La fiscalía de Ecuador pide pena máxima para Correa

En medio de denuncias por fraude procesal y otras irregularidades, la Fiscalía de Ecuador solicitó este jueves la pena máxima para el ex presidente Rafael Correa, uno de los procesados en el caso conocido como Sobornos.

La solicitud de la Fiscal General, Diana Salazar, consiste en la pena máxima de seis años, más un tercio de esa condena para el ex dignatario, como autor mediato, y 16 personas más en calidad de autores directos de cohecho, además de reparación por más de mil millones de dólares y ofrecer disculpas públicas.

Presentación de alegatos

El pedido puso fin a la etapa de presentación de alegatos de cierre del lado acusador, que sostiene tener las pruebas necesarias para sentenciar a Correa y a 16 de los 21 vinculados a la causa, abierta por supuestos aportes financieros de empresas a actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianza PAIS, lo cual rechazó el ex gobernante.

Sin embargo, parte de los elementos utilizados por los denunciantes han perdido valor, entre ellos los aportes de la presunta perita Alexandra Mantilla, encargada del perfil criminológico de los procesados, cuya certificación le fue retirada por el Colegio de Ciencias Forenses de México, por falsear logros académicos.

Para muchos, todo el caso se derrumba con esa prueba, presentada el miércoles por la defensa del ex vicemandatario Jorge Glas, incluido también en la lista de acusados de un delito que hasta el momento, de acuerdo con los equipos técnicos, no se ha podido probar.

Del total de personas involucradas, la Fiscalía se abstuvo de acusar al empresario Yamil Massuh y solicitó reducir en un 90 por ciento la pena a Pamela Martínez y Laura Teran, ‘por cooperación eficaz’.

Qué sorpresa, a las dos únicas personas que se prestaron a esta patraña, se les reduce pena al 10 por ciento, es decir, ya están y seguirán libres, advirtió Correa en reacción a la petición.

Igualmente, acotó que la empresa brasileña Odebrecht nunca fue acusada, ni los funcionarios de Nexoglobal (entre quienes está el esposo de Martínez), compañías que presuntamente estuvieron en el esquema de la entrega de fondos.