La ministra quiere parar la “desgracia”, ¿los tecnócratas también?

“¿Para qué vas a hacer industria si el Estado no te va a coadyuvar para que avances? Impuestos, nos dicen los empresarios, es la peor desgracia y pienso que es verdad”.
La frase no proviene de analistas opositores al gobierno, sino de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, en un análisis que parece ser sincero y lúcido expresado en una entrevista publicada por el diario La Razón, hace casi una semana.

La ministra Sifuentes es la primera funcionaria de alto rango que reconoce la deficiente arquitectura tributaria del país, y es solo la punta del iceberg, ya que su diseño determina que quienes sostienen las arcas del Estado no son las “socias” transnacionales ni los recursos extractivos, sino el ciudadano de a pie y las empresas nacionales, mayormente pequeñas y unipersonales.

Así lo han demostrado no solamente los estudios del Banco Mundial (que calificó a Bolivia como uno de los peores países para pagar impuestos), del BID (Bolivia es uno de los países con mayor presión fiscal equivalente) y de académicos extranjeros como el del español Diego Sánchez De La Cruz (Bolivia es un “infierno tributario”), sino también los propios datos oficiales.

Según datos basados en la Memoria de la Economía Boliviana, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), incluso en los años de bonanza del gas, los ingresos percibidos por el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y las regalías eran aproximadamente la tercera parte de lo que generaba el pago de impuestos por parte de las empresas bolivianas y los ciudadanos.

Así, el año 2014 la renta hidrocarburífera (regalías e IDH juntos) recibida por Bolivia sumaban 24.607 millones de bolivianos (más de 3.535 millones de dólares). Ese mismo año, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central del Estado (IVA, IT, RC-IVA, ICE, impuestos a viajes al exterior, gravamen aduanero, ITF, IUE, etc.) significaron la suma de 48.850 bolivianos (casi 7.019 millones de dólares).

Si se sacan proporciones, lo recaudado por la renta hidrocarubirífera significaba menos del 33,5%, mientras lo recaudado de los ciudadanos y empresas bolivianas legalmente constituidas significó más del 66,5%.

Tras la crisis del petróleo se profundizó la tendencia: para el año 2016 la renta hidrocarburífera significó el 16,8% de la recaudación, mientras los impuestos pagados por empresas y ciudadanos bolivianos significaron más del 83%. Para 2017 las nuevas proporciones serían de 15,75% y 84,25% respectivamente.

Aun considerando la recuperación relativa de los precios de hidrocarburos exportados, se estima que las proporciones se mantuvieron en 2018 y 2019, especialmente por la disminución de volúmenes exportados.

Buen primer paso ha dado la ministra Sifuentes en reconocer este problema. Esperamos que se avance en rediseñar el sistema impositivo regresivo que tiene Bolivia, además de otros aspectos urgentes para promover el empleo estable y de calidad. Es cierto que en año electoral salen a relucir los mejores discursos y promesas. Ojalá que no sea solo eso, porque el país seguirá existiendo después de las elecciones, y sus problemas también.


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