salud del sector público, que una vez reclutados contribuyeron a influir en las licitaciones de equipos médicos. En la jerga del plan, Olympus les asignó el sobrenombre de “líderes de opinión”.

OLA reconoció después al menos 7.556.566 dólares (52.291.436,72 bolivianos al tipo de cambio actual) en ganancias como resultado de los pagos ilícitos

A cambio de los favores, los “líderes de opinión” recibían recursos económicos en efectivo, transferencias de dinero, equipos médicos gratis o con descuentos para sus clínicas o boletos de avión internacionales dentro de un sofisticado “Plan Millas”.

Entre febrero de 2007 y junio de 2010 OLA abrió 13 centros de formación, incluyendo siete conectados a hospitales estatales en América Central y del Sur.

La World Gastroenterology Organizatión (WGO) revela en su página web que en la ciudad de La Paz existe el Centro de Entrenamiento en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva para Latinoamérica. Además, “agradece a Olympus por el apoyo y patrocinio de ese centro”, el cual funciona en el mismo edificio del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ), que está dentro del complejo hospitalario de Miraflores que es de titularidad pública. En cualquier caso, el Acuerdo Diferido que logró Olympus con la Justicia estadounidense guarda en reserva los nombres de los 13 centros abiertos por OLA en Latinoamérica.

El caso en Bolivia

La investigación realizada por la Justicia de Estados Unidos aportaba mails reveladores, aunque por el Acuerdo en el que Olympus reconoce la culpabilidad, estos no fueron publicados en su totalidad. Entre los varios ejemplos en cada país, destaca en Bolivia un caso particular en el que guarda en reserva los datos.

Mail 1

El 8 de abril del 2009 el médico #1 (sin especificar nombre), que participaba en procesos de licitación de un hospital público bajo el control del Ministerio de Salud, envió un correo electrónico a un funcionario de OLA en Miami y le da a entender que, si Olympus quería ganar a futuro la provisión de productos, tenía que donar un equipo a favor de una clínica privada, la cuál era propiedad del médico #1.

Mail 2

Alrededor del 20 de mayo del 2009, un empleado de OLA en Miami envió un correo a otro compañero para decirle que el hospital de Bolivia compraría un enteroscopio a través de licitación, pero a cambio tenían que donar una torre de endoscopia con varios accesorios para uso personal en la clínica privada del médico #1.

En la revisión de compra de equipos Olympus en Bolivia en ese periodo, hay una que encuadra con las descripciones dadas por la Justicia de EEUU. A casi dos meses después del intercambio de mail, para ser exactos, el 21 de julio del 2009, el Instituto Gastroenterológico de La Paz firmó contrato con la empresa Hansa Ltda para la provisión de un equipo de video enteroscopia asistida por balón, por un monto de 494.075,14 bolivianos (71.389 dólares). Así lo muestra el Sistema de Contrataciones Estales (Sicoes).

La empresa se adjudicó ese contrato sin ningún competidor de por medio, además, en las Especificaciones Técnicas del Documento Base de Contrataciones (DBC), la institución pública solicitó que el equipo sea compatible con “torres Olympus”.

El artículo 40 inciso n) del Decreto Supremo 0181 de Bolivia, que regula las adjudicaciones públicas, dice que está prohibido “Direccionar el contenido del DBC, tomando como criterios de evaluación la marca comercial y/o características exclusivas de un proveedor. Cuando fuere absolutamente necesario citarlas, deberán agregarse las palabras (o su equivalente) a continuación de dicha referencia, a fin de aclarar una especificación que de otro modo sería incompleta”.

El formulario 500 del Sicoes muestra que la comisión de recepción del video enteroscopia asistida por balón estuvo conformada por cuatro funcionarios del Instituto, de los cuales dos son médicos y uno de ellos es dueño de una clínica privada especializada en gastroenterología, según consta en el Libro de Registro 80 con número 00343547 en Fundempresa.  (Descargue los documentos de este caso aquí).

