Leyes aprobadas por la ALDT son “abandonadas a su suerte” en Tarija
Hay leyes más unánimes y leyes que resultan más conflictivas, pero lo cierto es que una vez que se aprueban en el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), nadie hace un seguimiento muy específico de si se cumple, no se cumple, se asigna el presupuesto requerido y el...
Hay leyes más unánimes y leyes que resultan más conflictivas, pero lo cierto es que una vez que se aprueban en el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), nadie hace un seguimiento muy específico de si se cumple, no se cumple, se asigna el presupuesto requerido y el mismo se emplea de acuerdo a lo que dice la Ley.
Una vez aprobada y cumplidos los plazos en los que se debe promulgar, las leyes son “abandonadas a su suerte propia” – reconocen los propios asambleístas - hasta que alguna institución o algún ciudadano interesado emite una denuncia sobre el incumplimiento. O peor, se retoman las demandas que motivaron la Ley.
Hasta hace un mes, la Asamblea aprobó 19 leyes departamentales de las cuales 13 tenían el objetivo de modificar el presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Gobernación. Un cálculo sencillo da a entender que el 68 por ciento de las leyes aprobadas son únicamente una modificación del presupuesto y solo el 32 por ciento (seis leyes) son propuestas ideadas por los propios asambleístas o canalizadas desde algún sector social.
En este sentido, cada ley (sin contar las leyes modificatorias de presupuesto) tendrían un costo cercano a los 2.408.333 bolivianos respecto al presupuesto del POA 2019 que redondea los 28.900.000 bolivianos. Este monto resulta ser una cifra de cantidades jugosas si además de ello se toma en cuenta que la Asamblea de Tarija es la que mayor cantidad de recursos recibe en comparación a los demás órganos legislativos del país y la que mayor cantidad de personal tiene.
Actualización
La diputada Lorena Gareca explicó que, como ocurre en el ámbito nacional, muchas de las leyes -como la Ley de Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en razón de Género en el Departamento de Tarija, o la ley de apoyo y contingencia a la provincia de O’Connor -, no son aplicadas en su inmediatez como lo manda la normativa.
En este caso, Gareca indicó que las instancias u organizaciones sociales son las que la mayoría de las veces abordan las problemáticas para que las autoridades asuman el cumplimento de las leyes aprobadas. Además, explicó que es la Contraloría General del Estado la responsable de realizar las auditorías a esta institución.
Por su parte, el presidente de la Federación Departamental Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas, señaló que las instancias sociales o de control social, en la mayoría de las ocasiones, no tienen conocimiento sobre la aprobación y el contenido de las normativas, por lo que tampoco se puede conocer cuál es su aplicabilidad. “No hay los mecanismos necesarios de socialización para que la población o instancias como los Gremiales, la Central Obrera Departamental (COD) y tantas que hay puedan conocer cuales son los alcances de las normativas que se aprueban en la Asamblea. Otro problema son los proyectistas de las le-yes que no hacen el seguimiento de sus propuestas”, señaló.
¿Quién audita los gastosinternos de la ALDT?
La asambleísta, Sara Armella, explicó que dentro de la Asamblea existe una unidad de Auditoría Interna que se encarga de verificar todos los procedimientos administrativos de la institución. Además, durante cada gestión se debe presentar un informe a través del Gobierno departamental de la Dirección de Auditoría.
“Estamos bajo el cumplimento de todos los procedimientos que son los que establecen las verificaciones y nos realizan las observaciones correspondientes”, indicó. Las observaciones que en el trascurso del presente año se realizaron están ligadas al incumplimiento del reglamento de la ALDT y de las normas vigentes.
Armella mencionó que las observaciones deberían ser públicas. Primero se las emite en la Gobernación para después remitirlas a la Asamblea y se aplique la sanción que indica. “Algunos asambleístas que cobren viáticos cuando no corresponde, deben devolver esa cantidad de viáticos. Ya se hizo la devolución de varios asambleístas y se realizaron las recomendaciones. Se está cumpliendo este procedimiento”, dijo
Una vez aprobada y cumplidos los plazos en los que se debe promulgar, las leyes son “abandonadas a su suerte propia” – reconocen los propios asambleístas - hasta que alguna institución o algún ciudadano interesado emite una denuncia sobre el incumplimiento. O peor, se retoman las demandas que motivaron la Ley.
Hasta hace un mes, la Asamblea aprobó 19 leyes departamentales de las cuales 13 tenían el objetivo de modificar el presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Gobernación. Un cálculo sencillo da a entender que el 68 por ciento de las leyes aprobadas son únicamente una modificación del presupuesto y solo el 32 por ciento (seis leyes) son propuestas ideadas por los propios asambleístas o canalizadas desde algún sector social.
En este sentido, cada ley (sin contar las leyes modificatorias de presupuesto) tendrían un costo cercano a los 2.408.333 bolivianos respecto al presupuesto del POA 2019 que redondea los 28.900.000 bolivianos. Este monto resulta ser una cifra de cantidades jugosas si además de ello se toma en cuenta que la Asamblea de Tarija es la que mayor cantidad de recursos recibe en comparación a los demás órganos legislativos del país y la que mayor cantidad de personal tiene.
Actualización
La diputada Lorena Gareca explicó que, como ocurre en el ámbito nacional, muchas de las leyes -como la Ley de Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en razón de Género en el Departamento de Tarija, o la ley de apoyo y contingencia a la provincia de O’Connor -, no son aplicadas en su inmediatez como lo manda la normativa.
En este caso, Gareca indicó que las instancias u organizaciones sociales son las que la mayoría de las veces abordan las problemáticas para que las autoridades asuman el cumplimento de las leyes aprobadas. Además, explicó que es la Contraloría General del Estado la responsable de realizar las auditorías a esta institución.
Por su parte, el presidente de la Federación Departamental Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas, señaló que las instancias sociales o de control social, en la mayoría de las ocasiones, no tienen conocimiento sobre la aprobación y el contenido de las normativas, por lo que tampoco se puede conocer cuál es su aplicabilidad. “No hay los mecanismos necesarios de socialización para que la población o instancias como los Gremiales, la Central Obrera Departamental (COD) y tantas que hay puedan conocer cuales son los alcances de las normativas que se aprueban en la Asamblea. Otro problema son los proyectistas de las le-yes que no hacen el seguimiento de sus propuestas”, señaló.
¿Quién audita los gastosinternos de la ALDT?
La asambleísta, Sara Armella, explicó que dentro de la Asamblea existe una unidad de Auditoría Interna que se encarga de verificar todos los procedimientos administrativos de la institución. Además, durante cada gestión se debe presentar un informe a través del Gobierno departamental de la Dirección de Auditoría.
“Estamos bajo el cumplimento de todos los procedimientos que son los que establecen las verificaciones y nos realizan las observaciones correspondientes”, indicó. Las observaciones que en el trascurso del presente año se realizaron están ligadas al incumplimiento del reglamento de la ALDT y de las normas vigentes.
Armella mencionó que las observaciones deberían ser públicas. Primero se las emite en la Gobernación para después remitirlas a la Asamblea y se aplique la sanción que indica. “Algunos asambleístas que cobren viáticos cuando no corresponde, deben devolver esa cantidad de viáticos. Ya se hizo la devolución de varios asambleístas y se realizaron las recomendaciones. Se está cumpliendo este procedimiento”, dijo