Hidrocarburos, la responsabilidad histórica

Quedan seis meses hasta que un nuevo gobierno legitimado en las ánforas tome las riendas del país y entonces, aplique los postulados que necesariamente debe explicar en campaña.

Bolivia está en un periodo excepcional. Un momento de la historia que se constituye como una suerte de paréntesis obligado y que cada uno de los actores en ejercicio debería tener muy claramente interiorizado. No es el momento de “las grandes decisiones”. Es simplemente el momento de no meter la pata.

La economía nacional ha sido uno de los pilares en la narrativa de Gobierno de Evo Morales y su equipo. Una cadena interminable de éxitos contados desde una versión cada vez más cercana a la ortodoxia liberal y que tenía en la exportación, las reservas y el crecimiento del PIB sus tótems.

Más allá de los debates sobre las medidas de fondo, el éxito primordial se basó en los ingresos que la nacionalización de los hidrocarburos y la Ley otorgaron al país. Una significativa cantidad de recursos que no se esfumaban simplemente en forma de dividendos hacia las potencias centrales, sino que se quedaban en el país, aunque muchas veces se esfumaran en forma de contrabando e importaciones que perjudicaron la débil industria nacional.

Invertir en industrializar el gas requería grandes recursos pero también un importante cambio de mentalidad en todos los niveles del Estado. Pasar del victimismo y la autolimitación a una ambición sana por competir en el mundo de tú a tú.

Son los hidrocarburos, por tanto, el pilar esencial del desarrollo del país y que seguirá siendo, al menos hasta que no se empiece a comprobar qué beneficios va a dejar esa concesión del litio que Morales hizo a Alemania.

La nacionalización fue una derivada del referéndum de 2004, un hito propio de la agenda de Octubre, aunque se acabó convirtiendo en una suerte de prestidigitación a la que acudir cada vez que se ponían las cosas complicadas.

La nacionalización de los hidrocarburos no acababa logrando más ingresos por impuestos con los que multiplicar el poder territorial y la inversión pública, muchas veces cuestionada, sino que era una suerte de palanca para lograr la anhelada industrialización del país. Para ello, tomar el control de toda la cadena y que YPFB se convirtiera en una empresa estatal semejante a las de países islámicos, pero también de países del entorno en los buenos tiempos, era fundamental.

Invertir en industrializar el gas requería, evidentemente, grandes recursos económicos que entonces no podían ser utilizados en otros asuntos, pero también un importante cambio de mentalidad en todos los niveles del Estado. Pasar del victimismo y la autolimitación a una ambición sana por competir en el mundo de tú a tú.

Ni una cosa ni otra fue fácil. Los proyectos se fueron atrasando y mucho, desde las plantas separadoras (que tenían que estar en 2010) hasta las petroquímicas. La de urea se logró a duras penas. La de propileno apenas es un estudio a estas alturas. Por el camino, miles de analistas han entonado el “lamento boliviano” para no avanzar el proyecto.

Quedan seis meses hasta que un nuevo gobierno legitimado en las ánforas tome las riendas del país y entonces, aplique los postulados que necesariamente debe explicar en campaña.

Hasta entonces, nadie debe tomar decisiones de fondo ni en uno ni en otro sentido, ni pretender utilizar banderas tan sensibles para hacer política. Pues no toca otra cosa que actuar con responsabilidad histórica.