Si algo se ha echado en falta desde que se consolidó la Autonomía Departamental en Tarija ha sido una Asamblea Legislativa Departamental que cumpla con su misión de orientar el desarrollo del departamento, de enfrentar sus problemas y de priorizar, por encima de todo, el bienestar de los tarijeños.

El primer periodo autonómico, aún interino por la falta de convalidación del Estatuto,  se convirtió en el instrumento para hacer huir a Mario Cossío, el gobernador electo que fue suspendido en medio de escándalos de corrupción. Los otros cuatro años y medio se convirtió en un escenario de discusión política que legitimó la gestión interina de Lino Condori. El segundo periodo, ni siquiera eso.

La cuestión es que la presente legislatura no va a pasar a la historia por haber sido una gestión lúcida y propositiva, a pesar de que en los cinco años Tarija ha venido atravesando una crisis con orígenes muy claros y donde una gestión comprometida con el departamento podía haber dado más lucidez y más soluciones

La Asamblea confirmada en 2015 se ha convertido en un enorme mamotreto de personal excedente, asesores, choferes, etc., además de un coladero de viáticos, pasajes, permisos y justificantes por doquier. Si a alguno de los que soñaban con la Autonomía hace 15 años le hubieran dicho que lo que debía ser la casa común y la expresión de la pluralidad tarijeña se iba a convertir en un escenario tan gris y tan corto, tal vez se hubiera pensado su ímpetu.

La cuestión es que la presente legislatura no va a pasar a la historia por haber sido una gestión lúcida y propositiva, a pesar de que en los cinco años Tarija ha venido atravesando una crisis con orígenes muy claros y donde una gestión comprometida con el departamento podía haber dado más lucidez y más soluciones, y en mejores plazos teniendo en cuenta que la Asamblea tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo y línea directa con el presidente Evo Morales, quien al final tenía la llave para fideicomisos, créditos, etc.

La Asamblea perdió esa oportunidad, y también la de liderar otros debates como el de Tariquía o afrontar con decisión los problemas sobre la unidad departamental con los conflictos del 45%, del encaje de la autonomía regional y otros. Siempre se pudo hacer más, pero nunca estuvo.

El debate que más enardece el hemiciclo cada año es el del presupuesto, y ni siquiera el del presupuesto departamental, sobre el que los asambleístas hace tiempo levantaron las manos dejando la cosa a negociación de sus subgobernadores, sino al presupuesto de la propia Asamblea Departamental.

Desde el principio de los tiempos, se destina prácticamente un millón de bolivianos por asambleísta. Lo que se ha mantenido invariable en los años de bonanza con más de 700 millones de dólares en el presupuesto departamental y ahora, cuando apenas llegan a cien, y la ha convertido en la Asamblea más cara del país.

Los datos para este año vuelven a la baja. El techo presupuestario de la Gobernación cae un 20% y apenas se superarán los 600 millones de regalías producto de la caída de ventas de gas. La Asamblea, sin embargo, apenas dispuso “ceder” un millón de bolivianos y mantener su presupuesto en los 28. Un “sacrificio” que vuelve a evidenciar las carencias de un legislativo del que se esperaba más. Mucho más.

 


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