El incendio en la Chiquitanía boliviana, que sin solución de continuidad física, pero si lógica, se extiende ya por la Amazonía beniana, es ya el peor incendio que se recuerda en términos de extensión y una de las peores catástrofes ecológicas del país, por encima de las inundaciones del Beni en 2013-2014 y otras sectoriales provocadas por minas y otros vertidos.

Miles de voluntarios y profesionales luchan hoy contra el fuego, al tiempo que oran por la lluvia, hoy por hoy el mejor aliado que se puede buscar en esta titánica tarea que requiere mucha pericia y mucha coordinación. También mucho arrojo. El fuego no es como se ve por televisión.

Efectivamente, Bolivia se encuentra ante una tragedia en términos ambientales de considerable magnitud al tratarse de un espacio – el bosque seco chiquitano – único en su concepto de transicional entre la Amazonía y el Gran Chaco Sudamericano, ambas las regiones ecológicas más importantes del continente.

El desastre ha superado las capacidades del país, tanto en la fuerza de reacción como incluso en las de comunicación. El fuego lleva más de tres semanas activo pero apenas una como prioridad nacional. Al mismo tiempo, la información que emana del desastre es parcial, confusa y con mucha tendencia al sensacionalismo.

El problema principal es que el incendio se ha abordado, desde el primer momento, en términos político – electorales acordes a los tiempos en que se mueve el país y no atendiendo a los términos de emergencia y solidaridad convenientes en estos casos

El problema principal es que el incendio se ha abordado, desde el primer momento, en términos político – electorales acordes a los tiempos en que se mueve el país y no atendiendo a los términos de emergencia y solidaridad convenientes en estos casos. También que las comunicaciones se han adornado con una esperanza que no conviene agitar. Hoy ya sabemos que el Supertánker por sí solo no hace milagros.

Hoy sigue siendo demasiado pronto para hacer valoraciones políticas de lo que está sucediendo en la Chiquitanía; es pronto para probar que el decreto firmado en julio en el que se toleraban desmontes y quemas y todo lo anteriormente promovido en búsqueda de la mentada “ampliación de la frontera agrícola”, palabras sagradas para los dueños de la soya, el maíz, la caña y sus semillas, ha tenido algo que ver en los orígenes, o no.

Lo único real en términos políticos a estas alturas es que no se prestó la atención suficiente desde el primer momento, ni por parte de la Gobernación de Santa Cruz ni por parte del Gobierno, aunque en estos casos la cadena competencial está clara, aunque después de embarre con las declaraciones de urgencia, de emergencia, etc., etc., que básicamente se centran en cómo movilizar la plata y no en cómo apagar el incendio.

El fuego en un país exuberante como Bolivia es una amenaza mayor. Lo es todos los países del mundo precisamente por su voracidad. Nadie debió hacer cálculos en términos de soberanía o dignidad lo que suponía enfrentar este incendio.

Más allá del cuento de la suspensión de campañas electorales, resulta evidente que unos y otros siguen haciendo cálculos hacia sus alforjas de lo que puede suponer de aquí a octubre. El oficialismo quiere presentarse como el Gobierno capaz de solucionar los problemas. La oposición quiere que sea su “Gabriela Zapata”. Unos y otros cruzan acusaciones y descalificaciones de lo más surrealistas sin tomar en cuenta el aspecto fundamental: el desastre es de todos. Aquel que quiera sacar ventajas sin pudor, lo acabará pagando.