Equipos y custodias

Era una tarde lluviosa de diciembre cuando llegamos a la clínica privada Unigastro, propiedad del doctor Guido Villa – Gómez Roig, piso 6 de un edificio en la zona Calacoto de La Paz.

El ambiente es prolijo e impecable, el teléfono no dejaba de sonar. En uno de los pasillos de la clínica reluce una placa color plateada con el siguiente texto, “La División de Soluciones Médicas de Hansa Ltda., agradece y felicita a Unigastro por la inauguración del primer centro de entrenamiento privado de gastroenterología y endoscopía digestiva en Bolivia, equipado con tecnología de última generación de marca Olympus. Deseándole todo el éxito en este nuevo emprendimiento y felicitarlo por su constante apoyo en mejorar la salud en beneficio de la población boliviana. La Paz, febrero de 2011”. Más abajo están los logotipos de Olympus y Hansa Ltda.

Las redes sociales también documentan la relación con fotografías junto a una exposición de equipos médicos de Olympus, que de fondo tienen banners de esa marca, pero también de Hansa.

Villa – Gómez Roig es una institución en su área y ha recogido premios y reconocimientos en Bolivia y también a nivel internacional como señalan numerosas publicaciones de prensa.

El 29 de noviembre este diario solicitó por escrito una entrevista formal para consultar sobre el proceso de compra del video enteroscopia asistida por balón realizado en 2009, ya que en esa licitación él era jefe de Endoscopía del IGBJ y preguntarle sobre el centro de entrenamiento público del cuál es director, además de la relación que tenía o tiene con las dos empresas, Olympus y Hansa y despejar cualquier tipo de duda sobre la vinculación.

La respuesta fue mediante correo electrónico, indicaba que estaba de viaje en Uruguay en un Congreso, además que estaba jubilado del IGBJ y que, de ser necesario el director en ejercicio de esa institución, Juan Guerra, colaborase con la documentación.

La mañana del 3 de diciembre el doctor Guerra abrió su oficina advertido de la solicitud. El galeno salió detrás de su escritorio coronado con las banderas de Japón y Bolivia. Luego de un apretón de manos en señal de saludo, se dirigió a donde estaba el juego de sillón sofá y escuchó atentamente el por qué se solicitaba la documentación de ese contrato.

La conversación duró aproximadamente 15 minutos, mientras se desabrochaba uno de los botones de su bata blanca dijo que ya encontraron los documentos del proceso de compra y que iba a proporcionar una copia notariada. Para que eso sea factible pidió otra carta dirigida a su persona, así en el plazo de 24 horas iba a remitir lo solicitado.

Un café Internet que estaba frente al complejo hospitalario de Miraflores sirvió para redactar e imprimir la misiva, que minutos más tarde terminó en manos de Guerra. Al día siguiente, fue otra la historia.

Antes que el reloj marque las 9.00 de la mañana del 4 de diciembre, de su oficina salió una funcionaria para decir que el médico estaba en una conferencia y que iba tardar una hora. Transcurrió el tiempo y retornó el galeno. No hubo apretón de manos ni invitación a su oficina. Llamó a otra profesional para ordenarle redactar una respuesta.

Luego, dos funcionarias entraban y salían de la oficina del galeno, hasta que al final una de ellas entregó la respuesta, la hoja aún dejaba sentir en las manos el calor irradiado por la máquina de imprimir. La carta indicaba que no podían dar la documentación porque el equipo estaba bajo custodia del Centro de Entrenamiento del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, cuyo director estaba de viaje en Uruguay y que se envíe otra misiva, pero notariada, dirigida a ese médico a partir del 10 del mismo mes, aunque la primera carta en busca de información fue dirigida a ese mismo galeno.

Volviendo al caso de la documentación de la Justicia de EEUU, ésta muestra que entre junio de 2009 y alrededor de abril de 2010, OLA proporcionó al menos 25.000 dólares (173.000 bolivianos) en equipos gratis, viajes de educación médica personales o no relacionados con Olympus y, material pecuniario para un médico #1 en Bolivia, el cual no ha sido identificado.

