Los actores secundarios del proceso

De un tiempo a esta parte, el sector empresarial privado boliviano está invisibilizado, o en el mejor de los casos, relegado del escenario público y político. Los representantes del empresariado organizado suelen aparecer episódicamente para pronunciarse en defensa de sus intereses frente a situaciones críticas o en rechazo a medidas gubernamentales que afectan sustancialmente su actividad económica, e incluso ponen en juego su sobrevivencia. En el pasado, era habitual su presencia mediante pronunciamientos sobre problemáticas sociales o políticas generales, en cambio hoy, se encuentran agazapados en un papel secundario.

Los empresarios no solo perciben que el gobierno no les ha otorgado el suficiente apoyo y condiciones para mantener sus emprendimientos, sino que además, ha establecido una serie de obstáculos burocráticos y económicos para la creación o fomento de nuevas iniciativas privadas. Sin embargo, lo mas grave es que varias medidas gubernamentales en los últimos años, han ido dando estocadas al sector privado, desangrándolo progresivamente.

El proceso de crisis del sector privado, se precipitó con la medida del doble aguinaldo que afectó sobre todo a la micro-empresa. En el año 2013, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, informó que el cincuenta por ciento de las 660.000 empresas legalmente constituidas en el país, se encontraban en riesgo de cerrar sus operaciones y percibían que el gobierno les había dado la espalda. A fines de 2014, se reportaba el cierre de alrededor de 58.000 empresas registradas en Fundempresa, al año siguiente, solo en 2015, cerraron sus puertas más de 15.000 empresas, y así sucesivamente.

La medida del doble aguinaldo está hoy de nuevo en discusión, y pretende restituirse debido a que le otorga una importante popularidad al gobierno pero que, como dijimos, ha provocado la reducción de trabajadores en las empresas y el cierre de varias de ellas. Otras disposiciones amenazantes han sido los sucesivos incrementos salariales que, según declaraciones de los propios empresarios, se deciden sin un estudio serio de las capacidades del sector privado y prescindiendo de los intereses de los empleadores. El cherry de la torta, fue la promulgación, hace pocos meses, de la ley de Empresas Sociales, que se ofreció como regalo en el día del trabajador, y que pone al sector empresarial privado en una situación de mayor vulnerabilidad. Todas estas medidas, probablmente más que un ataque directo de parte del gobierno a los empresarios para disminuirlos es producto de una invisibilización de sus intereses eclipsados por intereses políticos de corte populista, como la mencionada ley, que por su contenido, tampoco ha resultado atractiva para los trabajadores.

Lo cierto es que, estas disposiciones han ido afectando silenciosamente al empresariado, en particular al sector productivo y a la micro-empresa, y han puesto en evidencia la gran heterogeneidad del ámbito empresarial privado. Pues por ejemplo, la agroindustria del oriente goza de mayores privilegios y negocia de manera más amigable -o pragmática- con el gobierno sus intereses referidos a la tierra, seguridad jurídica y condiciones para la exportación, e incluso consigue proyectos nuevos como el de etanol; mientras que otros sectores sienten amenazada su sobrevivencia, como es el caso de la micro-empresa productiva que además se encuentra amenazada por la presencia de otro fantasma que es el denominado empresariado informal que les genera una desigual competencia en el mercado.
Es evidente que la crisis del sector empresarial privado responde a varios factores relacionados con la competitividad, las escasas condiciones tecnológicas para la producción, las desventajas en el mercado, entre otras; pero también es cierto que se debate en medio de un modelo económico y político ambiguo y un Estado que lejos de favorecerlos, parece haberlos relegado deliberadamente.