La lucha contra el Coronavirus en Bolivia, entre la falta de tests y la “culpa de la gente"
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez ha endurecido las medidas para luchar contra la expansión del Covid-19 por tercera vez en diez días. De la media cuarentena que buscaba el distanciamiento social a la emergencia sanitaria que solo mantiene servicios esenciales y salidas controladas por...
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez ha endurecido las medidas para luchar contra la expansión del Covid-19 por tercera vez en diez días. De la media cuarentena que buscaba el distanciamiento social a la emergencia sanitaria que solo mantiene servicios esenciales y salidas controladas por terminación en la cédula de identidad. El argumento para el progresivo endurecimiento ha sido exclusivamente uno: el incumplimiento de las medidas por parte de una parte de la sociedad.
Mientras tanto, los casos siguen aumentando a un ritmo lento desde que el 10 de marzo se confirmaran las dos primeras pacientes con la enfermedad. La noche del 25 de marzo, luego de que se decretara la emergencia sanitaria, el ministro de Salud Aníbal Cruz informó de la existencia de 39 casos confirmados.
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La tercera semana con presencia del virus en el país recién acaba de comenzar. La tercera semana es en la que en los países del entorno se ha desencadenado la crisis y la multiplicación de los casos, una situación que es la que se trata de evitar en Bolivia dada la precariedad del sistema de salud, ya colapsado por la epidemia de dengue que viene azotando desde finales del año pasado.
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Sólo esperar
Autoridades de segunda línea, como el Director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, y el propio Ministro de Salud han reconocido que el contagio comunitario es cuestión inminente. Mientras, los sindicatos médicos y otros del sistema de salud se han apresurado a denunciar la falta de elementos básicos para hacer frente a la epidemia.
Los países que ya han enfrentado la expansión del virus y que empiezan a superar la curva ascendente recuerdan que el camino fundamental es el distanciamiento social, pero sobre todo, la rápida identificación de los contagiados. Corea del Sur es el país más exitoso en ese camino, ya que logró frenar el virus incluso antes de que aparecieran a principios de marzo las pruebas rápidas que se han venido aplicando en fronteras y aeropuertos hasta hace pocos días.
En Bolivia, el Ministro de Salud informó el 16 de marzo que había 2.500 pruebas disponibles y que estaban en camino otras 7.000. El lunes 24 de marzo volvió a informar lo mismo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el 19 de marzo que adquiriría 100.000 pruebas rápidas para el país. Hasta el momento tampoco se han recibido.
Con datos de la noche del 25 de marzo, el Ministerio de Salud indicó que se han descartado 295 casos sospechosos e identificado 37 casos confirmados desde que el 11 de marzo se asumieran los dos primeros casos en el país. En ese caso, el promedio sería de 23 pruebas al día, sin embargo, el ritmo ha cambiado desde el lunes, cuando Cruz anunció que en Cochabamba y en La Paz se habían incorporado dos laboratorios públicos y otros tres privados para apoyar la tarea que hasta entonces venía haciendo en solitario el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenatrop).
Hasta el sábado 21 de marzo apenas se habían procesado 120 pruebas, unas 11 diarias. La capacidad se ha elevado a unas 60 pruebas diarias procesadas según los datos. Las pruebas tardan 48 horas en otorgar resultados según indicó el Inlasa de La Paz.
No es lo único que ha cambiado. El número de sospechosos ha bajado aplicando la técnica de separar entre sospechosos – personas que han presentado algún síntoma y han estado en contacto con algún portador – de los que están en observación domiciliaria aislados, por haber estado en contacto pero sin presentar síntomas. El dato del miércoles en la noche indicaba 16 casos sospechosos, aunque solo en la Gobernación de Tarija había 263 pacientes en observación.
Según informaciones internacionales, la prueba hematológica completa de laboratorio cuesta unos 15 dólares, mientras que la prueba rápida cuesta entre dos y tres dólares.
