De 150 denuncias por mal uso del Prosol solo 20 tienen sentencia

Mientras se trabaja arduamente con el sector campesino para otorgar los recursos económicos correspondientes al Programa Solidario Comunal (Prosol) de la gestión 2018, en el ámbito legal continúan los casos abiertos a raíz de las denuncias sobre malos manejos en anteriores gestiones, lo que generó que casi la mitad de la carga procesal que lleva la Secretaría de Justicia, corresponda a este beneficio que se entrega cada año.
Desde la Dirección de Gestión Procesal de la Gobernación, dependiente de la Secretaría de Justicia, se reporta que de 300 casos que se atienden, 150 corresponden a irregularidades en el Prosol. De este número, se tiene que solo 20 casos han llegado a la fase de una sentencia condenatoria y ejecutoriada por disposición del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
Como contexto se tiene que entre los años 2013 y 2014 se había aprobado en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) un reglamento para el programa que no tenía suficientes clausulas de seguridad para que los recursos públicos sean administrados correctamente, por lo que tanto proveedores como beneficiarios han incurrido en malversaciones que en su momento incluso generaron la suspensión del programa en ciertas comunidades.
Ante ello, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, afirmó que se tiene un número significativo de procesos y más allá de aquellos en los que se ha logrado una sentencia, persisten aún otros que se encuentran en etapa de imputación o acusación formal por parte del Ministerio Público. Asimismo, mencionó que una característica en algunos casos ha sido el hecho de que los dirigentes o proveedores imputados han optado por someterse a procesos abreviados.
“Se ha comprobado la existencia de delitos, se han determinado daños económicos en contra del departamento, hasta los mismos comunarios han admitido haber utilizado los recursos de manera ilegal. Por eso como Gobernación hemos hecho seguimiento a las demandas para que se pueda resarcir de forma voluntaria o mediante los mecanismos coercitivos, incluso mediante ejecución del propio patrimonio de los imputados”, explicó el Secretario.
En las provincias es donde está la mayor parte de los casos resueltos, y en la Región Autónoma del Chaco tarijeño es donde están en curso aún las investigaciones, que a decir de García ameritan un seguimiento y revisión constante de los avances, ya que como institución pública se espera que los procesos se cumplan y resuelvan en su totalidad.
“En los casos Prosol nosotros requerimos de una revisión constante de las carpetas. Entre los casos más llamativos encontramos que se ha comprado maquinaria, bienes o se ha pagado el beneficio sin que se cumplan las condiciones. Se han adquirido vehículos para inscribir a nombre de dirigentes campesinos incrementando su patrimonio personal, hubo proveedores que han facilitado que haya altos índices de corrupción, etc. Estamos asumiendo las acciones necesarias para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, agregó García.
En su momento, la directora del Prosol en Tarija, Gladys Sandoval, informó que en la tarea de verificación de las carpetas presentadas por las comunidades del departamento el 2018, se han ido encontrando más casos y versiones de los mismos comunarios, que –indicó- dan luces sobre las irregularidades acontecidas, por lo que ahora se realiza inspecciones “in situ” con la finalidad de garantizar el buen manejo de los desembolsos.

Sobre los recursos y los beneficiarios

Desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) se confirmó a finales de octubre el inicio de los desembolsos correspondientes a la gestión 2018 Prosol. El presupuesto para esta gestión es de 45 millones de bolivianos que beneficiará a 15 mil familias del departamento, y si bien se hablaba que hasta el plazo de entrega de carpetas existían 272 comunidades beneficiarias, la última actualización da cuenta de 301 comunidades.