La devastadora epidemia de crimen en América Latina y sus causas en Bolivia

El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder.

En este sentido, el conflicto es inherente al desarrollo. Los resultados en el largo plazo, en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que dichas tensiones se procesen.

De hecho, como se resuelven tales tensiones depende de la forma en que los actores interactúan; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades.

En América Latina y el Caribe, ciertamente vemos que la violencia se ha convertido en un mecanismo de adaptación a estas tensiones y en una manera de procesar el conflicto.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” mostró la manera en la cual la delincuencia y la inseguridad comprometen el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC).

El crimen deteriora en bienestar de los ciudadanos y frena el crecimiento económico (Enamorado et al, 2013). A pesar de recientes progresos en la seguridad ciudadana y disminuciones marginales en la violencia, ALC continúa siendo la región más violenta en el mundo.

De hecho, un informe publicado recientemente por el Instituto Igarape indica que, si bien América Latina es el hogar de ocho por ciento de la población mundial, 33 por ciento de todos los homicidios se cometen en esta región.

Además, 17 de los 20 países con las tasas de homicidio más altas del mundo se encuentran en ALC.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica más de 10 homicidios por 100.000 personas como una epidemia, el promedio regional de homicidios en ALC fue de 24 por cada 100.000 en el 2016, y se redujo marginalmente a 21,6 en el 2018.

Como se muestra en la figura de abajo, las tasas de homicidios en la región y en particular para algunos países en América Central y el Caribe, son mucho más altas que aquellas en países con niveles similares en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante.

Por ejemplo, Honduras y Congo tienen tasas similares de PIB por persona, sin embargo, Honduras sufre 56,6 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que Congo sufre 9,3.

De igual manera, mientras que México sufre cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, Montenegro, con un PIB por persona similar sufre 4,5. En Brasil la tasa de homicidios alcanza los 30 por 1.000 habitantes, mientras que en Líbano es de cuatro.

¿Qué explica estas altas tasas de delitos violentos en ALC?

Villalta, Castillo y Torres ofrecen un panorama de las teorías existentes para responder a esta pregunta en la región.

La óptica económica sostiene que los individuos sopesan los costos (de los posibles castigos) y los beneficios para decidir si se involucran en la delincuencia o no.

La perspectiva socio-estructural considera que las fluctuaciones en la delincuencia y la violencia son el resultado de cambios en las estructuras sociales, culturales e institucionales.

Esta teoría respalda la idea de que los aumentos en las tendencias delictivas son una consecuencia de cambios en las condiciones del mercado laboral, marginación y crisis económicas.

La perspectiva política sostiene que el reciente progreso en los países ALC, tales como las transiciones hacia la democracia, cambios en las agendas políticas o incluso la “Guerra Contra las Drogas”, han debilitado el control gubernamental y ha dejado a gobiernos locales ineficientes a cargo de la protección civil.

Finalmente, la teoría de la desorganización social sostiene que los comportamientos delictivos y antisociales son aprendidos mediante procesos de socialización del mismo modo que el lenguaje, roles y expectativas sociales.

Según este enfoque, las áreas que están dentro de ciudades caracterizadas por bajos niveles de ingresos, diversidad racial e inestabilidad residencial, son más propensas a experimentar desorganización social.

Dependiendo del contexto del país, una combinación de estas teorías ayuda a explicar el crimen en ALC.

Investigaciones empíricas respaldan las diferentes teorías: la sensación de impunidad en algunos países alienta a los infractores de la ley a participar en actividades delictivas; la falta de confianza en la policía y los sistemas de justicia en ocasiones impide que las víctimas reporten los crímenes. Además, no es inusual que policías corruptos colaboren con el crimen organizado en algunos países por dinero o miedo.

El apoyo a la violencia extralegal es considerablemente más alto en sociedades donde los sistemas políticos existentes reciben poco apoyo; y la falta de oportunidades económicas tiene un rol puesto que se ha detectado que existe una correlación fuerte entre la delincuencia y el desempleo juvenil.

La evidencia también demuestra el impacto que tiene la desigualdad en el crimen (el caso de México es estudiado por Enamorado et al, 2016).