La falta de pruebas rápidas provoca situaciones como la que se vivió ayer con los repatriados de Chile. 24 llegaron hasta la capital departamental de Tarija y fueron alojados temporalmente en el Estadio IV Centenario cumpliendo protocolo de aislamiento por venir de un país con alto riesgo – Chile con más de mil casos confirmados es el tercer país más afectado en Sudamérica – pero sin presentar síntomas.
Una turba de vecinos, desatendiendo las indicaciones de cuarentena y sin tener en cuenta los conocimientos que se tienen sobre el virus, salieron a las puertas del Estadio a “protestar”. 17 de los repatriados viajaban a Yacuiba, donde las mismas autoridades se han mostrado hostiles a la llegada. Situaciones como esta se han dado en otros puntos del país.
Con pruebas rápidas, la situación se hubiera controlado de otra manera, pero hasta la fecha, la adquisición está siendo compleja. Solo España, segundo país con más muertos por la enfermedad y más de 50.000 infectados, trata de adquirir 5,5 millones de pruebas rápidas para aplicar entre sus 45 millones de habitantes. La demanda en otros países como Suiza y Estados Unidos es similar y los proveedores – en su mayoría empresas chinas - apenas tienen capacidad para abastecer el mercado.
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 25, 2020
El problema es aún mayor. Las primeras 9.000 unidades que han llegado a España han resultado fallidas: su confiabilidad es de apenas el 30 por ciento, frente al 80% mínimo que se exigía. La proveedora, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tenía licencia del Gobierno chino y no estaba entre sus “recomendadas”.
La amenaza sigue vigente y la espera por las pruebas es larga. Mientras, el aislamiento y el seguimiento de las medidas de higiene resultan fundamentales.
“Áñez, en el rol materno – presidencial que viene asumiendo, hace referencia al incumplimiento de medidas. El martes en un mensaje televisado amenazó con endurecer las medidas si no hacían caso a sus recomendaciones, el miércoles impuso el “castigo” por no haber atendido a las advertencias. Lo que comunica es que la culpa no es del Gobierno, sino de los incumplidores, y que ella como madre – Presidenta toma la medida por el bien de todos” señala un politólogo que prefiere no ser identificado porque trabaja suficientemente cerca de Palacio Quemado.
Los expertos, mientras tanto, esperan mayor dotación de tests y de medidas de seguridad, pues el estado de emergencia hasta el 15 de abril puede ser demasiado largo para algunos, pero demasiado corto para otros si no se logra neutralizar de verdad a la población infectada.
Mientras tanto, los casos siguen aumentando a un ritmo lento desde que el 10 de marzo se confirmaran las dos primeras pacientes con la enfermedad. La noche del 25 de marzo, luego de que se decretara la emergencia sanitaria, el ministro de Salud Aníbal Cruz informó de la existencia de 39 casos confirmados.
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Autoridades de segunda línea, como el Director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, y el propio Ministro de Salud han reconocido que el contagio comunitario es cuestión inminente. Mientras, los sindicatos médicos y otros del sistema de salud se han apresurado a denunciar la falta de elementos básicos para hacer frente a la epidemia.
Los países que ya han enfrentado la expansión del virus y que empiezan a superar la curva ascendente recuerdan que el camino fundamental es el distanciamiento social, pero sobre todo, la rápida identificación de los contagiados. Corea del Sur es el país más exitoso en ese camino, ya que logró frenar el virus incluso antes de que aparecieran a principios de marzo las pruebas rápidas que se han venido aplicando en fronteras y aeropuertos hasta hace pocos días.
En Bolivia, el Ministro de Salud informó el 16 de marzo que había 2.500 pruebas disponibles y que estaban en camino otras 7.000. El lunes 24 de marzo volvió a informar lo mismo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el 19 de marzo que adquiriría 100.000 pruebas rápidas para el país. Hasta el momento tampoco se han recibido.
