Instituciones fuertes: La clave para políticas públicas

A menudo pensamos que la solución a todos los problemas pasa por gastar más. Pero en el sector público, gastar es tan importante como gastar bien. Y para gastar bien, hay un pre requisito fundamental: instituciones sólidas”.

Así lo afirma Lea Giménez, Jefa de División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La experta pone como ejemplo de la estrecha relación entre calidad institucional y calidad del gasto es la seguridad ciudadana.

“En América Latina y el Caribe, el crimen nos cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad de lo que gastamos en salud o educación”, afirma.

En la última década, los países de la región han aumentado un 34% su gasto en seguridad. “Pero la aguja del crimen no se ha movido. Es más, en los países donde más esfuerzo fiscal se registró entre 2010-2012, solo unos pocos tuvieron un éxito proporcional en la reducción del crimen y la inseguridad. En la mayoría de los casos, el crimen aumentó”.

Cinco claves para instituciones sólidas

La experta del BID explica que la coordinación es un punto fundamental. “Más coordinación equivale a más eficacia. Los desafíos en seguridad hunden sus raíces en problemas multidimensionales (sociales, económicos, educativos, urbanísticos, etc.)”, por lo que una política de seguridad efectiva requiere la coordinación de muchos actores institucionales: policía, centros penitenciarios, tribunales, escuelas, centros de salud.

“Una herramienta interesante que se está empezando a implementar en algunos países son los delivery units (unidades de gestión estratégica), que permiten eliminar silos y favorecen la implementación de políticas públicas transversales”, afirma.

Otro punto clave es lograr una cultura (y un sistema tecnológico) que permita compartir información: “Es fundamental promover plataformas de interoperabilidad que permitan la colaboración entre todas las instituciones implicadas. En el sistema de justicia criminal, por ejemplo, se ha demostrado que los juicios se resuelven antes en lugares donde existen plataformas interoperables que vinculan de manera instantánea los datos de los juzgados, policías y los sistemas penitenciarios”.

La transformación digital, por otra parte, es “un abanico de oportunidades”. Y es que la tecnología y la innovación “están permitiendo alcanzar unos niveles de precisión en la gestión que hasta hace poco eran inviables”.

Giménez asegura que la “burocracia digital” ha permitido avances concretos en seguridad ciudadana. “En una región donde la mitad de los crímenes no se reportan, las nuevas comisarías virtuales están favoreciendo que las víctimas denuncien más”. También habla de la digitalización de la justicia, que va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales.

“Sin duda”, afirma, es un adelanto “que puede descongestionar las cárceles de la región, donde el 44% de los presos está en prisión preventiva.  Algunos países como Chile, de hecho, han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas la digitalización de sus sistemas de policiamiento”.

La cuarta clave, según apunta Giménez, son datos de calidad, que ella considera como “la gasolina de las políticas públicas basadas en evidencia”.

Pero si bien la revolución digital ha puesto a disposición de los gobiernos un volumen de datos sin precedentes, y aunque la información y la tecnología ya existen, las instituciones públicas no siempre tienen la capacidad de analizar los datos e incorporar las conclusiones en la toma de decisiones públicas.

“En materia de seguridad, por ejemplo, cada vez son más los cuerpos policiales que están usando los datos masivos para entender cuáles son los ‘puntos calientes’ del delito y, en base a eso, asignar las dotaciones policiales de manera más estratégica”, agrega.

Finalmente, la experta enfatiza que el recurso humano sigue siendo el elemento más importante: “Por muy bien diseñada que esté una política pública, gran parte del éxito reside en que exista en las instituciones el talento humano adecuado para implementarla y llevarla a buen puerto”.

En el caso de la seguridad ciudadana, Giménez piensa que “la incorporación, la formación y la retención de policías es esencial”, y pone el ejemplo de Honduras como un caso ilustrativo, ya que el país “invirtió en equipamiento tecnológico, profesionalizó las fuerzas de seguridad y adoptó una filosofía comunitaria, e impulsó la inclusión de un mayor número de mujeres en la policía. En cinco años la tasa de homicidios bajó a la mitad”.

Desafíos y avances

Reducir la alta tasa de criminalidad es uno de los grandes desafíos urgentes, ya que se considera que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo (la más violenta según Giménez), donde además muchos de los delitos “nunca se resuelven”. En el 2016 se registraron 24 condenas por cada 100 víctimas, comparado con las 78 en Europa, según datos de la experta.

Para abordar estos desafíos, los países necesitan “gastar mejor”, y para eso es necesario “contar con instituciones sólidas y planes estratégicos que marquen una hoja de ruta clara. La buena noticia es que muchos países están haciendo importantes esfuerzos en modernizar sus estructuras. Y eso, sin duda, es un avance alentador”.