Los contratos

Periodo 1

El Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido al que se acogió la compañía en EEUU para evitar un proceso penal, muestra que este tipo de actos ilegales se practicó desde el 2006 hasta el 2011 en Centroamérica y Sudamérica, en la que no estuvo exenta Bolivia. (descargue el documento completo aquí)

En la página web de Olympus se evidencia que Hansa Ltda es su única distribuidora en Bolivia. Esta empresa se hizo de al menos 20 contratos con 9 instituciones estatales en ese periodo, pero también aparece por primera vez la empresa Mipro SRL como vendedora de cuatro equipos de esa marca en el año 2011.

Entre las adjudicaciones encontradas está la del 1 de diciembre del 2008, cuando el Gobierno Municipal de Cochabamba contrató a Hansa para la provisión de un sistema de video laparoscopia con instrumental quirúrgico para el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés de esa ciudad. El costo fue de 805.980 bolivianos (116.471 dólares).

Si bien el DBC inicial no pide una marca específica, en la reunión de aclaración añaden que el equipo ofertado deba ser compatible con los que cuenta el hospital, que en su mayoría son Olympus.

Acta Aclaración by El País Tarija on Scribd

En otro caso, el 2 de diciembre de 2008 el Hospital General San Juan de Dios de Oruro le adjudicó la provisión de un microscopio a Hansa por un monto de 39.998 bolivianos (5.780 dólares). En las especificaciones técnicas pide que el equipo sea un “BX41 versátil”. Con el simple ejercicio de añadir esa característica al Google, se evidencia que se trata de un modelo fabricado por Olympus.

Otra venta se realizó el 29 de julio de 2010 cuando el Instituto de Gastroenterología de La Paz le adjudicó a Hansa, de nuevo sin una empresa competidora, la provisión de un video gastroscopio fino, el monto ascendió a los 252.753 bolivianos (36.525 dólares). Al igual que en los anteriores casos, en las especificaciones técnicas piden que el equipo sea compatible con Olympus.

Esos son algunos ejemplos de los 24 contratos encontrados en los años que Olympus reconoce hechos de corrupción en América Central y del Sur. La suma total asciende a 3.854.726 bolivianos (557.041 dólares) en ventas. Es tarea de los operadores de justicia verificar si todas estas adjudicaciones fueron irregulares o no.

En este periodo, las entidades contratantes fueron: Gobierno Municipal de Santa Cruz, Gobierno Municipal de Cochabamba, Gobierno Municipal de Sucre, Hospital General San Juan de Dios de Oruro (HGSJD), Hospital Municipal Corea, Instituto de Gastroenterología, Instituto Nacional del Torax, Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uria y Hospital de Clínicas, los cinco últimos mencionados están ubicados en La Paz.

 

Contratos post denuncia

Periodo 2

Mientras la justicia de EEUU hacía pública la multa aplicada a Olympus por contravenir la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, 1 marzo del 2016, instituciones estatales de Bolivia continuaron entregando contratos a su distribuidora oficial, Hansa Ltda. En cambio, en Argentina fue motivo para abrir una investigación por parte de la Justicia e incluso se interpusieron demandas penales por parte de legisladores nacionales para identificar y sancionar a los responsables.

Lo único evidente en Bolivia, luego de la sanción en EEUU,  es que las ventas de Olympus continuaron: El 12 de octubre del 2016,  el Instituto de Gastroenterología ya dependiente de la Gobernación de La Paz, adjudicó a Hansa la provisión de un videoduodenoscopio por un monto de 246.800 bolivianos (35.664 dólares), bajo el contrato BI-011-2016. No hubo otro competidor ya que las especificaciones técnicas pedían que el equipo fuera compatible con Olympus. (descargue aquí los documentos).

