Los proyectos de continuidad

Desde 2015 no hay un proyecto nuevo salvo tal vez algunos concurrentes con municipios, que sí pasan el corte del Ministerio de Planificación; una siempre sospechosa adquisición de un tomógrafo, la planta de tratamiento de la Alcaldía y muy poco más

Como siempre, el plazo para entregar el Plan Operativo Anual (POA), actualmente convertido en Ley Financial para la autonomía departamental de Tarija, se ha ampliado hasta final de mes. Una ampliación que por recurrente ya es norma, y que por norma, pierde sentido y se puede convertir en una maniobra arriesgada cuando haya cosas urgentes o delicadas que aprobar… que efectivamente no es el caso.

La Gobernación de Tarija, desde el año 2015, se ha dedicado a administrar un presupuesto condicionado por los compromisos asumidos por el Gobernador Lino Condori en sus cuatro largos años de interinidad. Ni más, ni menos. Eso mismo se hará en el año 2020, donde además, el derrumbe presupuestario sobrevenido por la concesión de rebaja de venta de volúmenes de gas a la Argentina que autorizó el ministro Luis Alberto Sánchez apenas deja margen para incluir todos los proyectos de continuidad.

Tarija las pasó canutas; sus empresarios, sus trabajadores, sus profesionales y todos aquellos que arrastraban – y aun arrastran – facturas y salarios impagados que acabaron solventándose con endeudamientos a mediano plazo

Los datos en frío son elocuentes. En 2015 había 740 proyectos comprometidos, sobre todo en concurrencia con el Gobierno Nacional o gestionados directamente por los subgobernadores; además, había una amplia cartera de proyectos concurrentes con los municipios. Actualmente quedan vigentes 174. En el POA, evidentemente, estarán esos 174 proyectos y poco más.

El equipo de Adrián Oliva intentó “colar” en el POA de 2016 una serie de proyectos nuevos, que pasaron el trámite de la Asamblea Legislativa Departamental pero que fueron literalmente expulsados por el Ministerio de Planificación. Hubo sus más y sus menos respecto a los criterios de autonomía y responsabilidad, pero lo cierto es que se impuso el criterio de los proyectos de continuidad, y nada más.

En 2016 el petróleo tocó mínimos, por debajo de los 30 dólares en enero, y lo que se había analizado como una situación coyuntural de rebote rápido en los más altos niveles de gobierno se había convertido ya en un riesgo real de recesión para un departamento tan dependiente y tan comprometido como Tarija.

Al final todo dio un poco igual, y Tarija las pasó canutas. Tarija, sus empresarios, sus trabajadores, sus profesionales y todos aquellos que arrastraban – y aun arrastran – facturas y salarios impagados que acabaron solventándose con endeudamientos a mediano plazo. La cartera de proyectos a inicio de gestión superaba los 7.500 millones de bolivianos, ahora quedan unos 1.500. Una parte se rescindió por no ser prioritario o haber avanzado poco, otra parte se fue pagando, otra buena parte se convirtió en deudas de fideicomiso o de crédito privado. Soluciones caras que hay que asumir para que de alguna forma se reactivara el empleo.

No hay un proyecto nuevo de esta Gobernación salvo tal vez algunos concurrentes con municipios, que sí pasan el corte del Ministerio de Planificación; una siempre sospechosa adquisición de un tomógrafo, y muy poco más. Oliva licitó Puente Jarcas, que estaba en los POA de Lino, como la luz del estadio, que se había convertido en tartán, o los compromisos sobre la planta de tratamiento de San Blas, que de momento paga la Alcaldía, etc., otra cosa es que Oliva haya sabido hacer política con obras heredadas como el Materno Infantil, el Oncológico, las carreteras, etc.

2020 es año electoral, de nuevo, pero lo cierto es que las cuentas no dan para más, y en la lucha de relatos, lo recomendable es siempre acomodarse a los hechos, no imaginarlos.