Gloria busca la paz

Rumores y presiones marcaron la investigación del feminicidio de Dayana. El juicio por la muerte de Dayana Alemán entra en una fase decisiva mientras la defensa del acusado de feminicidio busca otro aplazamiento para tratar de anular la autopsia o al médico que la realizó

Gloria aguarda en silencio. Escucha tal vez nada. Mira hacia tal vez ningún sitio. Envuelta en abrigo largo, su rostro se ha como iluminado en estos años, como si fuera un efecto secundario de las lágrimas contenidas. A veces llora. A veces no. Gloria lucha contra Goliat y contra el desesperante sistema de Justicia boliviano. Gloria perdió a su hija y quiere justicia. Nada más.

Uno de los juicios más tortuosos de los últimos años en Tarija se acerca a su fin, y lo hace, como no podía ser de otra manera, envuelto en polémica. Los datos lo dicen todo. Han pasado dos años, seis meses y dos días desde que Dayana Alemán se apagó y hasta hoy no hay luz sobre lo sucedido aquella noche en el Motel La Gaviota de Tomatitas. Era la víspera de San Valentín. Era verano en Tarija. Era lunes de madrugada.

La Fiscalía tiene claro lo que pasó. La autopsia dice que Dayana recibió un golpe mortal en la cabeza. La cronología dice que su acompañante aquella noche, Elías, la llevó hasta el hospital. La gente del Motel solo habla con el Ministerio Público. Elías fue aprehendido e imputado por feminicidio luego de una autopsia minuciosa realizada por el doctor Daza, otra arista polémica de este mismo juicio. Desde entonces son unas 50 audiencias de cesación de detención preventiva que se solicitan y que se deniegan, pero lo recursos parecen no tener fin para una familia trabajadora y poderosa en Tarija cuando lo que está en juego es la vida libre de uno de sus vástagos.

El juicio ha arrancado y, esta vez, parece que va en serio hasta el final.

Denuncias

Desde el principio, el caso de Dayana y Elías ha tenido un tratamiento particular por parte de las autoridades; mucho más cuidadosos con las presunciones y los detalles que en otros casos similares. Instituciones públicas, como la secretaría de Familia del Municipio de Tarija, llegaron a distribuir comunicados precisando sus papeles y recomendando a los medios de comunicación tomar la previsiones pertinentes.

El despliegue contrastaba con la frágil imagen que proyectaba Gloria y su otra hija Jose, entonces una candorosa adolescente contrariada y hoy una mujer decidida e incisiva en sus convicciones.

La Ley 348 es explícita en las condenas a aplicar en casos de feminicidio, y es muy poco tolerante a la interpretación o matización de las circunstancias; una rigidez que puede derivar en negociaciones del tipo penal durante el periodo de investigación o en una sentencia absolutoria por no ajustarse al tipo.

El lunes circuló en el país un audio en el que nítidamente se daba cuenta de esa negociación, ni más ni menos que con un alto magistrado del Consejo de la Magistratura Omar Michel, y su hermano, Juan Michel, involucrados.

El Consejo de la Magistratura es el órgano de Gobierno de los jueces, el que pone y quita. En el audio la magistrada Minerva Tárraga, a cuya sala cayó alguna de las muchísimas audiencias de cesación de detención preventiva, recibía instrucciones específicas: conceder la cesación, y como argumento principal, Michel citaba que “ya la Fiscalía se está allanando a cambiar el tipo penal”.

Tárraga no cedió, pues nunca se concedió una libertad, pero los rumores del cambio de tipo penal, etc., no cesaron durante los dos años de instrucción.

El propio Fiscal Departamental de la primera etapa, Gilbert Muñoz, denunció específicamente que le habían ofrecido 20.000 dólares por cambiar el tipo penal. El feminicidio son 30 años sin derecho a indulto, el homicidio imprudente… a veces ni cárcel.

La denuncia de Muñoz se perdió en la burocracia judicial entre contradenuncias por calumnias y poco interés.

Huelga decir que los Michel han negado enérgicamente su participación en esa negociación, aunque se han iniciado las investigaciones pertinentes desde el Ministerio Público, que se ha trazado como tarea ser implacable con la corrupción judicial y también tomar en serio los casos de feminicidio.

Dudas y dudas

La irrupción de los audios comprometedores al inicio de la segunda semana de juicio, así como su amplia repercusión en La Paz no dejado indiferente a nadie. Está previsto que el juicio dure unas tres semanas, pero en la estrategia de defensa de Elías está la dilatación del proceso, por un objetivo concreto. En varias ocasiones han solicitado la suspensión de este proceso y desde finales de 2018 se han fijado como cuatro fechas.

El despliegue de la defensa es poco habitual en Tarija. Abogados profesionales con manejo de la escena. La estrategia es cosa de Mary Carrasco, una abogada de peso que ha llevado entre otros casos el caso Porvenir y que carga una leyenda en sus hombros. Una sola vez se dirigió a este medio para mostrar su desacuerdo con algunos enfoques e hicimos cita para la semana posterior. Nunca vino.

