En el cálculo electoral, Arce cierra filas con los alcaldes
El Ministro de Justicia y coordinador gubernamental con el partido de Gobierno en Tarija, Héctor Arce, ha cerrado filas con los alcaldes en el pulso por la priorización de recursos económicos del presupuesto departamental. Arce, que ha justificado el mecanismo de ejecución de débitos...
El Ministro de Justicia y coordinador gubernamental con el partido de Gobierno en Tarija, Héctor Arce, ha cerrado filas con los alcaldes en el pulso por la priorización de recursos económicos del presupuesto departamental. Arce, que ha justificado el mecanismo de ejecución de débitos automáticos, ha generado malestar entre los subgobernadores que han convocado a una reunión al Ministerio de Economía, precisamente para aclarar el alcance y la base de cálculo de los débitos, que está perjudicando su propio desempeño. La decisión se enmarca dentro de la pugna electoral que ya ha empezado en el MAS Tarija.
A cinco meses de las elecciones generales, el empobrecido presupuesto departamental que administra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva ha sido sometido a débitos automáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas desde La Paz, a solicitud de alcaldes cercanos a Evo Morales. El motivo es el financiamiento de 18 convenios de inversión concurrentes nuevos, que han comprometido 280.000.000 de bolivianos en la gestión del gobernador, Adrián Oliva, suscritos de buena fe con la alcaldías no chaqueñas.
La cuestión de fondo es si se debitan el 8% - contemplado en la Ley 206 - del 55% de las regalías departamentales o del total de ellas, pese a que el 45% de esas regalías van a parar directamente a cuentas de la autonomía del Chaco, cuyos tres municipios, precisamente por esa razón, no están incluidos en la ley, que es la norma que le autoriza al Ministerio de Economía sacarle dinero a la gobernación opositora y poner en cuentas de los alcaldes.
En las resoluciones, el Ministerio de Economía y Finanzas se cuida de aclarar que la responsabilidad de los cálculos es de los alcaldes que solicitan el débito y que, aclara, sólo actúa como operador ciego del mecanismo. Para la Gobernación y también para los subgobernadores, este mecanismo constituye un abuso además lesivo, puesto que el mal cálculo implica emprender otros mecanismos legales para recuperar los recursos que demandan tiempo y esfuerzo.
Para el Ministerio de Economía, “la ley está clara”. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, a tono con las solicitadas publicadas, “la ley es muy clara y habla de regalías hidrocarburíferas”, según declaraciones a un programa radial tarijeño difundo por Radio Luis de Fuentes de la capital chapaca. Cusicanqui prioriza la Ley 206 sobre la Ley del Presupuesto Departamental, que es posterior y tiene el mismo rango de aquella, o los decretos departamentales reglamentarios que regulan la temática.
La Ley del Presupuesto departamental dilucida el asunto y regula el cálculo tomando en cuenta lo efectivamente ingresado por regalías a la Gobernación de Tarija (el 55% de las regalías departamentales), y no el 100%, que es la base de cálculo aplicada por los Alcaldes solicitantes de débitos. Sin embargo, Cusicanqui repite el libreto institucional del Ministerio de Economía: “El cálculo es responsabilidad de los municipios solicitantes, los operadores no somos responsables de los montos ni nada”, enfatizó en Tarija en días pasados.
Zaconeta, con los alcaldes
Arce Zaconeta dijo a la estatal ABI que "los débitos automáticos están basados en una ley y todos debemos someternos a la ley y Constitución". Lo que no especifica Arce es si sólo debe considerarse la Ley 206 o también la Ley del Presupuesto departamental y sus decretos reglamentarios, ninguno de ellos declarados nulos o inconstitucionales.
El asambleísta por UD-A, Mauricio Lea Plaza, quien en marzo del pasado año 2018 ya advirtió que los débitos automáticos podrían causar un “descalabro financiero” en Tarija, a tiempo de criticar los convenios firmados por la Gobernación, ha expresado también su postura: el mecanismo vulnera la autonomía departamental y debe ser denunciado mediante una acción de inconstitucionalidad porque “nadie puede invadir la soberanía fiscal de una entidad autonómica y ese es un principio que está en la Ley Marco de Autonomías”, fundamentó.
Alcaldías debitaron por encima del 1%
Según las fuentes a las que tuvo acceso El País, de aplicarse las normas vigentes, se habrían registrado millonarios cobros en exceso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a instancias de alcaldes provinciales, calculando montos sobre el 100% de las regalías departamentales, y no sobre el 55% que prevé la Ley del Presupuesto departamental. Según la Gobernación, el 1% del 2018 es de 7.459.652,66 bolivianos; sin embargo los cálculos se habrían ejecutado sobre 13.563.004,81 correspondientes al 100% de las regalías incluyendo el Chaco.
Por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía.
En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo, se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía. En el caso de este municipio, según fuentes consultadas, está pendiente el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0533/2018-S1 de fecha 17 de septiembre de 2018, correspondiendo devolver débitos considerados “ilegales”.