El 26 de julio del 2017, bajo el contrato número 006, esa misma institución adjudicó a Olympus/Hansa, de nuevo sin un competidor, la provisión de una torre de cirugía laparoscópica por un monto de 699.995 bolivianos (111.155 dólares). En las especificaciones técnicas de esa licitación, pedía que fuera compatible con guías de luz Karl Storz, Striker, Aesculap;  y también Olympus. (descargue aquí los documentos)

En total, entre 2016 y 2018 Olympus/Hansa se hizo al menos de 18 contratos con entidades estatales que suman 2.946.975 bolivianos (425.863 dólares). Las instituciones contratantes durante ese periodo son: Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Hospital General San Juan de Dios, Instituto de Gastroenterología de La Paz, Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliga Uria, Hospital de Clínicas y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Terceras empresas

Perido 3

Tres años antes del 2016 los equipos Olympus no solo se vendieron al Estado mediante Hansa Ltda, sino también bajo terceras empresas que triplicaron las ventas. Se trata de: MIPRO SRL, CIBO SA y Dinasal SRL.

Según registro de Fundempresa (actualizada a 2018), CIBO SA tiene como objeto o actividad, “dedicarse a la industria maderera y comercio de piezas y partes para tractores y maquinaria de construcción de carreteras, agroindustria, importación de tractores para la agroindustria y maquinaria pesada para la construcción”, pero igual vendió equipos médicos al Estado.

Como ejemplo se tiene el contrato 505/2014 del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, que adjudicó a la empresa CIBO SA la provisión de un video duodenoscopio por un monto de 391.500 bolivianos (56.575 dólares) y un sistema de laparoscopía por un costo de 216.000 bolivianos (31.213 dólares). La proveedora no tuvo competidor en esa licitación, además, en las especificaciones técnicas la unidad solicitante pedía que los equipos sean compatibles con la marca Olympus.

Mipro SRL es otra de las empresas con ventas de equipos de esa marca. El registro de Fundempresa muestra que está domiciliada en el edificio Hansa Ltda, calle Yanacocha esquina Mercado Nº 1004. En contacto telefónico, una funcionaria de esa empresa confirmó que son parte del holding (sociedad financiera que posee o controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas) de Hansa Ltda.

El contrato IGBJ-21/2015 del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba adjudicó a Mipro SRL la provisión de una torre de endoscopía y videogastroscopio por un monto de 990.000 bolivianos (143.063 dólares) para el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. Al igual que anteriores casos, la proveedora no tuvo competidor en esta licitación. Según el acta de recepción, los equipos son marca Olympus. Sucede que, en reunión de aclaración del 26 de junio del 2015, la unidad solicitante explicó que el producto debe ser compatible con los equipos que ya tiene ese hospital, pues, en una anterior licitación indicaban que en su mayoría eran marca Olympus.

La empresa Dinasal SRL es otra de las que proveyó equipos de esa compañía, pues, bajo el contrato 091/2015 del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, se adjudicó la provisión de microscopios por un monto de 126.000 bolivianos (18.208 dólares). El acta de recepción muestra que son marca Olympus.

En este periodo de tiempo (2013-2015) Hansa estuvo casi ausente, se encontró un solo contrato, el LP-01-2016, pero éste superó los 3,5 millones de bolivianos (505.780 dólares), casi similar al monto de los 24 contratos adjudicados entre el 2007 y 2011, y superior al monto total de los 18 contratos suscritos entre 2016 y 2018.

Sobre este caso, la entidad solicitante fue el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, quien compró un gastroscope por un monto de 400.895 bolivianos (57.932 dólares), un video broncoscopio por 280.000 bolivianos (40.462 dólares), una torre de video por 2.390.500 bolivianos (345.447,97 dólares) y un colonovideoscopio por 445.349 bolivianos (64.356 dólares) para el Hospital del Niño-Niña Manuel Ascencio Villarroel.

Según el Sicoes, la empresa se adjudicó este contrato sin competidores de por medio, el acta de recepción muestra que todos los equipos son de la marca Olympus.  (vea los documentos aquí).

Esos también son algunos ejemplos encontrados en ese periodo de tiempo, que en total asciende a 15.265.917 bolivianos (2.206.057 dólares). En total son 24 contratos, de los cuales El País verificó mediante actas de recepción que 11 son equipos de marca Olympus, el resto no fueron reportados al Sicoes por las instituciones contratantes, pero son equipos que sí fabricaba esa compañía.

