El lunes vence el plazo para que Fiscalía se pronuncie sobre acusación de la Procuraduría contra Mesa

El Magistrado manifestó que si bien es el Ministerio Público quien emitirá criterio, desde el TSJ se controlará las garantías constitucionales durante el proceso de investigación.

Carlos Mesa/ Imagen de archivo T13

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, comunicó que este 9 de julio se cumple el plazo de 30 días para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la acusación planteada desde la Procuraduría en contra del expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

“Sabemos que hay una proposición acusatoria presentada por la Procuraduría en contra del señor Carlos Mesa, evidentemente el día 9 de julio vence el plazo de los 30 días, para que en el marco de la objetividad, el Ministerio Público, quien es el encargado de hacer las investigaciones correspondientes, pueda plantear ya sea la proposición acusatoria propiamente dicha o finalmente hacer un rechazo, para que este proceso quede archivado”, manifestó Aguayo.

El Magistrado expresó que si bien es el Ministerio Público quien emitirá criterio, desde el TSJ se controlarán las garantías constitucionales durante el proceso de investigación, además dijo que no es posible hacer “ningún pronunciamiento de fondo, hasta que se pueda presentar un rechazo o acusación, reitero en contra del señor Carlos Mesa”.

Señaló que en caso de que se proceda a una acusación, se daría lugar al inicio de un juicio contra el expresidente. “Vendría el juicio propiamente dicho, donde el señor Carlos Mesa podría presentar sus pruebas, esa es una fase más técnica, donde también existen determinados plazos en el ámbito jurisdiccional para que puedan presentar pruebas de descargo”, comentó y remarcó que no puede adelantar ningún criterio.

Mesa fue acusado por el presunto delito de daño económico al Estado tras haber expulsado en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni, tras una serie de irregularidades Pero un arbitraje internacional entre la empresa y el Estado boliviano, desembocó en un fallo contrario al país y se deberá pagar a la firma chilena $us 48,6 millones.

Vea también: Mesa siente que tras la interpelación está cerca del juicio por Quiborax

Tomado de ANF

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