El Gobierno Autónomo Municipal de Yunchará se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos se habría debitado 4.415.636,85 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de El Puente se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, y el viceministro de Economía, Jaime Cusicanqui, han asegurado que no es responsabilidad suya la base del cálculo sino de los propios alcaldes, lo que para la Gobernación resulta inexplicable.
A cinco meses de las elecciones generales, el empobrecido presupuesto departamental que administra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva ha sido sometido a débitos automáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas desde La Paz, a solicitud de alcaldes cercanos a Evo Morales. El motivo es el financiamiento de 18 convenios de inversión concurrentes nuevos, que han comprometido 280.000.000 de bolivianos en la gestión del gobernador, Adrián Oliva, suscritos de buena fe con la alcaldías no chaqueñas.
La cuestión de fondo es si se debitan el 8% - contemplado en la Ley 206 - del 55% de las regalías departamentales o del total de ellas, pese a que el 45% de esas regalías van a parar directamente a cuentas de la autonomía del Chaco, cuyos tres municipios, precisamente por esa razón, no están incluidos en la ley, que es la norma que le autoriza al Ministerio de Economía sacarle dinero a la gobernación opositora y poner en cuentas de los alcaldes.
En las resoluciones, el Ministerio de Economía y Finanzas se cuida de aclarar que la responsabilidad de los cálculos es de los alcaldes que solicitan el débito y que, aclara, sólo actúa como operador ciego del mecanismo. Para la Gobernación y también para los subgobernadores, este mecanismo constituye un abuso además lesivo, puesto que el mal cálculo implica emprender otros mecanismos legales para recuperar los recursos que demandan tiempo y esfuerzo.
Para el Ministerio de Economía, “la ley está clara”. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, a tono con las solicitadas publicadas, “la ley es muy clara y habla de regalías hidrocarburíferas”, según declaraciones a un programa radial tarijeño difundo por Radio Luis de Fuentes de la capital chapaca. Cusicanqui prioriza la Ley 206 sobre la Ley del Presupuesto Departamental, que es posterior y tiene el mismo rango de aquella, o los decretos departamentales reglamentarios que regulan la temática.
La Ley del Presupuesto departamental dilucida el asunto y regula el cálculo tomando en cuenta lo efectivamente ingresado por regalías a la Gobernación de Tarija (el 55% de las regalías departamentales), y no el 100%, que es la base de cálculo aplicada por los Alcaldes solicitantes de débitos. Sin embargo, Cusicanqui repite el libreto institucional del Ministerio de Economía: “El cálculo es responsabilidad de los municipios solicitantes, los operadores no somos responsables de los montos ni nada”, enfatizó en Tarija en días pasados.
Zaconeta, con los alcaldes
Arce Zaconeta dijo a la estatal ABI que "los débitos automáticos están basados en una ley y todos debemos someternos a la ley y Constitución". Lo que no especifica Arce es si sólo debe considerarse la Ley 206 o también la Ley del Presupuesto departamental y sus decretos reglamentarios, ninguno de ellos declarados nulos o inconstitucionales.
El asambleísta por UD-A, Mauricio Lea Plaza, quien en marzo del pasado año 2018 ya advirtió que los débitos automáticos podrían causar un “descalabro financiero” en Tarija, a tiempo de criticar los convenios firmados por la Gobernación, ha expresado también su postura: el mecanismo vulnera la autonomía departamental y debe ser denunciado mediante una acción de inconstitucionalidad porque “nadie puede invadir la soberanía fiscal de una entidad autonómica y ese es un principio que está en la Ley Marco de Autonomías”, fundamentó.
Alcaldías debitaron por encima del 1%
Según las fuentes a las que tuvo acceso El País, de aplicarse las normas vigentes, se habrían registrado millonarios cobros en exceso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a instancias de alcaldes provinciales, calculando montos sobre el 100% de las regalías departamentales, y no sobre el 55% que prevé la Ley del Presupuesto departamental. Según la Gobernación, el 1% del 2018 es de 7.459.652,66 bolivianos; sin embargo los cálculos se habrían ejecutado sobre 13.563.004,81 correspondientes al 100% de las regalías incluyendo el Chaco.
Por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía.
En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo, se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía. En el caso de este municipio, según fuentes consultadas, está pendiente el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0533/2018-S1 de fecha 17 de septiembre de 2018, correspondiendo devolver débitos considerados “ilegales”.
El Gobierno Autónomo Municipal de Yunchará se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos se habría debitado 4.415.636,85 bolivianos en demasía, el Gobierno Autónomo Municipal de El Puente se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo se habría debitado 6.103.352,15 bolivianos en demasía.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, y el viceministro de Economía, Jaime Cusicanqui, han asegurado que no es responsabilidad suya la base del cálculo sino de los propios alcaldes, lo que para la Gobernación resulta inexplicable.