¿Guerra entre cocaleros?

El actual proceso político —que al principio fue realmente de cambio— contó con la participación activa de los cocaleros, tanto los del Chapare como los de los Yungas. Sin embargo a estas alturas —como pasa en varios otros sectores— el de los productores de coca se encuentra gravemente dividido, incluyendo enfrentamientos, heridos, muertes y apresamientos. Es comprensible que haya problemas, en cualquier sector y más aún en un sector que enfrenta entre otras cosas la hipocresía internacional contra la coca. Pero los problemas se solucionan dialogando, aplicando la ley y buscando innovaciones; no se solucionan peleando, menos aún matando, y menos aún metiendo a la Policía en el problema.

En este caso el detonante parece que fue la nueva Ley 906, que ya el año 2017 amplió los límites de la producción de coca legal en el Chapare, medida que desde Yungas es considerada ilegal. Como también parece haber jugado un papel la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta en La Asunta… No sé quién tiene razón, lo que sé es que la solución no es el uso de la violencia, ni la estatal (con Policía incluida) ni la social. La solución requiere diálogo, propuestas, intentos concretos de solución legal, tanto más cuando lo que está en juego es la hoja de coca (y por tanto el tema inevitablemente adjunto de la producción de cocaína).

Sin embargo nos enteramos de que en los últimos 2 años ha habido 6 muertos y 23 heridos, lo que agrava el conflicto y nos aleja de cualquier solución. El año 2018 la Policía reprime a los direigentes de ADEPCOCA, siendo así que el propio dirigente Honorato Atto (nombrado máximo dirigente por un “Comité ad Hoc”, el invento de siempre) le devuelve el cargo a Franklin Gutiérrez (que había sido elegido por las bases).

La respuesta del Estado es meter preso a Franklin Gutiérrez e iniciarle un juicio, acusándolo de la muerte de un policía. Sin embargo a estas alturas el ex fiscal Mariaca afirma que Gutiérrez es inocente y denuncia la presión ejercida por dos ministros para que igual se le siga juicio (y Mariaca prefiere renunciar a su cargo antes que cometer una injusticia, ojalá este ejemplo sirviera de lección al resto de fiscales).

Por tanto tenemos la obligación de preguntarnos qué está pasando. No se trata en ningún caso de maldecir la producción de hoja de coca, ni siquiera la prohibicion de “coca ilegal”, y tenemos claro que el retorno de la DEA es una idea absurda e insostenible, ya que dicha instancia juega parte importante de la hipocresía mundial sobre la fabricación y comercialización de drogas, ya que las repetidas prohibiciones lo que hacen es encarecer el precio del producto final (cuyo beneficio se disfruta en Miami).

De lo que sí se trata es de evitar enfrentamientos sociales, de no seguir dividiendo a la sociedad boliviana, de no abusar del poder para beneficio de unos y perjuicio de otros. De lo que se trata es de crear espacios de diálogo para resolver problemas, y por supuesto de no cometer injusticias como el apresamiento de un dirigente sin causas legales. No conozco a Franklin Gutiérrez y no pienso poner las manos al fuego por él, pero si hay motivos para enjuiciarlo tienen que ser motivos serios, probados, y no meras sospechas, y menos todavía rivalidades entre organizaciones sociales (entre las cuales llevan las de ganar —en el peor sentido de la palabra— las organizaciones que se declaran afines al gobierno).

Estamos dando un espectáculo vergonzoso a los demás países, e incluso estamos dando motivo para que algunos fanáticos, pro-imperialistas, añoren la renovada presencia de la DEA en nuestro país. Por favor, compañeros dirigentes y gobernantes, recuperemos la serenidad, la capacidad de diálogo y el apego a nuestra Constitución (tan venida a menos en los últimos tiempos). ¡Ukhamau!


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