IABSA paralizada, 40 obreros exigen sus derechos laborales

El conflicto entre el directorio de Industrias Agrícolas de Bermejo (IABSA) y los trabajadores continúa. Los ejecutivos del ingenio azucarero se dirigieron a la ciudad de La Paz para llegar a acuerdos con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) y con la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), entre otras.

El abogado contratado por la empresa, José Álvarez Plata, explicó que el problema de IABSA es complejo. Existen denuncias de ambas partes que incluso llegaron al ámbito penal y según su opinión no parece existir una solución inmediata a las rupturas laborales que se arrastran desde varios años atrás.

Por otro lado, expresó que los trabajadores continúan en la actividad de la zafra y que este fin de semana posiblemente se inicie el año laboral en los cañaverales de Bermejo, a pesar de las medidas que los 41 trabajadores efectuaron desde hace seis meses. “Esta no es la primera huelga que realizan los trabajadores, el año pasado también asumieron medidas de presión contra la empresa. Los problemas son más profundos”, expresó Álvarez.

Además, sostuvo que la situación de la empresa es la suma de malas decisiones desde su creación, pero el nuevo directorio tiene la predisposición de llegar a un acuerdo con los trabajadores y las entidades para frenar el peligro de cerrar esta empresa debido a la cantidad de trabajadores que alberga.

Por su parte, la delegada del Defensor del Pueblo, Carola Romero, indicó que se realizaron los acercamientos correspondientes a la parte afectada y se realizará el seguimiento necesario hasta que IABSA cumpla con los derechos laborales.

A su vez, expresó que la vulneración de los derechos laborales por parte del ingenio azucarero es un hecho ineludible. Los 41 trabajadores continúan efectuando las medidas de presión para obtener la cancelación de los salarios adeudados que no fueron efectivizados hasta la fecha.

Como consecuencia, el directorio de IABSA destituyó al anterior gerente por no resolver la situación laboral y se presupone que inscribió acuerdos con los trabajadores. En tal sentido, el Ministerio de Trabajo se encuentra al tanto de la situación y los trabajadores esperan que agilice los mecanismos necesarios para cumplir con las demandas. En caso de que se siga dilatando el tiempo de espera para realizar el pago se deberá judicializar las demandas realizadas, sugirió Romero, para posibilitar el curso de la actividad zafrera.

“Existen irregularidades del ingenio y van a obstruir esta actividad laboral hasta que se solucione el conflicto con los trabajadores. Evidentemente hemos tenido una reunión, hemos solicitado de manera concreta la cancelación de los salarios. En este momento se ha efectuado una cancelación parcial en especie, incluso algunos meses de adeudos, pero entendemos que no se ha llegado a un compromiso sólido y formal con los laborales”, señaló Romero.

Sin embargo, la vulneración de los derechos laborales continuará hasta que no se realice un compromiso concreto con el ingenio y el Ministerio de Trabajo cumpla su función para controlar y sancionar los incumplimientos contra los trabajadores.

“Las sumas considerables deben ser canceladas independientemente de las decisiones que tome el directorio del ingenio en estas circunstancias. Son más de 40 los trabajadores que se encuentran asumiendo medidas de presión por falta de salarios. Los beneficios sociales y las obligaciones laborales de las entidades privadas como estatales deben responder a la norma específicamente y no vulnerar los derechos”, manifestó Romero.
La obstrucción del salario laboral y a los beneficios sociales, forman parte de los delitos contra los trabajadores.

IABSA tiene una deuda de Bs 15 MM con la AFP

IABSA tiene una deuda acumulada de 15 millones de bolivianos a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP); sin embargo, se observó que se hizo el descuento correspondiente por pensiones de jubilación a los trabajadores en las boletas de pago. Según declaraciones de Leonel Alfaro, asesor de la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al Código Penal esa situación constituye un delito previsional, por lo que se sentó una denuncia al Ministerio Público.