Denuncian que Fiscalía acusó a expresidente de YPFB por un delito y lo liberó de cuatro

Por este caso 21 personas fueron acusadas formalmente dentro del proceso de adjudicación de tres taladros a la empresa Drillmec por un valor de 148,8 millones de dólares.

El expresidente de YPFB, Guillermo Achá. Foto: archivo/ABI.

El Ministerio Público acusó formalmente al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, por incumplimiento de deberes y lo liberó de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento, denunció el abogado Roger Valverde.

“Ha habido un sobreseimiento para el señor Achá en relación a otros delitos (…) Tengo entendido extraoficialmente que (en la acusación formal) solamente está por incumplimiento de deberes, los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, los que habían, esos delitos han sido sobreseídos”, informó Valverde.

El Código Penal establece que toda persona que incurra en el delito de incumplimiento de deberes debe recibir una sanción de uno a 4 años de prisión.

Desde junio de 2017, Achá cumple la detención domiciliaria por el denominado caso Taladros, donde es implicado en la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.

El abogado Velarde dijo que también a otra exfuncionaria de YPFB, implicada en el caso, la liberaron de algunos delitos en la acusación formal interpuesta por el Ministerio Público.

Hace unos días, la Fiscalía acusó formalmente a 21 personas, entre ellos Achá, dentro del proceso de adjudicación de los taladros a la empresa Drillmec por un valor de 148,8 millones de dólares.

A todos ellos de manera diferenciada se les atribuye los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, entre otros.

El abogado Valverde mencionó que entre las personas acusadas está su defendida, Paola Oporto (exgerenta de contrataciones de YPFB), a quien le atribuyen tres presuntos delitos: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Lamentó que el Ministerio Público en la etapa de investigación no haya valorado las pruebas presentadas a favor de Oporto, donde demuestran que no tiene vinculación en este caso.

Aguarda que en el juicio las autoridades judiciales valoren correctamente estas pruebas que demuestran la inocencia de su defendida, y que la Fiscalía pueda demostrar los grados de responsabilidad que tienen cada uno de los acusados en el caso Taladros.

Al momento aún no hay fecha y hora para el inicio del juicio oral para tratar este caso.

Tomado de ANF

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