Como ya he mencionado, el pavimento del desarrollo en ALC requiere de una gobernanza efectiva como precondición para mejorar la productividad, inclusión y resiliencia.

La gobernanza efectiva consiste en crear oportunidades socioeconómicas, en el fortalecimiento de instituciones y fomento de la seguridad ciudadana.

Éstas son tareas desafiantes según lo indican estas cifras. Iniciativas basadas en evidencia tales como Infosegura, la cual apunta a promover y mejorar la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región, son instrumentos de política pública esenciales para abordar este desafío.

Los factores que influyen en la delincuencia en Bolivia

Bolivia no está entre los países más violentos de la región, pero su tasa anual de criminalidad, medida en cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, ha crecido un 70% en los últimos 10 años.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la tasa para 2015 es de 10,8/100.000. Esto representa un aumento de un 71% con respecto a 2006, cuando la tasa era de 6,28. Romero, sin embargo, prefiere ver la parte positiva de este dato.

En Bolivia, las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y el Alto son las más violentas e inseguras del país, representando casi el 75% del total de los delitos cometidos. La concentración de la actividad delictiva en estas ciudades se atribuye, por un lado, a su alta densidad demográfica (en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba reside alrededor del 70% de la población boliviana), y a la creciente urbanización, por otro.

Dada la gran cantidad de personas que perdieron la vida en actos delictivos en los últimos años, el Gobierno se vio obligado a reforzar la seguridad a través de la creación de una nueva Escuela Básica Policial para entrenar futuros efectivos policiales.

Según flores (2000), si bien la violencia es un fenómeno multicausal, puede ser explicada mediante factores biológicos y sociales. Desde la perspectiva biológica, las características propias del individuo lo impulsan a cometer actos delictivos. Por otro lado, los factores sociológicos dan importancia predominante a los factores externos: los agentes serán buenos o malos conforme al ambiente en el cual vivan y se desarrollen.

También se puede argumentar la existencia de factores económicos que inciden en la criminalidad. Es un hecho fáctico que la carencia de medios económicos para la satisfacción de necesidades (ej.: falta de trabajo, de vivienda adecuada, de servicios elementales, etc.), crea en los individuos un estado emocional de inseguridad. En respuesta a este estímulo se puede generar rebeldía, la cual suele traducirse en la violación de las leyes y la perpetración de delitos

Con relación a la delincuencia, Middendorff (1964) señala que el ambiente local puede ejercer un fuerte influjo sobre la extensión y clases de la criminalidad. En este marco, existen las denominadas «áreas de desorganización social», las cuales están caracterizadas por una prosperidad deteriorada, existencia de grupos al margen de la ley y heterogeneidad cultural y social.

La literatura económica más reciente establece además una amplia gama de relaciones entre criminalidad, violencia y crecimiento; temas cuyo redescubrimiento e investigaciones se han realizado dentro de un nuevo marco conceptual.

Moulian (1997) plantea la teoría de la ruptura, que supone que el efecto de procesos de rápida modernización y urbanización no deja tiempo para la reconversión de las personas ante los múltiples factores de inestabilidad e inseguridad asociados a dichos procesos. Así, las aceleradas modificaciones en el ámbito económico, el desarrollo de nuevas necesidades económicas y el deterioro en la calidad de vida ponen en entredicho los valores preestablecidos, generando trastornos morales en la población.

En este contexto, la delincuencia aparece como un camino de autodefensa para los desplazados o marginados (delincuencia tradicional: robos, hurtos, asaltos), o como la nueva forma de hacer dinero fácil por la vía de la corrupción (delincuencia económica), o por medio de nuevas modalidades emergentes (lavado de dinero, fraude electrónico y otros).

De acuerdo con Barro (2000), el aumento de la pobreza es un factor constitutivo del crecimiento de los homicidios, dado que la desigualdad de la riqueza y del ingreso incita a los pobres a integrarse al crimen. Aunque impugnada por numerosos exámenes econométricos, esta opinión encuentra eco en numerosos estudiosos y políticos que ven en la pobreza a la «nueva clase peligrosa».

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