Depurar responsabilidades tras el informe de la OEA

La OEA no juzga nada, solo es un insumo que la Fiscalía General debe utilizar en la causa abierta para llevar a los responsables de los hechos que han provocado docenas de muertos ante los Tribunales. ¿Quiénes se beneficiaron del miedo al voto?

El informe definitivo de la auditoría encargada por el Gobierno de Evo Morales a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha cortado uno de los últimos hilos que venía a arrojar dudas sobre lo que realmente pasó en Bolivia entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019. En cualquier caso, el informe, que ha tardado mucho más de la cuenta en llegar y que viene a ahondar en los hallazgos que la misión ya detalló en el informe preliminar colgado en la red social de Luis Almagro la madrugada del domingo 10 y acabó precipitando la renuncia de Morales, no es sino un insumo a verificar por la propia Fiscalía General.

Diferentes intelectuales y profesionales han cuestionado la información contenida en el informe preliminar, sobre todo en lo que a estadística se refiere, sin embargo, el documento final vuelve a incidir, de forma más amplia, en el detalle de ese último 5% del conteo que acabó por ampliar la ventaja de Morales al margen suficiente para evitar una segunda vuelta.

La misma OEA detalla que el supuesto fraude no fue masivo, sino preciso y calculado para evitar la segunda vuelta. La torpeza con que se operó desató las protestas, y la penosa gestión política posterior por parte del MAS acabó por tumbar a Evo Morales

El informe, evidentemente, no es Ley. Lo detallado por la misión de la OEA, un organismo eminentemente político y que tienen sus propios intereses hacia dentro y hacia fuera, es un documento de trabajo para una investigación exhaustiva y bastante rápida por parte de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Juan Lanchipa y elegido por la abrumadora mayoría cualificada del MAS en 2018 pero hasta la fecha mantenido sin reparos por la Presidenta Áñez.

El informe detalla una serie de irregularidades, sobre todo en el plano informático. Una intervención directa en el proceso y la conformación de una estructura de sistema con un servidor fuera de control que se utilizó en el cómputo.  Todo lo demás, es derivado de ese momento y del famoso corte del sistema entre la noche del domingo y el lunes, incluidas la destrucción de material y la ruptura de la cadena de custodia en diferentes Tribunales Departamentales, entre los que se exime Tarija.

En el apartado del caos informático, es la empresa Neotec, comandada por Marcel Guzmán de Rojas, informático boliviano que se ha especializado en procesos electorales, no por casualidad, ya que su padre ya formó en la democracia pactada parte de la entonces Corte Electoral. Eran otros tiempos, dicen sus defensores.

Con todo, la Fiscalía de Juan Lanchipa debe resolver el misterio más cruento, pues ha causado muertos, y ni el Tribunal Supremo Electoral ni Marcel Guzmán de Rojas, se supone, tenían mayores motivos para organizar un aún “supuesto fraude” salvo que los beneficiarios les hayan instruido. Y en este caso, no conviene optar por lo obvio a la hora de determinar quiénes han sido finalmente los beneficiarios.

La misma OEA, cuestionada en su propia existencia, detalla que el supuesto fraude no fue masivo, sino preciso y calculado para evitar la segunda vuelta. La torpeza con que se operó desató las protestas, y la penosa gestión política posterior por parte del MAS acabó por tumbar a Evo Morales. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién dio las órdenes? ¿Cómo se planificó todo? ¿Desde qué momento?

Bolivia se encamina hacia una nueva elección, pero para que la misma se afronte con garantías, es necesario que se depuren todas las responsabilidades de lo sucedido aquella noche en la que los que mandan en el MAS, por primera vez en su historia, le tuvieron miedo a las ánforas.