Feminicidios en Tarija: acciones urgentes para que no nos maten

La alerta departamental está vigente, y como las propias ONG se han hecho un lío con esto de que la intervención de emergencia sostenible y no solo acciones aisladas, pues los meses pasan sin que se puedan ver asuntos tangibles.

Pasan los meses, y a pesar de la alerta feminicida decretada con acierto a finales del año 2018, la situación no está mejorando. En 2018 se registraron doce feminicidios situándonos en los más alto del siniestro podio; este año ya van cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, lo que supone ser uno de los departamento con mayor ratio de mujeres asesinadas por cada cien mil habitantes. Una cifra que vuelve a destapar las carencias del sistema y las miserias de la sociedad.

Tarija ya suma 4 feminicidios este año y el promedio está entre los más altos del país

El dato es demoledor. El Ministerio Público reporta 47 casos de feminicidio en los primeros cinco meses del año. En términos absolutos, Cochabamba es donde más feminicidios se han registrado con 13, lo que supone una media de 1,4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, similar al promedio en Tarija, donde ya se han registrado 4; la misma cantidad que en Potosí, aunque ese departamento se acerca a los 900.000 habitantes.

En La Paz se han reportado 10 y en Santa Cruz 7, que hace promedios muy inferiores, ya que La Paz se acerca a los tres millones de habitantes mientras que Santa Cruz los supera ampliamente. La estadística la rompe Pando, que con 3 feminicidios para 144.000 habitantes supone un hito complejo.

El fatídico mapa lo completan las tres mujeres asesinadas en Beni, dos en Oruro y una en Chuquisaca. A nivel nacional el promedio está en 0,4 asesinadas por cada cien mil habitantes, pero apenas se contabilizan cinco meses del año.

Los números son números, y en este caso es necesario abordarlos fríamente para darnos cuenta de la magnitud del problema. La semana pasada se publicó el dato a nivel Sudamérica respecto al año 2018, donde Bolivia con dos mujeres asesinadas por cada cien mil lo coloca en la cumbre de esta vergonzante lista.

Detrás de los números hay personas, mujeres, familias, niños. Dramas terribles que cuesta mucho trabajo enfrentar y superar en todos los casos. La nueva iniciativa para una ley Jazmín viene a tratar de paliar en algo esta situación, una acción de buena voluntad que esperemos no se trunque por el camino ni sea simplemente un ejercicio político de último momento.

La alerta departamental está vigente, y como las propias ONG se han hecho un lío con esto de que la intervención de emergencia debe estar además dentro de un programa de largo plazo para que no sean solo acciones aisladas, pues los meses pasan sin que se puedan ver asuntos tangibles. Crear una estructura de secretaría o dirección para abordar este asunto en auge es seguramente una buena idea a largo plazo, pero a corto es necesario ser más eficiente en la asignación de recursos.

No son precisas muchas consultorías para saber que al SLIM, a la Defensoría de la Niñez, al equipo especializado de la FELCV, al Ministerio Público, etc., les faltan recursos para hacer un seguimiento adecuado a los casos, especialmente de riesgos. Recursos fundamentalmente humanos y tal vez gasolina para llegar lejos; nadie está pidiendo más camionetas, que nos conocemos. No hay que inventar la pólvora. Se trata de movilizar gente, tomar precauciones, monitorear y agilizar los procesos que tantas veces se caen precisamente por el tanto tiempo empleado. Se trata de dar garantías a la víctima, oportunidades. Después vendrá el largo plazo, la concientización, la necesidad de cambiar el paradigma, los roles, las nuevas masculinidades, la sororidad, etc. Pero ahora, ahora, nos están matando.

 

 


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