Lo cierto es que desde que Carrasco se hizo cargo del caso, la estrategia ha sido nítida: tumbar la autopsia, pues es, junto a algunos testimonios, lo que realmente incrimina a su defendido. En ese sentido, el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Walter Daza, entró en el punto de mira.

Los que lo conocen y han trabajado con él dan fe de que Daza era un médico minucioso, que se tomaba su tiempo para realizar las pericias e indagaciones particularmente en los casos de violación, etc. Con el cuerpo de Dayana estuvo horas en los bajos del San Juan de Dios. También de ser algo “ojoalegre”, a nadie le extrañó el proceso por acoso que lo apartó de la Fiscalía por muy preparado que pudiera estar.

Evidentemente nada tiene que ver una cosa con la otra, pero el proceso está en marcha. Aunque otro es el sustancial. En el afán de tumbar la autopsia no se han escatimado esfuerzos. Incluso el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, potosino coma Daza, aparece indagando sobre la legalidad de su título de especialidad obtenido en la Universidad Tomás Frías. Hasta la senadora Mirtha Arce se involucró en averiguar estas situaciones.

Lo cierto es que Daza estuvo años trabajando en Ministerio Público luego de presentarse a un concurso en el que se ameritó su idoneidad y fue contratado. En el juicio interpuesto en este sentido se trata de verificar si falsificó algún documento o si fue contratado sin cumplir con todos los requisitos. Daza defiende su trabajo. Docenas de violadores, asesinos, etc., están en prisión por los informes del doctor que asumió la tarea.

Justicia y desenlace

Dayana Alemán tenía 23 años y una piel blanquísima, una sonrisa clara y muchas ganas de comerse el mundo. También era una romántica. Una mujer sana y con sueños que jamás se hubiera imaginado estar en medio de esta historia.

Su caso ha sido emblemático en Tarija y en el país, un caso que hizo florecer el colectivo Ni Una Menos en Tarija y que ha logrado compromisos de atención de casi todos, sobre todo por la tenacidad de Joselin, que consiguió compromisos hasta de María Galindo. Un caso que también ha desnudado las flaquezas de la 348.

En el proceso ha habido momentos de tensión, Tarija es una ciudad todavía chiquita y con deje conservador.  Familia y activismo. Hoy la sensación en el Palacio es diferente. Los nervios se mastican. Algo va a pasar.

Objetivo: Frenar la violencia feminicida en Bolivia

En 2018 Tarija llegó a cifras intolerables de violencia hacia la mujer. Carmen, Diana, Lucrecia Josefa, Felisa, Jazmín, Sebastiana, Carla Patricia, Janeth, Ivana, Gladys Ermelinda y Gladys Nieves eran mujeres que vivían en Tarija y que perdieron su vida en 2018 a manos de sus parejas o exparejas.

El clamor social logró que se declarara la emergencia departamental, aunque la movilización de recursos y planes camina todavía despacio. En 2019 se han mejorado ligeramente las cifras, con cinco asesinadas hasta junio, pero nada parece apuntar a que sea la emergencia la que está modificando el patrón.

El problema es nacional, y en la coyuntura, con mñás de 80 asesinadas en los primeros seis meses del año, el Gobierno reaccionó para tratar de intervenir en la deriva. No faltaron las críticas por electoralismo. En cualquier cao, se fijaron una serie de metas que se recogen a continuación.

Punto 1: Pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana provenientes de Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) se destine a la lucha contra la violencia. Para eso se ha creado una comisión que estudie el porcentaje, indicó Morales.

El Reglamento a la Ley 348 ya dispone porcentajes del IDH que entidades deben destinar a la protección de la mujer, por ejemplo, en refugios, servicios integrales y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

Punto 2: Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo con la participación de madres, padres de familia, maestras, maestros, estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y no en la violencia.

Punto 3: Pacto para eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía en el Órgano Judicial, para acelerar el acceso a la justicia.

Punto 4: Pacto con las familias para promover una cultura con valores y la responsabilidad en la lucha contra las violencias.

Punto 5: Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles del gobierno. Cada servidor público no sólo debe conocer la norma sino también debe entender la problemática de la violencia, en especial con el sistema de salud, dijo Morales.

Punto 6: Pacto para comunicar, desnaturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas, para avanzar en la construcción de una cultura de la no violencia.

Punto 7: Pacto con los municipios y gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres que viven situaciones de violencia, para dar respuesta oportuna a las víctimas y prevenir la violencia para la ejecución de sus recursos.

Punto 8: Pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres.

Punto 9: Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra las violencias de los barrios las comunidades, los espacios laborales, etcétera.

Punto 10: Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como un delito de lesa humanidad y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.

Morales indicó que para implementar el plan se aprobó ya dos decretos. El primero para implementar medidas de concientización y prevención que promuevan la existencia armónica y pacífica de las familias en las familias bolivianas y los bolivianos, a través de jornadas de sensibilización por parte de los gobiernos autónomos municipales y de los gobiernos autónomos indígena originaria campesinas.

En el segundo decreto se refiere a la prevención de la violencia entre servidores públicos y personal de empresas privadas.

 


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