Gobernación sugiere abrogar Ley del 8%, ALDT no entra en debate

Gladys Alarcón señaló que la Gobernación debe 156 millones de bolivianos a municipios. La única instancia que puede abrogar la Ley 206 del 8 por ciento es la ALDT, pero deberá ser una propuesta de los asambleístas departamentales y no es un tema que se evaluó en el pleno del Legislativo

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, sugirió que se abrogue la Ley 206 conocida como la Ley del 8 por ciento y los recursos destinados al cobro de débitos automáticos por parte de los alcaldes del departamento sean devueltos para reinvertirlos en proyectos que respondan a las necesidades de la población, pero el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega indicó que este tema no ingresó a debate.

“Esperamos que en un acto de arrepentimiento de parte de la Asamblea se pueda abrogar la Ley 206 que hizo muchísimo daño al departamento de Tarija y ha generado una práctica de abuso y arbitrariedad por parte de los alcaldes que no tuvieron coordinación con el nivel departamental, pero eso tiene que venir como una iniciativa de los asambleístas”, expresó Ardaya.

Vega, explicó que la única instancia que puede abrogar esta ley es la ALDT pero deberá ser una propuesta de los asambleístas y no es un tema que se evaluó con el pleno por lo que no está dentro de la planificación de agenda que se tiene en las próximas semanas.

Débitos

Los alcaldes del departamento iniciaron a solicitar débitos automáticos desde la gestión 2017

El Ministerio de Economía y Finanzas del actual Gobierno de transición se comprometió en no aprobar el cobro de nuevos débitos automáticos solicitados por los alcaldes en la gestión 2020. “Esto ha significado un fracaso absoluto porque no la invierten en las necesidades de la población. Esperamos pronto el pronunciamiento del Poder Judicial para que se pueda castigar a las autoridades que tomaron decisiones arbitrarias en el destino de los recursos”, argumentó Ardaya.

Los convenios de cooperación entre los Gobiernos municipales y la Gobernación respecto a los proyectos concurrentes que iniciaron en la gestión del exgobernador aliado al Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Condori, fueron resueltos y se inició la tarea de diseñar nuevos convenios. Para Ardaya, los tres débitos que se cobraron a partir del año 2017 hasta el 2019 deberán ser devueltos a las arcas del Gobierno departamental, sin embargo, esta acción resulta ilegal para los alcaldes, según indicó la presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón.

“Tenemos dos años de la vigencia de esta normativa. Sabemos que los técnicos y el Gobernador (Adrián Oliva) llaman a esta ley como una normativa inconstitucional, pero ellos no hicieron ninguna acción ante el Tribunal Constitucional a nivel nacional y a nivel departamental. Pueden querer derogar, pero aquí hay un procedimiento y es un trabajo de la ALDT”, señaló Alarcón.

Para la autoridad de la AMT esta normativa generó un equilibrio en el manejo de los recursos porque se pone en vigencia cuando la Gobernación no realiza los desembolsos económicos a los gobiernos municipales. Recalcó que la relación entre la Gobernación con los municipios no fue positiva y este detalle imposibilito llegar a acuerdos.

“De acuerdo al relacionamiento político que el Gobernador tiene con algún alcalde se realizan los desembolsos y aquellos alcaldes que no estamos en relación política con el Gobernador de turno se truncan los desembolsos. Lo que adeuda la Gobernación son 156 millones de bolivianos a todos los gobiernos municipales y sigue pendiente”, expresó.

Tomarán en cuenta la pobreza para proyectos concurrentes

Los nuevos convenios entre los gobiernos municipales y el Gobierno departamental se basarán en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el Índice de Progreso Social (IPS) para determinar lineamientos estratégicos de las inversiones. “Se han invertido 40 millones de bolivianos en el Estadio con iluminación y otras obras, pero la población no tiene agua potable. Es O’Connor la provincia con mayor pobreza, ya no es Yunchará”, dijo Ardaya.