Feminicidios, ahora emergencia nacional

Sin duda que el decálogo de pactos contiene muy buenas ideas, pero la emergencia requiere medidas inmediatas y un verdadero compromiso político con el largo plazo, que debe empezar por las propias actitudes

La violencia contra la mujer es un problema real y cotidiano en el día a día del país, y su consecuencia, el feminicidio, es un flagelo que azota todos los días en los diferentes departamentos. El promedio de los últimos años es una mujer asesinada cada tres días, y subiendo.

El más triste logro hasta el momento es que al fin se tienen datos; un registro más o menos certero de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, o por su única condición de mujer y que sirve para dimensionar un drama diario de consecuencias impredecibles. En Tarija hay más muertes de mujeres que asesinatos, lo cual exige una urgente reflexión.

El flagelo se viene contabilizando desde 2014, pero de poco ha servido a la hora de tomar decisiones o medidas urgentes. Desde el mismo instante en el que se promulgó la Ley 348, el mismo Movimiento Al Socialismo y su Gobierno se han escudado en esa acción para rechazar cualquier tipo de crítica o petición de acción, como si la violencia supiera de colores políticos o como si la Ley por sí misma fuera a cambiar algo.

La reciente difusión de los datos del semestre, aun así mal contabilizados, pues en Tarija el Ministerio Público registra cuatro, cuando todos los colectivos y la hemeroteca dan cuenta de cinco, han motivado algunas reacciones que no dejan de estar demoradas, a solo tres meses de unas elecciones y sobre un tema especialmente sensible a nivel nacional.

La “reacción” a las más de 70 muertes en el primer semestre ha sido una suerte de plan de urgencia que en sí mismo contempla una decena de pactos con numerosos agentes y actores:

1: Pacto para que una parte del Presupuesto de Seguridad Ciudadana se destine para la lucha contra la violencia a la mujer, niña y adolescente. 2: Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo. 3: Pacto para eliminar la impunidad y acelerar el acceso a la justicia para las mujeres. 4: Pacto con las familias para promover una cultura con valores. 5: Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias de niveles del gobierno, carda servidor público debe entender la problemática de la violencia. 6: Pacto para comunicar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la niñez para avanzar en la construcción de una cultura de la ‘no violencia’. 7: Pacto con los Municipios y Gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres y a la niñez que viven situaciones de violencia para dar respuestas oportunas a las víctimas y prevenir la violencia. 8: Pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres. 9: Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra la violencia, desde los barrios, comunidades y espacios laborales. 10: Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como un (delito) de extrema gravedad y lesa humanidad y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.

Sin duda muchas ideas y muy buenas. Pero no se hace mención ni al presupuesto a destinar, ni a la entidad que los pondrá en marcha, ni a la forma de gestionar y evaluar.

Es evidente que para la emergencia lo que hay que hacer es fortalecer los pocos servicios disponibles, y eso no se hace con reuniones. Pero es evidente que el cambio real llega con medidas a largo plazo, consistentes y persistentes, y ahí, es importante que los políticos, más allá de sus promesas, empiecen a desterrar el machismo de sus actos y de sus palabras. Todo lo demás no es creíble.

Desde el mismo instante en el que se promulgó la Ley 348, el mismo Movimiento Al Socialismo y su Gobierno se han escudado en esa acción para rechazar cualquier tipo de crítica o petición de acción, como si la violencia supiera de colores políticos


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