Se cumple otro mes de resistencia en el cantón de Chiquiacá, al norte del área de San Telmo, que atraviesa el corazón de la reserva de flora y fauna de Tariquía, la más importante para el funcionamiento ecológico de Tarija y también, la más amenazada.

El Ministerio de Hidrocarburos no ha dado mayor solución. Ni se atreve a convocar una nueva consulta pública, ni se atreve a repetir el ingreso violento con policías y material antimotines, pero tampoco se atreve a dar marcha atrás a un proyecto que impuso a la desesperada y que ha afectado a la base de su credibilidad.

Sin mayores vergüenzas, el Gobierno ha detenido el proyecto vinculándolo específicamente a la cita electoral de este octubre, como si ambas cosas tuvieran algo que ver. Y mientras tanto, la incertidumbre y los recelos en esa parte de la provincia O´Connor y en el resto de la Reserva se ceban contra sus comunarios, quienes padecen una suerte de presión psicológica y descomposición al grito del viejo adagio “divide y vencerás”.

El Ministerio de Hidrocarburos, en otro momento motor de la recuperación de la dignidad nacional, ha quedado reducido a una máquina de prometer millones y millones a los que todo debe estar subordinado

El proyecto de perforación petrolera en el área de San Telmo es un proyecto antiguo, ya explorado antes de la propia conformación de la reserva, cuando YPFB era soberano. La intención de ejecutarlo es una aspiración reciente enarbolada por el actual Ministerio de Hidrocarburos, que ante el inminente fracaso de la política hidrocarburífera en el país, no ha tenido problema en aplicar los más viejos planes sin importar el impacto en la imagen de Evo Morales y en la propia credibilidad del régimen, otrora defensor de la “Madre Tierra”.

Los comunarios denuncian irregularidades en todo el proceso de contratación y convencimiento, alguna reconocida por el propio Ministro Luis Alberto Sánchez, cuando en conferencia de prensa aseguró que el procedimiento es “primero consulta, luego contrato”. Los hitos del proyecto marcan claramente cómo el presidente Evo Morales promulgó en abril de 2018 ante todo el pueblo bermejeño las leyes que sancionaban los contratos en favor de YPFB Chaco y Petrobras tanto para Astilleros como para San Telmo y cómo la supuesta consulta se realizó en septiembre de ese mismo 2018, cinco meses después.

La propia consulta se llevó sin mucha ortodoxia y nada cerca de lo que manda la Ley. Nada de expertos independientes propuestos por los comunarios ni nada parecido.  El acta de aceptación resultó ser un compendio de páginas en blanco con algunos garabatos encima, sin aclaración de nombre o sin una lista de cédulas de quien firmaba…

En general el proceso ha sido movido con soberbia y bajo una sola idea: la plata. El Ministerio de Hidrocarburos, en otro momento motor de la recuperación de la dignidad nacional, ha quedado reducido a una máquina de prometer millones y millones a los que todo debe estar subordinado. Sánchez facilitó el ingreso en áreas protegidas, el uso del fracking, etc., sin siquiera tomarse un tiempo para explicar las urgencias, pues para él “todo está muy bien”. “Mar de gas”.

El pulso en Tariquía puede marcar un antes y un después. La subordinación del interés general al petrolero será imparable.


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