Justicia registra al menos 81 procesos contra 182 policías por corrupción y narcotráfico

Los uniformados son implicados, principalmente, en casos corrupción, cobros ilícitos, consorcio, narcotráfico, entre otros. No están incluidas las denuncias por violencia intrafamiliar, acoso y agresiones.

Foto referencial

En diversas oportunidades el ministro de Gobierno, Carlos Romero, repitió que la Policía Boliviana arrastra una profunda crisis y que estaba fuera de control. Esas afirmaciones son confirmadas por al menos 81 procesos penales de relevancia contra unos 182 uniformados, según información de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ), a la que accedió ANF, y a un recuento de hechos públicos denunciados.

La mayoría de los delitos cometidos por estos uniformados son por corrupción como: uso indebido de influencias, cobros ilícitos, legitimación de ganancias ilícitas, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, robo y otros. Además se registraron procesos por narcotráfico y violaciones sexuales, entre otros. Sin embargo, no se contabilizaron las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, acoso e incluso feminicidio, que representan un número considerable.

La Paz registra la mayor carga procesal contra uniformados, ya que cuenta con al menos 30 causas penales abiertas contra unos 70 efectivos del Verde Olivo.

Entre los casos más relevantes se puede mencionar: Anapol I y II; consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías; compra ilícita de azúcar y arroz; cobros ilícitos. Además, existen policías investigados en el Caso Ormachea I y II; caso Illanes; caso intervención a los cocaleros de Los Yungas; caso UPEA y otros.

También existen procesos contra excomandantes de la Policía como los generales Jorge Santisteban, Luis Enrique Cerruto, Rino Salazar y Abel de la Barra.

Este año solo en el caso Anapol se abrió investigación contra 15 efectivos policiales implicados en cobros ilícitos a postulantes y adulteración datos de los exámenes de admisión.

Santa Cruz ocupa el segundo lugar con gran cantidad de procesos penales contra policías, ahí se tiene unas 28 causas contra al menos 64 uniformados.

Entre los casos relevantes de esta gestión puede mencionarse: caso Medina-Montenegro, Eurochronos, volteo de drogas, consorcios, violaciones, cobros ilícitos, entre otros. Además, el excomandante de la Policía, general Oscar Nina, junto a otros dos uniformados, fue procesado y encarcelado por vinculaciones con el narcotráfico.

También fueron encarcelados por presuntos nexos con el tráfico de estupefacientes el coronel Gonzalo Medina, capitán Fernando Moreira, mayor Kurt Brun Ríos, mayor Miguel Saldaña y están con medidas sustitutivas el teniente Juan Carlos Villca y el capitán Carlos Alberto Quiroga.

Al menos cuatro casos relevantes se registraron en Cochabamba contra 13 uniformados. Los delitos son: tratos inhumanos; falsificación y dos casos de consorcio, uno de ellos relacionado con el denominado “abogado torturador” Jhasmani Torrico.

El caso del “abogado torturador” fue el de más relevancia en el año porque este ciudadano confesó que tranzaba la liberación de implicados en asesinato, homicidio y violación, en complicidad de al menos 20 jueces y fiscales. En su consorcio también están involucrados seis uniformados.

Chuquisaca cuenta con cinco procesos de relevancia contra seis efectivos por cobros ilícitos, extorsión e intento de violación. Un caso escandaloso reciente fue la de un capitán de la Policía que fue encarcelado por intentar violar a una menor de 12 años.

También se registraron cuatro procesos penales en Tarija contra unos cuatro uniformados por delitos incumplimiento de deberes, tráfico de drogas y beneficios en la cárcel de Morros Blancos.

Pando cuenta con dos procesos contra tres policías implicados en incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión.

La violación a una ciudadana brasileña en una carceleta de Rurrenabaque, es el proceso más relevante que se registró en Beni contra ocho uniformados. Otro hecho similar ocurrió en el municipio de Reyes, donde dos mujeres implicaron a tres policías en el delito de violación.

Además, en ese distrito se lleva a cabo el proceso contra el excomandante Abel de la Barra por presuntos cambios de destino arbitrarios.

En Potosí se cuenta con unos cuatro procesos de relevancia contra nueve efectivos policiales, implicados en robo de vehículo a ciudadanos chilenos, incumplimiento de deberes, cobros ilícitos, uso indebido de influencias.

El caso relevante del año es el encarcelamiento de cinco policías que fueron implicados en el robo del vehículo del ciudadano chileno Sebastián Leiva, conocido como Cangri, y de su amigo; ambos cruzaron la frontera y el 24 de febrero aparecieron muertos.

Finalmente, en Oruro se registró dos casos de relevancia contra dos uniformados: cobros ilícitos para destinos policiales por el que fue procesado el coronel Romel Raña y donde son investigados varios uniformados. También está el caso del sargento Eloy Quispe, encarcelado por tráfico de drogas.

Coronel Raña
Este año la Policía Boliviana dio la baja definitiva a cuatro uniformados y otros 22 correrían la misma suerte en los próximos días, luego de que fueron procesados en la vía disciplinaria.

En este conteo de casos no están incluidas las denuncias contra policías por delitos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, acoso, e incluso feminicidio, que representan un número considerable. Por ejemplo, solo en 2016 hubo 390 denuncias en la Fuerza Especial de Lucha Contra Violencia (FELCV) por dichos delitos contra funcionarios policiales.

También es importante recordar que de 2007 a 2013 habían más de 30 procesos penales contra policías por distintos hechos de corrupción, procesos que quedaron estancados, según denuncia de la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo. Esto significa que, en seis años, los procesos penales, por corrupción, contra uniformados se triplicaron significativamente.


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