Con datos de la noche del 25 de marzo, el Ministerio de Salud indicó que se han descartado 295 casos sospechosos e identificado 37 casos confirmados desde que el 11 de marzo se asumieran los dos primeros casos en el país. En ese caso, el promedio sería de 23 pruebas al día, sin embargo, el ritmo ha cambiado desde el lunes, cuando Cruz anunció que en Cochabamba y en La Paz se habían incorporado dos laboratorios públicos y otros tres privados para apoyar la tarea que hasta entonces venía haciendo en solitario el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenatrop).
Hasta el sábado 21 de marzo apenas se habían procesado 120 pruebas, unas 11 diarias. La capacidad se ha elevado a unas 60 pruebas diarias procesadas según los datos. Las pruebas tardan 48 horas en otorgar resultados según indicó el Inlasa de La Paz.
No es lo único que ha cambiado. El número de sospechosos ha bajado aplicando la técnica de separar entre sospechosos – personas que han presentado algún síntoma y han estado en contacto con algún portador – de los que están en observación domiciliaria aislados, por haber estado en contacto pero sin presentar síntomas. El dato del miércoles en la noche indicaba 16 casos sospechosos, aunque solo en la Gobernación de Tarija había 263 pacientes en observación.
Según informaciones internacionales, la prueba hematológica completa de laboratorio cuesta unos 15 dólares, mientras que la prueba rápida cuesta entre dos y tres dólares.
La falta de pruebas rápidas provoca situaciones como la que se vivió ayer con los repatriados de Chile. 24 llegaron hasta la capital departamental de Tarija y fueron alojados temporalmente en el Estadio IV Centenario cumpliendo protocolo de aislamiento por venir de un país con alto riesgo – Chile con más de mil casos confirmados es el tercer país más afectado en Sudamérica – pero sin presentar síntomas.
Una turba de vecinos, desatendiendo las indicaciones de cuarentena y sin tener en cuenta los conocimientos que se tienen sobre el virus, salieron a las puertas del Estadio a “protestar”. 17 de los repatriados viajaban a Yacuiba, donde las mismas autoridades se han mostrado hostiles a la llegada. Situaciones como esta se han dado en otros puntos del país.
Con pruebas rápidas, la situación se hubiera controlado de otra manera, pero hasta la fecha, la adquisición está siendo compleja. Solo España, segundo país con más muertos por la enfermedad y más de 50.000 infectados, trata de adquirir 5,5 millones de pruebas rápidas para aplicar entre sus 45 millones de habitantes. La demanda en otros países como Suiza y Estados Unidos es similar y los proveedores – en su mayoría empresas chinas - apenas tienen capacidad para abastecer el mercado.
España ha cerrado con China una compra de material por 432 millones de euros
➡️550 millones de mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria
➡️5,5 millones de test rápidos
➡️550 m. mascarillas
➡️950 respiradores
➡️11 millones de guantes#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/z0LCimptra
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 25, 2020
El problema es aún mayor. Las primeras 9.000 unidades que han llegado a España han resultado fallidas: su confiabilidad es de apenas el 30 por ciento, frente al 80% mínimo que se exigía. La proveedora, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tenía licencia del Gobierno chino y no estaba entre sus “recomendadas”.
La amenaza sigue vigente y la espera por las pruebas es larga. Mientras, el aislamiento y el seguimiento de las medidas de higiene resultan fundamentales.
“Áñez, en el rol materno – presidencial que viene asumiendo, hace referencia al incumplimiento de medidas. El martes en un mensaje televisado amenazó con endurecer las medidas si no hacían caso a sus recomendaciones, el miércoles impuso el “castigo” por no haber atendido a las advertencias. Lo que comunica es que la culpa no es del Gobierno, sino de los incumplidores, y que ella como madre – Presidenta toma la medida por el bien de todos” señala un politólogo que prefiere no ser identificado porque trabaja suficientemente cerca de Palacio Quemado.
Los expertos, mientras tanto, esperan mayor dotación de tests y de medidas de seguridad, pues el estado de emergencia hasta el 15 de abril puede ser demasiado largo para algunos, pero demasiado corto para otros si no se logra neutralizar de verdad a la población infectada.