Las entidades contratantes en ese periodo son: Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uria, Gobierno Municipal de La Paz, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

 

El silencio de Hansa

El País solicitó de manera escrita una entrevista a Hansa Ltda para consultarle si conocía algo de lo que Olympus le dijo a la justicia de Estados Unidos. El 2 de diciembre un periodista de este medio intentó recoger una respuesta de sus oficinas en La Paz, pero el guardia de seguridad impidió el ingreso y mencionó que la empresa no da entrevistas a la prensa.

A tanta insistencia, cerca de las 12 del mediodía del 3 de diciembre del 2019 se contactó vía teléfono al gerente de Cirugía y Endoscopia de Hansa-división Soluciones Médicas, Mario Ibánez. Una de las primeras frases lanzadas fue, “¿Qué quiere que le diga, que somos corruptos, eso quiere?”, a tiempo de manifestar su molestia por este trabajo periodístico.

Luego bajó el tono de su voz para decir que Hansa representa hace más 30 años a Olympus, compañía que les somete a auditorías periódicas y, si pillasen actos irregulares en la venta de sus productos, les quitan la representación. Además, sostuvo que una labor similar realiza Impuestos Nacionales, por eso asegura que es imposible que se den hechos de corrupción por parte de su empresa.

Por otro lado, dijo que los miembros del Directorio están molestos por la solicitud de entrevista enviada por este medio de comunicación. La recomendación de la parte legal de Hansa fue no referirse sobre el caso. “En otra, tengan más cuidado”, finalizó.

Patrones comunes

Olympus vendió sus equipos mediante su distribuidora oficial y terceras empresas a través de licitaciones públicas, pero por lo general no tenía competidores, especialmente cuando se trataba de equipos que superaban los 100.000 bolivianos.

En las adjudicaciones que sí tenía competidor, fueron principalmente en las licitaciones de microscopios, que por lo general eran montos entre los 16.000 y 60.000 bolivianos en promedio.

En las especificaciones técnicas de compra las instituciones demandan que los equipos médicos sean compatible con la marca Olympus.

Por otro lado, las compras que hacen las instituciones estatales, por normativa, deben ser reportadas al Sicoes. Sin embargo, hasta el 2015 el común denominador fue que las instituciones obviaron subir las actas de recepción definitiva, práctica que todavía continúa por parte de las entidades. Algunas cumplen con ello, pero hacen público solo un documento de manera resumida, donde no muestran las características ni marca del equipo que se compró.

En sí, no hay una uniformidad en los documentos que se publican, pese a que el Manual de Operaciones del Sicoes especifica qué información debe hacerse pública, además que no debe considerarse como opcional, sino como algo obligatorio.

Discreción y negocio en la Salud

En 2019 el Seguro Universal de Salud se impuso en todo el país entre críticas por el electoralismo pretendido y con un férreo rechazo del estamento médico. El sistema colocaba a los municipios y las gobernaciones como principales gestores del seguro y el Gobierno Nacional abrió un paraguas para la realización de contratos discrecionales que garantizara la implantación del sistema. Una herramienta controvertida fue la Agencia de Infraestructura y Equipamiento (AISEM), dotada con 208.911.427 bolivianos para la construcción de hospitales y compras de equipos en 2019.

En la actualidad, el propio SUS vuelve a estar en debate y se espera una rendición de cuentas de lo ejecutado. Olympus, que dejó rastros durante una década de su actividad en Bolivia puede ser solo un ejemplo. La Justicia de Estados Unidos cobró 22,8 millones de dólares a la empresa por corrupción realizada en países de Sudamérica, también en Bolivia, sin que hasta el momento a ninguna autoridad judicial le haya parecido relevante recuperar algo de ese dinero o desmantelar esas redes clientelares.


Colaboradores de la investigación

Jesús Cantín (Tarija)

Mariana Torrez (Tarija)

Andrea Angelo (Tarija)

Luis Fernando Mogro (Tarija)

Gabriel Díez (La Paz)

Luis J. Valentín Ortíz (Puerto Rico)