El infierno no está solo en Palmasola

No sé qué es peor: la violencia que se denuncia al interior de la cárcel de Palmasola o las acciones con que las autoridades de Gobierno pretenden frenarla. Si la primera ya es asustadora, las segundas son de terror. Lo digo ahora, tras conocer el ataque sufrido por Alberto ‘Tico’ Lozada, con detención ‘preventiva’ desde hace tres años y al que venían amenazando desde hace un par de meses, y la respuesta dada al mismo por el ministro de Gobierno y los jefes policiales: una requisa que casi siempre resulta ser un remedio peor que la enfermedad y el inmediato traslado de los cabecillas de la agresión, de Palmasola a otros penales del país.

Ninguna de las dos medidas oficiales bastan para frenar un problema añejo que tiende a empeorar, como es la violencia al interior de las cárceles. Ni las requisas ni los traslados de los llamados ‘presos peligrosos’. La razón es simple: ambas medidas son solo paliativos que sirven de descargos temporales a los responsables de las cárceles, o de respuestas para distraer a los medios de comunicación y a la opinión pública. En ningún caso representan una acción seria y efectiva para revertir la dramática realidad que viven a diario los presos en Bolivia, y que no se refleja apenas en los hechos violentos como el padecido hace pocos días por Tico Lozada.

La violencia se manifiesta a diario y en muchas formas, y los funcionarios de turno del Ministerio de Gobierno, de la Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial bien saben que ‘Oti’ no es el único demonio ni Palmasola el único infierno. Otros diablos habitan dentro y fuera de las cárceles y carceletas que hay en Bolivia, como lo prueba el mismo caso de Lozada, que lleva tres años en detención preventiva, sin que haya señales claras de que su proceso corre como mandan las leyes; es el mismo caso de los procesados por el llamado caso terrorismo, dos de ellos presos preventivamente desde hace casi una década, y de otros tantos reos que llevan la marca de la violencia oculta bajo la piel.

De todo esto puede dar fe el trabajo iniciado a finales del año pasado por un grupo de detenidos en Palmasola, a la cabeza del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Ariel Rocha, llamado Clínica Jurídica, apoyado por la Universidad Nur y por las autoridades carcelarias. Ese grupo de presos ha logrado hacer un relevamiento de al menos 200 casos de privados de libertad, cuyas historias de vida en prisión son muestras fehacientes de la violencia que sufren a diario, sin que esta les deje los ojos morados, la nariz rota y hematomas hasta en el alma. Es violencia manifiesta en el trabajo de la Policía judicial, en las diligencias de los fiscales de turno asignados a sus casos y en la actuación de jueces y de abogados, tanto de acusación como de defensa.

Esa es una violencia que aparentemente no deja marcas visibles, aunque las heridas pueden llegar a ser la muerte. Literalmente. Y en estos casos no hay cómo pensar en el traslado de los demonios que genera la violencia. Unos más dañinos que otros, más letales. Por eso insisto hoy en la urgencia de exigir acciones distintas de las encaradas hasta ahora por el titular de Gobierno y sus jefes policiales. Es hora de demandarles políticas claras y coherentes, así como medidas efectivas que ayuden a iniciar de inmediato un proceso que busque atacar las causas que originan los problemas desde las primeras acciones de Policía judicial, hasta los fallos que dictan los jueces, pasando por los excesos y desaciertos del Ministerio Público.


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