Instituciones no aplican el uso de idiomas originarios

Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) se cuestionó la aplicabilidad de la normativa que exige a todos los funcionarios públicos hablar dos idiomas originarios. La ALDT, la Gobernación, las alcaldías, las subgobernaciones, los concejos municipales y demás instituciones públicas exigen un certificado de idioma nativo antes de contratar, pero no se comprueba si se habla más allá de un Püama o de un ¿Imaynalla taytay?
El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Vega, explicó que la normativa se encuentra vigente hace varias gestiones atrás. En Tarija, los funcionarios optaron por aprender el guaraní, pero solo algunas palabras. “Este certificado que tenemos nos avala que sabemos dos idiomas, pero a fondo no sabemos. Sabemos saludar, frases muy básicas”, explicó. Una propuesta que realizó Vega es brindar cursos a los funcionarios para profundizar el conocimiento de este idioma. Si bien en los municipios que pertenecen a la Región Autónoma del Chaco- Caraparí, Villa Montes y Yacuiba- y algunas zonas de O’Connor se habla guaraní, también se habla quechua en la zona alta del departamento -Yunchará, El Puente e Iscayachi-.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 234, establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”, entre otros requisitos. El 2 de agosto del 2012 se promulgó la disposición transitoria tercera de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas 269, que estableció un lapso de tres años a todo servidor público para que aprenda un idioma originario correspondiente a la región a la que pertenecen.

En ese transcurso, se suponía que los funcionarios y todo aquel que en algún momento de su carrera profesional o política pretenda acceder a un cargo institucional presente un certificado que avale este saber, sin embargo, muchos obtuvieron un papel que los respaldaba, pero en la práctica son muy pocos los que verdaderamente pueden hablar con fluidez un idioma originario.

Han pasado cuatro años del cumplimiento del plazo, pero los resultados son invisibles. Las autoridades intentan abrir o cerrar discursos con un par de frases seguidas por aplausos, pero hasta el momento no se escuchó un discurso o una explicación sobre las verdaderas problemáticas utilizando estas lenguas.

Basilio Ramos: La práctica hace al maestro

El asambleísta de Yunchará, Basilio Ramos, explicó que existe una problemática personal sobre la aplicabilidad de los idiomas y se debe a la falta de práctica. En su experiencia, Ramos dijo que puede comprender varios idiomas, pero no los puede vocalizar. La Asamblea, en 2018, dictó cursos para todo el personal con la emisión de certificados al finalizar, pero tal como lo mencionó Vega son frases sueltas que no podrían ser utilizadas en una conversación con contenido.

“Está en la obligación de cada uno. Debería ser un reto de cada persona. Uno habla, pero no con tanta la fluidez. Yo, por ejemplo, no puedo pronunciar algunas palabras porque no ejercito ni practico diariamente”, manifestó el asambleísta.

Por otro lado, indicó que el área de Recursos Humanos (RRHH) de cada institución deberá realizar un examen para comprobar si los funcionarios hablan los idiomas que establecen en sus certificados a pesar de que esta acción significaría poner “sobre la mesa” los verdaderos conocimientos y la practicidad de la normativa nacional.

 

Derecho
Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas 269

Para el cumplimiento del Artículo 5, del numeral 7 del artículo 234 y la Disposición Transitoria Décima de la Constitución Política del Estado, toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres años. Ese plazo venció hace más de cuatro años.

 

Obligación
Idioma nativo es requisito para ser candidato

El reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para habilitar a los candidatos dice que entre los requisitos para acceder al cargo de presidente y vicepresidente está hablar dos idiomas oficiales del Estado, entre ellos uno es el castellano, que se supone no necesita certificación, y el otro es una lengua nativa. Sin embargo, a finales de la gestión 2018 cuestionaron al vicepresidente, Álvaro García, sobre su conocimiento de lengua nativa.

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