El Gobierno presenta Ley para elecciones, el MAS se lo piensa

Se esperan autopsias de los fallecidos en Senkata. La Ley da quince días para conformar Tribunales Electorales y 48 horas después para convocar elecciones definiendo plazos breves. El diálogo sigue entre cercos, muertos y solicitudes de asilo y huidas

Día gris en el país tras los trágicos hechos de Senkata del martes, que parecen reducirse a sumar muertos en una lista que nadie quiere mirar demasiado y que nadie sabe exactamente para qué sirven. El “cerco” se anuncia en BBC y se propaga mediante audios filtrados absolutamente dudosos, y la negociación política parece entrar en una vía definitiva, que puede acabar también en un callejón sin salida, pero ya cuenta al menos con dos propuestas de Ley sobre la mesa. Por partes.

Lo que pasó tras el desbloqueo de la planta de Senkata en El Alto es un asunto delicado, sobre todo desde que el Ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que las Fuerzas Armadas no dispararon “ni un proyectil”. Mientras la Fiscalía – muy diligente en otros asuntos – retarda las autopsias, la Defensoría del Pueblo eleva a ocho muertos y un desaparecido el saldo de lo sucedido en el distrito 8 de El Alto. La mayoría son por bala, pero el calibre parece no ser reglamentario del utilizado por los militares, y mientras Juan Lanchipa – Fiscal General elegido con los dos tercios del MAS – no aclare este extremo, las especulaciones van desde que se han movilizado grupos paramilitares hasta la teoría de las autolesiones. Es cierto que también hay al menos un fallecido víctima de explosiones con dinamita que acabaron por derrumbar uno de los muros y pusieron en riesgo a toda la infraestructura. En cualquier caso, es precisa una investigación diligente.

En Senkata se derribó también una pasarela clave en el tránsito de los camiones de combustible que salen de la planta, lo que llevó a teorizar con el “cerco” con el que vienen amenazando algunos dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) sin que en realidad se concrete demasiado. Sí hay problemas de suministro en La Paz y también se sintió en Cochabamba. Mientras en la zona sur de La Paz el precio del pollo alcanza los 30 pesos el kilo, en Santa Cruz lo medio regalan (7-10 bolivianos) ante la necesidad de dar salida al producto.

En ciudades como Tarija, se viene amenazando con el cerco desde el mismo 10 de noviembre, sin que se llegue a materializar ningún punto concreto; en cuestión de días se sabrá si el “cerco a La Paz” al “estilo Tupac Katari” logra romper esa especie de cerco mediático que se ha impuesto en los medios paceños y que minimiza cualquier acción contraria al Gobierno de Jeanine Áñez.

Entre cerco y cerco, apareció el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que ha asumido una suerte de rol de ministro duro poco propicia para el objetivo declarado de la pacificación, y no habló tanto de lo sucedido en Senkata como de un video – audio en el que el dirigente Faustino Yucra Yarwi conversa telefónicamente con un supuesto Evo Morales, que da “taller de cerco y bloqueo”. Para los que escuchamos casi a diario durante 14 años al presidente Evo Morales, las dudas de la autenticidad son más que razonables, pero se presupone que Murillo habrá tomado las precauciones periciales pertinentes al respecto. En cualquier caso, el contenido se parece demasiado al de una de sus últimas conferencias de prensa en México, donde Morales sigue “jugando” a cuestionar la violencia y al mismo tiempo, atribuirse el control sobre los movimientos de protesta.

Morales, tan pronto amenaza a un periodista como habla de retornar “si el pueblo lo pide” como asegura que declinó su candidatura futura como asegura que su intención es abrir un restaurante de pescado. De esa locuacidad poco asentada en la coyuntura nacional se desprenden los análisis de los disensos en el MAS, entre los que creen en el futuro y los que lloran en el pasado.

Convocar elecciones

Eva Copa, presidenta del Senado de los dos tercios del MAS y aguerrida oradora ha saltado inmediatamente a la primera línea por su convicción democrática y su talante determinado. Copa sabe que en la mesa de diálogo de la zona sur se negocian plazos y salvoconductos, y quién sabe qué más cosas, pero la llave para desbloquear la tensión la tienen en la Asamblea Plurinacional. Copa entiende la salida de Morales, pero no la de muchos supuestos compañeros que “se borraron” en el momento más comprometido.

El MAS legislativo tiene un proyecto de Ley para convocar elecciones y no necesita muchos más trámites para aprobarlo, pero con una suerte de responsabilidad nunca bien ponderada suspendió sesión el martes y el miércoles se limitó a aprobar una resolución en el sentido de conminar a aprobar la Ley, que además quiere pasar por Comisión de Constitución, lo que da más tiempo de negociación en la mesa de diálogo, aunque la fecha y el protocolo está en sus manos.

El que ya está en la Asamblea, según anunció la presidenta Jeanine Áñez, es el proyecto del Gobierno que finalmente “no se ha animado” a convocar elecciones por decreto, por aquello del decoro constitucional que al final fue lo que provocó la debacle de Morales, y que entre sus puntos principales conmina a las Asambleas Departamentales a presentar ternas de vocales en quince días desde la promulgación y a la Cámara de Diputados a elegir de entre ellas en cinco días, para que el TSE designado convoque en 48 horas las elecciones sin tomar en cuenta la Ley de Partidos e instando a recortar plazos; mientras encomienda al Sereci el saneamiento del padrón y se reserva la facultad a la Presidenta de elegir vocales si las Asambleas no cumplen con los plazos.

En principio, la Ley parece sana en su conjunto y no fija una fecha concreta de elecciones, aunque por los mecanismos señalados, podría incluso llevarse a cabo en enero (se habla del 5 o el 12) y no violentar el periodo Constitucional que finaliza el 22 de enero.

Antes de la propuesta, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el partido a priori más afectado por el “fraude preliminar” contemplado en el informe de la OEA, cambió de posición – que siempre fue resolver el conflicto antes del 22 de enero – y propuso un plazo de 150 días.

En la coyuntura, unos y otros hacen cálculos de qué los conviene, ahora que se da por hecho que el brazo de Demócratas y Unidad Nacional puede reconsolidarse y presentar una candidatura propia alternativa. La propuesta de Mesa parece ir encaminada a darle tiempo a un Gobierno que en sus decisiones puede causar conflicto, posicionándolo a Mesa como el mejor preparado para el periodo de transición, mientras que en el entorno de Áñez piensan justamente lo contrario y ya la preparan como candidata acogiéndose a la disposición constitucional.

Mientras tanto, el MAS y todas sus vertientes discuten sobre lo que le conviene más electoralmente y que, sin duda, no es seguir alentando cercos o masacres. La elección rápida elimina el riesgo de perder las bases que pueden ser cortejadas por otro gobierno y recuperar a los que alguna vez le dieron las mayorías absolutas y que no esperaban esta resolución ni un Gobierno de transición de corte duro.

La resolución final… muy pronto. O tal vez no.