¿En qué se diferencian las izquierdas de los progresismos?

El investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo, Eduardo Gudynass, nota que, históricamente, las izquierdas latinoamericanas “siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial”. En cambio, los gobiernos progresistas actuales “pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad”.

El experto pone como ejemplo el caso de su país, Uruguay, donde se dio “la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno”.

Lo cierto es que esos ejemplos podrían aplicarse con exactitud también a lo que ocurre en Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Paraguay, sin importar si sus gobiernos son progresistas o neoliberales.

Variedades de una misma subordinación
Pese a la aparente contradicción, estas son en realidad solo “distintas variedades de desarrollo”. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera (Chile, Colombia). En otros casos (Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela) el desarrollo se instrumentaliza “en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos”.

Pero en todos los casos se comparten “ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales”, así como la “obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza”.

En síntesis, todos esos gobiernos “expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas”, y es por ello que se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos, puntualiza Gudynass.

Para el investigador del CLAES, las izquierdas fueron las corrientes críticas y los movimientos populares que culminaron en los gobiernos progresistas del siglo XXI, mientras que los progresismos son ya los gobiernos, que adoptaron medidas sociales pero sin cuestionar el lugar subordinado y dependiente de sus países en el sistema capitalista mundial.

Al insistir “en el papel de proveedor subordinado de materias primas”, los progresismos se meten voluntariamente en una trampa: “deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio. La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global”.

Transiciones: propuesta alternativa en proceso
Una de las propuestas de las organizaciones que conforma la plataforma internacional TRANSICIONES es redireccionar la provisión y el consumo de hidrocarburos. Para el caso boliviano, implica dejar de ser exportador y en vez de ello satisfacer la demanda interna a largo plazo, industrialización incluida, mientras se gestan medidas para el cambio de matriz energética,

Para ello, un paso a seguir es renegociar la exportación de gas con Argentina sobre “gas natural empobrecido en virtud a un acuerdo de integración energético/productivo. El convenio debe darse entre empresas estatales, sin intervención de ninguna forma de empresas transnacionales”.
Los expertos calculan que con la producción de solo 1 megacampo alcanzaría para cubrir la demanda interna. Esto no solo reducirá el acelerado vaciamiento energético sino también frenaría la presión sobre la Amazonía, Áreas Protegidas, sitios RAMSAR y Territorios Indígenas.

También se propone reorientar el Fondo de Incentivo Petrolero, que de todas formas ha fracasado para encontrar nuevos reservorios, y utilizar ese recurso para la conversión de la matriz energética y el fomento de actividades productivas sostenibles.

Otra propuesta es eliminar progresivamente “todos los subsidios energéticos a extractivismos, empezando por la soya y la minería”. Y promover la inversión pública (con recursos nacionales, regionales y locales) en sistemas de transporte masivos eficientes. “Paralelamente, retomar la planificación urbana y políticas de acceso y mejora de vivienda social sin ampliaciones de las manchas urbanas”.

Se ha identificado también la urgencia de “resolver problema de internación de autos ilegales y la subvención de combustibles a vehículos particulares”, junto con el incremento de la producción de energía aprovechando el potencial eólico, solar e hídrico de pequeña escala.

Disminuir la presión fiscal hacia los pobres y asalariados, implementar más impuestos a las transnacionales y grandes aliadas del capital extranjero. Priorizar la inversión pública hacia inversiones concurrentes en políticas sociales: educación, salud, saneamiento básico, transporte público y vivienda social. Generar un fondo público con aportes de operadores y del Estado para saneamiento y conservación medioambiental.

Estas son solo algunas de las propuestas que, en palabras de Gudynass, dejaron de estar en la “agenda concreta y real” de los gobiernos progresistas, y que por el contrario, “organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo”.